Ser autónomo implica un doble trabajo: trabajar y gestionar la propia actividad. Es decir, no solo producir o prestar servicios, sino también llevar toda la gestión del negocio: buscar clientes y proveedores, cumplir normativas, hacer facturas, pagar impuestos, pedir financiación, formarse y, a menudo, coordinar a otras personas. En definitiva, asumir todas las obligaciones de una empresa, pero con muy poca protección laboral.
El sistema fiscal y de protección social no siempre se plantea desde esta doble cara del autónomo. Al contrario, a menudo actúa más como mecanismo recaudatorio que como apoyo o impulso de la actividad.
Y esto nos obliga a plantearnos una pregunta de fondo: ¿queremos negocios viables y sostenibles, capaces de generar ocupación y arraigo en el territorio? ¿O queremos negocios precarios, siempre asfixiados, y con pocas opciones de crecer?
"¿Queremos negocios viables y sostenibles, capaces de generar ocupación y arraigo en el territorio? ¿O queremos negocios precarios, siempre asfixiados, y con pocas opciones de crecer?"
Para quien trabaja por cuenta propia, no es extraño sentir que el día a día viene marcado por una asfixia fiscal. Una asfixia que se hace evidente en tres ámbitos concretos: el impuesto de la renta, los pagos a cuenta y retenciones, y el sistema de cotizaciones.
El primero es el impuesto sobre la renta. Cuando un negocio de autónomo crece, es decir, empieza a ir bien, la persona física que hay detrás a menudo acaba pagando más impuestos que la mayoría de empresas. Esto genera una situación poco equitativa. En este sentido, la aprobación de la rebaja del impuesto de sociedades, basada en la dimensión empresarial y hecha a instancias de Pimec en 2024, busca favorecer el crecimiento empresarial: para el año 2025, las microempresas tienen un tipo impositivo fijo del 2% hasta los 50.000 euros y del 22% a partir de esta cifra de beneficio fiscal. Las entidades de reducida dimensión, también para el año 2025, tienen un tipo fijo del 24% para cualquier importe de beneficio. Estos tipos se reducirán progresivamente en 5 puntos hasta el final del período transitorio.
La escala creciente del IRPF, pensada para los salarios, es adecuada para el inicio de la actividad y su desarrollo inicial. No obstante, acaba castigando a los autónomos cuando la actividad crece. El punto clave es que, a diferencia de otros ingresos personales, el dinero que genera un negocio no son solo renta para quien trabaja en él, sino también el combustible que hace posible reinvertir, innovar y crecer. Si este margen se estrecha demasiado, el negocio se queda sin la gasolina que necesita para crecer y consolidarse.
No se pueden cortar las alas cuando arranca el vuelo. Se trata de que la fiscalidad no ahogue al autónomo y que pueda crecer con las mismas reglas de juego que el resto de actividades económicas. Porque solo si el negocio se consolida, devolverá aún más en impuestos y prosperidad colectiva.
La segunda asfixia la provoca el sistema cuando obliga a adelantar dinero a Hacienda a través de retenciones y pagos a cuenta. En teoría es un mecanismo de control y para pagar poco a poco el dinero de la renta; en la práctica, es una asfixia de liquidez. Muchos negocios, que ya viven con márgenes estrechos, los pagos a cuenta y las retenciones reducen los recursos para el día a día. Y aunque después, en la declaración anual, se devuelva este dinero, el mal ya está hecho: el dinero no estaba allí cuando hacía falta.
"Cotizar más debe significar más protección —por enfermedad, paro, jubilación, maternidad o fuerza mayor—, y no una losa que hunda el proyecto"
La tercera asfixia es el régimen especial de cotización de autónomos (RETA). El principio de base es sencillo y quiere responder a esta idea de viabilidad: si el negocio va mejor, se cotiza más. Sobre el papel es correcto, pero en la práctica se puede convertir en otro mecanismo recaudatorio si la cuota no se sitúa en unos límites que el autónomo pueda asumir. Es decir, que no ponga en peligro la viabilidad ni el crecimiento del negocio. Cotizar más debe significar más protección —por enfermedad, paro, jubilación, maternidad o fuerza mayor—, y no una losa que hunda el proyecto cuando hace justamente lo que se pretende, ir mejor. Hay que velar para que la cuota sea asumible y con un retorno real en protección social: solo así la cotización se convierte en aliada y no obstáculo.
Sin liquidez no hay futuro: no hay capacidad de invertir, de resistir momentos difíciles ni de crear ocupación estable y digna. El resultado es un tejido empresarial debilitado, que desincentiva la actividad económica y, al fin y al cabo, nos empobrece como sociedad.
Lo que necesitamos es un sistema fiscal y de protección que equilibre recaudación e impulso. Que adapte los pagos a cuenta y las retenciones a la realidad de cada negocio. Que garantice una protección real y asumible. En definitiva, un sistema pensado para que los negocios sean viables, creen prosperidad, y lo hagan durante muchos años.
Porque solo así los autónomos y las microempresas podrán hacer lo que mejor saben hacer: generar actividad, crear ocupación y contribuir, desde su continuidad, a la prosperidad colectiva. En definitiva, ser la red que sostiene la economía de cada barrio, de cada pueblo y de cada ciudad.