La propuesta de Llei de Cambres, elaborada por las 13 Cámaras de Comercio de Catalunya, se ha entregado este jueves al Parlamento de Catalunya a los principales grupos parlamentarios que apoyarán la aprobación del texto. El presidente del Consell General de Cambres de Catalunya, Josep Santacreu, ha celebrado el amplio apoyo de la propuesta de Ley, que ha definido como “una propuesta de consenso que pondrá punto final a más de 10 años en que Catalunya no ha dispuesto de una ley autonómica propia para regular las Cámaras de Comercio”.
Santacreu ha asegurado, en este sentido, que con esta norma “no solo ganarán las Cámaras de Comercio, sino el conjunto de la economía”. El dirigente ha estado acompañado por diez presidentes y presidentas de las cámaras. En el caso de la de Terrassa, en sustitución de Ramon Talamàs ha ido el vicepresidente tercero, Jordi Rodríguez.
El texto propuesto fue consensuado a finales del año pasado por las 13 cámaras de Catalunya, y recibió el apoyo de las principales patronales catalanas, Pimec y Foment del Treball, así como de los principales sindicatos. El texto cuenta también con el apoyo del Govern de la Generalitat y de los grupos parlamentarios PSC, Junts, ERC y PP.
La Ley de Cámaras permitirá, en primer lugar, adaptar la normativa catalana a la Ley básica estatal de Cámaras de Comercio de 2014. Desde aquel año, Catalunya ha sido una de las pocas comunidades autónomas que no ha contado con una ley cameral actualizada y se ha regido por una regulación anterior, que quedó obsoleta.
Un refuerzo institucional de Catalunya
Esta ley busca reforzar institucionalmente Catalunya y el apoyo al crecimiento social y económico, así como la colaboración entre las administraciones públicas y el sector empresarial en un contexto global complejo. Asimismo, también introducirá algunas novedades. Por un lado, se perfilarán mejor las funciones públicas de las Cámaras, especialmente en relación con la representación y su relación con las administraciones públicas y definirá los instrumentos de colaboración.
En concreto, el texto reconoce las Cámaras como órganos consultivos, de representación y de colaboración con las administraciones que representan, promueven y defienden los intereses generales del comercio, la industria, la navegación y los servicios. Este rol de representación se materializará a través de las comisiones y de los grupos de trabajo que integran las Cámaras y la participación en entidades.
También promoverá la creación de planes camerales, con el objetivo de apoyar el desarrollo de las empresas catalanas mediante la colaboración con las administraciones públicas. En materia de financiación, la normativa establece un convenio por un importe progresivo de tres millones para 2026, cinco millones para 2027 y siete millones para 2028.