Fiscalidad ambiental sí, pero con criterio industrial

La industria del plástico hace tiempo que está inmersa en una transformación profunda. Las empresas están invirtiendo en nuevos materiales, eficiencia de procesos, reciclaje, ecodiseño y economía circular. Lo hacen porque el mercado lo exige, porque la regulación avanza en esta dirección y, sobre todo, porque el sector es consciente de su responsabilidad en la transición hacia un modelo productivo más sostenible.

Precisamente por eso, desde la AIPC consideramos legítimo cuestionar aquellas medidas que, bajo la etiqueta de fiscalidad ambiental, no acreditan suficientemente su capacidad para generar una mejora ambiental proporcional a los costes que imponen a las empresas. Es el caso del Impuesto Especial sobre los Envases de Plástico No Reutilizables.

Desde su entrada en vigor, las empresas han tenido que asumir no solo un coste económico adicional, sino también una importante carga administrativa vinculada a la gestión documental, las adquisiciones intracomunitarias, las justificaciones y los procedimientos de devolución. Una complejidad que afecta especialmente a las pequeñas y medianas empresas, esenciales en nuestro tejido industrial. Además, el sobrecoste asociado al impuesto se puede trasladar a lo largo de la cadena de valor y acabar encareciendo determinados productos para el consumidor final.

"La fiscalidad ambiental solo tiene sentido si consigue transformar comportamientos y generar mejoras ambientales reales"

La fiscalidad ambiental solo tiene sentido si consigue transformar comportamientos y generar mejoras ambientales reales. Cuando se limita a incrementar costes y burocracia, hay que revisar su planteamiento.

Esta es la razón por la que la AIPC participó en la consulta pública previa impulsada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para modificar la Ley 7/2022, cuyo plazo finalizó el 3 de septiembre de 2026. Valoramos positivamente que se haya abierto este espacio de participación. Las políticas públicas son más eficaces cuando incorporan el conocimiento directo de las empresas y de las personas que afrontan cada día los retos del sector. Escuchar a la industria no significa rebajar la ambición ambiental, sino conocer la realidad productiva para diseñar medidas que realmente funcionen.

Por ello, hemos trasladado al ministerio una posición clara: consideramos que este impuesto debería suprimirse definitivamente. Defender la sostenibilidad no significa aceptar cualquier instrumento fiscal, sino exigir que cada medida ambiental sea eficaz, proporcional y coherente con la realidad productiva.

Nuestra propuesta, sin embargo, va más allá de pedir su eliminación. Si el Govern decide mantener un mecanismo de fiscalidad sobre los envases, consideramos imprescindible superar una visión basada exclusivamente en el tipo de material. El impacto ambiental de un producto es mucho más complejo y debería analizarse teniendo en cuenta el conjunto de su ciclo de vida.

"El impacto ambiental de un producto es mucho más complejo y debería analizarse teniendo en cuenta el conjunto de su ciclo de vida"

La reutilización, la reciclabilidad, el contenido de material reciclado, la huella de carbono o el consumo de recursos son factores que deberían formar parte de una fiscalidad ambiental moderna. Penalizar un material sin valorar el comportamiento ambiental real del producto puede conducir, incluso, a decisiones que no sean las mejores desde el punto de vista ambiental.

También defendemos que, si hay una recaudación vinculada a objetivos ambientales, esta tenga un retorno claro sobre la transformación del sistema productivo. Los recursos generados por la fiscalidad ambiental deberían revertir en el sector en forma de innovación, reciclaje, nuevas tecnologías y capacidad industrial.

Un impuesto de carácter finalista, con ingresos destinados a proyectos concretos del sector, permitiría convertir una figura hoy eminentemente recaudatoria en una herramienta que ayudara a las empresas a acelerar esta transformación.

Y aquí hay una cuestión especialmente importante: sostenibilidad y competitividad no pueden plantearse como dos objetivos incompatibles. Sin empresas competitivas no habrá inversión en tecnología. Y sin capacidad de inversión será mucho más difícil incorporar materiales reciclados, desarrollar nuevos productos, mejorar procesos o avanzar hacia modelos más circulares. La transición ambiental necesita una industria fuerte.

"La mejor política ambiental no es la que más frena la industria, sino la que tiene más capacidad para transformarla"

Por eso también defendemos una simplificación significativa de las obligaciones administrativas asociadas al impuesto, especialmente para las pymes. Una regulación ambiental exigente puede ser perfectamente compatible con procedimientos más sencillos, proporcionales y eficientes. Las aportaciones que hemos presentado a la consulta pública no nacen únicamente de una reflexión interna de la Junta Directiva de la AIPC. Son fruto de las inquietudes, experiencias y sugerencias que nos han trasladado las empresas del sector.

Esta es, precisamente, una de las funciones esenciales de una asociación empresarial: escuchar a las empresas, transformar sus preocupaciones en propuestas concretas y defenderlas ante las administraciones con argumentos y voluntad constructiva. Una industria que participa en el debate regulador no es una industria que se resiste al cambio; es una industria que quiere formar parte de la solución.

La industria del plástico tiene importantes retos por delante. La circularidad, el reciclaje, la descarbonización y la innovación en materiales seguirán transformando el sector durante los próximos años. Las empresas los afrontaremos. Lo que pedimos es que este esfuerzo vaya acompañado de un marco regulador que incentive la transformación en lugar de limitarse a penalizar; que reconozca las inversiones de las empresas que avanzan en esta dirección, y que entienda la competitividad industrial como una parte imprescindible de cualquier política ambiental.

Por eso hemos participado en esta consulta, y por eso seguiremos a disposición de las administraciones para trabajar en las soluciones. La mejor política ambiental no es la que más frena la industria, sino la que tiene más capacidad para transformarla.