"Si no se abre el debate a la ciudadanía, estaríamos hablando de un intervencionismo por parte del Estado que puede llegar a atentar contra derechos fundamentales". Es la advertencia de Oriol Alba, secretario general de la Cecot, sobre la modificación de la Ley de Seguridad Nacional que ya ha superado el primer trámite en el Congreso de los Diputados gracias a los votos del gobierno español y PP. Desde la patronal asseguran que hay alarma entre la empresariado y reclaman que se involucre a los agentes sociales y económicos en el debate.
La Cecot se centra en especial en el artículo 28 de la Ley, que regula la participación del sector privado en la contribución de recursos en situaciones de interés para la seguridad nacional. "Nos pone en alerta como representantes del tejido empresarial y económico que somos porque se menciona el 'deber' de colaborar personal y materialmente por parte de la ciudadanía y de las personas jurídicas, pero no se concreta cómo se indemnizará o se compensará la fiscalización de estos recursos por parte del Gobierno ante la gestión de un conflicto o emergencia", enfatiza Oriol Alba.
Cecot: "La Cecot entiende que el sentido de la Ley es recentralitzador"
Para la patronal vallesana, el articulado de la Ley de Seguridad Nacional es "difuso" y puede "conllevar inseguridad jurídica". El texto pretende regular la actuación del conjunto de Administraciones Públicas en el que define como situaciones de interés para la Seguridad Nacional, un concepto que establece cómo "la acción del Estado dirigida a proteger la libertad, los derechos y bienestar de los ciudadanos, a garantizar la defensa de España y sus principios y valores constitucionales".
"La Cecot entiende que el sentido de la Ley es recentralitzador y de invasión de competencias", sentencia la entidad, que señala que no se prevé "la participación activa de los gobiernos autonómicos". Como ejemplo, aseguran que en una situación de interés por la seguridad nacional, los Mossos d'Esquadra quedarían sometidos a la dirección del gobierno central: "Generaría una invasión de las competencias de las que dispone actualmente la Generalitat".
Por todo ello, la patronal considera "imprescindible" involucrar a los agentes sociales y económicos en el debate para abordar el detalle de estas actuaciones y evitar la "carencia de concreción del texto" para disipar la actual "situación de inseguridad jurídica" entre las empresas y entre la ciudadanía.