Una propuesta para Barcelona: Hacia la sostenibilidad a través de la fiscalidad
26
de Junio
de
2015
La generalización de los comportamientos sostenibles requiere minimizar las externalidades negativas que generan todo tipo de actividades (transporte, residencia, producción, consumo...). Para avanzar en este sentido, la Administración pública -local incluida- dispone de varias familias de instrumentos que complementan las tareas tradicionales de sensibilización y de apelación a la responsabilidad individual y colectiva.
Dentro de sus competencias y responsabilidades, cada Administración puede regular –establecer normativa que impida determinadas prácticas y comportamientos-, establecer incentivos y penalizaciones fiscales, promover estándares de calidad y certificaciones y utilizar la demanda pública para generar mercado y generar efectos demostración.
Todo y sus limitadas capacidades y competencias en materia normativa y fiscal, el Ayuntamiento de Barcelona puede actuar de forma relevante para favorecer los comportamientos sostenibles y ejercer un liderazgo de país en este ámbito. La fiscalidad local –impuestos sobre los vehículos, las viviendas y las actividades, tasas y precios públicos- se puede modular en función del respectivo impacto ambiental.
La actividad directa del Ayuntamiento y la de todos los organismos y actividades queestán vinculados pueden ejercer de referente en el respectivo sector de actividad –oficinas, transporte, obras públicas, servicios personales... La demanda pública –suministros, materiales, prestaciones de servicios, obras...- puede incorporar méritos o requisitos ambientales de forma sistemática y progresiva y adoptar o establecer estándares de calidad en este sentido.
Limitándonos ahora a la vertiente estrictamente impositiva, el nuevo consistorio tendría que implementar progresivamente un modelo de fiscalidad verde que, sin aumentar el esfuerzo fiscal global, module las cargas individuales haciendo de la responsabilidad ambiental un parámetro relevante a la hora de calcular las cargas limpias a través de bonificaciones o ayudas.
Para conseguirlo, el nuevo ayuntamiento tendría que sustituir progresivamente el parámetro superficie por el parámetro eficiencia energética en la imposición sobre los inmuebles mediante bonificaciones o ayudas. También haría falta que aplicara bonificaciones al impuesto de plusvalías en función de las inversiones realizadas en eficiencia energética y otras medidas ambientales.
Otra línea de actuación sería la de añadir nuevas cargas a las ya existentes sobre los desplazamientos motorizados –impuesto sobre vehículos, aparcamiento, benzineres, restricción de zonas o de vías al vehículo privado motorizado...- para trasladar los nuevos recursos a las tarifas del transporte colectivo. También habría que modular la fiscalidad sobre las obras –nuevas edificaciones, mantenimiento de redes, remodelación de edificios- en función de la adopción de prácticas y medidas destinadas a reducir el impacto ambiental.
Una última línea de actuación sería la de incorporar los parámetros ambientales a las tasas –por ejemplo de ocupación de la vía pública con las terrazas- y precios públicos en función del impacto ambiental (por ejemplo, utilización de estufas de butano).
Dentro de sus competencias y responsabilidades, cada Administración puede regular –establecer normativa que impida determinadas prácticas y comportamientos-, establecer incentivos y penalizaciones fiscales, promover estándares de calidad y certificaciones y utilizar la demanda pública para generar mercado y generar efectos demostración.
Todo y sus limitadas capacidades y competencias en materia normativa y fiscal, el Ayuntamiento de Barcelona puede actuar de forma relevante para favorecer los comportamientos sostenibles y ejercer un liderazgo de país en este ámbito. La fiscalidad local –impuestos sobre los vehículos, las viviendas y las actividades, tasas y precios públicos- se puede modular en función del respectivo impacto ambiental.
La actividad directa del Ayuntamiento y la de todos los organismos y actividades queestán vinculados pueden ejercer de referente en el respectivo sector de actividad –oficinas, transporte, obras públicas, servicios personales... La demanda pública –suministros, materiales, prestaciones de servicios, obras...- puede incorporar méritos o requisitos ambientales de forma sistemática y progresiva y adoptar o establecer estándares de calidad en este sentido.
Limitándonos ahora a la vertiente estrictamente impositiva, el nuevo consistorio tendría que implementar progresivamente un modelo de fiscalidad verde que, sin aumentar el esfuerzo fiscal global, module las cargas individuales haciendo de la responsabilidad ambiental un parámetro relevante a la hora de calcular las cargas limpias a través de bonificaciones o ayudas.
Para conseguirlo, el nuevo ayuntamiento tendría que sustituir progresivamente el parámetro superficie por el parámetro eficiencia energética en la imposición sobre los inmuebles mediante bonificaciones o ayudas. También haría falta que aplicara bonificaciones al impuesto de plusvalías en función de las inversiones realizadas en eficiencia energética y otras medidas ambientales.
Otra línea de actuación sería la de añadir nuevas cargas a las ya existentes sobre los desplazamientos motorizados –impuesto sobre vehículos, aparcamiento, benzineres, restricción de zonas o de vías al vehículo privado motorizado...- para trasladar los nuevos recursos a las tarifas del transporte colectivo. También habría que modular la fiscalidad sobre las obras –nuevas edificaciones, mantenimiento de redes, remodelación de edificios- en función de la adopción de prácticas y medidas destinadas a reducir el impacto ambiental.
Una última línea de actuación sería la de incorporar los parámetros ambientales a las tasas –por ejemplo de ocupación de la vía pública con las terrazas- y precios públicos en función del impacto ambiental (por ejemplo, utilización de estufas de butano).