El Instituto de Crédito Oficial (ICO), el Institut Català de Finances (ICF) y el Ayuntamiento de Barcelona han firmado un acuerdo, pionero en el apoyo a políticas de vivienda y en colaboración con entidades sin ánimo de lucro , que contribuirá a ampliar con 1.000 viviendas el parque de vivienda social destinado a alquiler asequible o co-vivienda de Barcelona.
El acuerdo presentado por Rosario Casero, directora general de Negocios del ICO, Jordi Òliva, consejero delegado del ICF, y la alcaldesa de Barcelona, AdaColau, tiene como objetivo financiar las actuaciones tanto de rehabilitación como de nueva construcción que estén promovidas por cooperativas en cesión de uso y fundaciones seleccionadas por el Ajuntament en el convenio ESAL.
Las entidades pueden devolver el préstamo en un plazo de hasta 30 años. Las operaciones de financiación cubrirán hasta el 100% del coste del proyecto con el límite máximo del valor de tasación, excluido el suelo y en función de los módulos vigentes. El límite, para 2022, se establece en 120.000 euros por vivienda.
El convenio es una apuesta por un modelo de colaboración público-privada que garantiza la propiedad pública del suelo, con fórmulas alternativas a la propiedad plena y que tienen por objetivo una política de vivienda más colaborativa, a largo plazo y que facilite acceso a vivienda asequible.
Con esta garantía, el Consistorio facilita el acceso a la financiación a estas entidades, mejorando su calidad crediticia. También es un acuerdo muy relevante por la magnitud del importe económico acordado, contribuyendo a reducir los costes para los ciudadanos. Las actuaciones financiadas en el marco de este convenio responden a criterios de sostenibilidad social, ya que el proyecto busca responder, haciendo partícipes a entidades sin ánimo de lucro, a la necesidad de promover vivienda protegida asequible en Barcelona.