Un cambio de modelo alimentario que no se puede aplazar

La primavera de 2026 marcará un punto de inflexión para el conjunto del sector agroalimentario y de la distribución. La nueva normativa española, la Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, establece, por primera vez, una serie de obligaciones concretas para las empresas con el fin de prevenir, reducir y gestionar de manera responsable los excedentes en todas las fases de la cadena de suministro. El objetivo es llegar al año 2030 con una disminución drástica del desperdicio. Por lo tanto, no se trata solo de un nuevo marco normativo: es una llamada necesaria a redefinir cómo producimos, distribuimos y consumimos alimentos en un momento en que los datos de pobreza, por un lado, y los de desperdicio alimentario, por otro, son bastante elocuentes y graves.

Según la Diagnóstico del desperdicio alimentario en los hogares de Catalunya 2024, las familias catalanas destinan 330 euros anuales a alimentos que acaban tirando sin consumir, una cifra de desperdicio que supone una media anual de 112 euros por persona. En conjunto, más de 900 millones de euros que acaban en la basura cada año. La dimensión ambiental tampoco es menor: 462 millones de kilos de CO₂ emitidos inútilmente para producir alimentos que no llegan a su destino. Y en términos estrictamente materiales, 21,56 kg de alimentos por habitante y año se pierden solo en los hogares.

"Las familias catalanas destinan 330 euros anuales a alimentos que acaban tirando sin consumir"

Este volumen de alimentos equivale a lo que sería necesario para alimentar a 274.948 personas durante un año, es decir, que se podrían cubrir las necesidades alimentarias del 14 % de la población catalana en riesgo de pobreza. Un dato significativo que, por sí solo, interpela al conjunto de la sociedad y obliga a actuar con determinación.

Oportunidad, y responsabilidad, para las empresas

La nueva ley estatal es clara: la prevención del desperdicio ya no puede depender únicamente de la voluntad de cada empresa. Es necesario disponer de planes de prevención, sistemas de medición, mecanismos de aprovechamiento y protocolos de donación seguros y trazables. Esta transición no es solo un trámite normativo; es una transformación cultural y operativa que requiere alianzas. Y aquí, nuestro papel como Banco de Alimentos es decisivo.

Desde hace décadas, desde el Banco de Alimentos hemos desarrollado una infraestructura logística, unos protocolos de seguridad y hemos adquirido una gran experiencia en la gestión de excedentes alimentarios. Trabajamos siempre con rigor, con criterios sanitarios muy estrictos y con objetivos inequívocos: transformar los excedentes en oportunidades, y los recursos antes de que se pierdan en alimentos para las personas que los necesitan.

"Cada kilo de alimentos que evitamos que se pierda es un ahorro en emisiones, en costes de gestión y en recursos naturales"

Acompañamos a empresas productoras, industrias, distribuidores y operadores del canal Horeca en la implantación de sistemas de recuperación de alimentos, en la formación de sus equipos, en la gestión eficiente de las donaciones y, en conjunto, en el cumplimiento de los requisitos legales. Nuestra labor no es solo social: es también ambiental y económica. Cada kilo de alimentos que evitamos que se pierda es un ahorro en emisiones, en costes de gestión y en recursos naturales.

La normativa no solo obliga: también ordena prioridades, establece la jerarquía. Sitúa el aprovechamiento para consumo humano en el centro de cualquier estrategia de prevención del desperdicio alimentario, por delante de la transformación para alimentación animal u otros usos industriales. Y esto convierte a los bancos de alimentos en agentes imprescindibles.

Las empresas que cierren acuerdos de colaboración con el Banco de Alimentos llegarán más preparadas a los cambios que obliga la ley: tener acuerdos para la donación. Estarán alineadas con los objetivos de sostenibilidad europeos, minimizarán riesgos reputacionales, reducirán costes de gestión y tendrán garantizado un circuito seguro y social para los excedentes que se generen. Pero sobre todo, estarán apoyando una iniciativa basada en la ayuda mutua y en el aprovechamiento de los alimentos excedentes para ponerlos al servicio de la comunidad y de las familias que más lo necesitan.

Un camino inevitable

En una sociedad que dispone de los recursos, el conocimiento y la tecnología para evitar el desperdicio, no actuar es un error. La ley ordena un camino que ya era inevitable. Pero las empresas tienen la oportunidad de ir más allá del cumplimiento normativo y situarse como protagonistas de un cambio estructural que el país necesita.

El Banco de Alimentos y toda su organización, somos un aliado fiable, experto y preparado para dar respuesta a las necesidades logísticas, normativas y sociales que la nueva etapa exigirá. El 2026 está muy cerca. El reto es grande, pero el beneficio —para el planeta, para la economía y para las personas— es inmenso. Actuar hoy no es solo prepararse para una ley: es asumir la responsabilidad de un futuro más justo y sostenible.