El Departamento de Economía y Finanzas de la Generalitat y el Ayuntamiento de Tarragona han puesto punto final al litigio por los terrenos de la antigua fábrica de licores de Chartreuse, una parte de los cuales acogen los servicios de la Escuela Oficial de Idiomas (EOI) de la ciudad. El acuerdo establece que el Gobierno abonará 5.988.295,28 euros al Servicio Municipal de la Vivienda y Actuaciones Urbanas (empresa pública participada al 100% por el consistorio tarraconense) en concepto de cancelación de los derechos de superficie. Así, el edificio dejará de estar en régimen de alquiler para pasar a formar parte del patrimonio inmobiliario en régimen de propiedad de la administración catalana.
La cantidad pactada permite resolver las diferencias en el cálculo de la cancelación, que habían derivado en litigios judiciales, ya que se sitúa en un punto intermedio entre las posturas de las dos instituciones. En el acuerdo firmado, ambas administraciones manifiestan su voluntad de "solucionar definitivamente las controversias" y se comprometen a solicitar de manera inmediata la finalización de los procesos judiciales, abiertos desde el año 2024.
El acuerdo establece que el Govern abonará 5.988.295,28 euros al Servicio Municipal de la Vivienda y Actuaciones Urbanas en concepto de cancelación de los derechos de superficie
La consejera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, ha agradecido la predisposición del consistorio para hacer posible el entendimiento y ha señalado que el diálogo es "la mejor herramienta" para dar respuesta a las necesidades del país. "No debe haber conflictos entre administraciones. Debemos dar ejemplo", ha subrayado.
Por su parte, el alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha destacado que desde el gobierno municipal han trabajado "siempre desde la lealtad institucional, demostrando que funciona". "Ahora, por fin, hemos encontrado una solución intermedia muy satisfactoria", ha dicho. El alcalde ha añadido que con este acuerdo se ha hecho "justicia" y ha indicado que los 5,98 millones se revertirán en vivienda "pública, de calidad y asequible" en la ciudad.
El fin de los procesos judiciales
El 9 de noviembre de 2010 se formalizaron el derecho de superficie sobre las fincas de la antigua Chartreuse, titularidad de la Generalitat de Catalunya, a favor del Ayuntamiento de Tarragona. Este acuerdo tenía una duración de 33 años, pero a partir del octavo año a contar desde la entrega del equipamiento, el Gobierno podía abonar el coste de la construcción y cancelar el derecho a superficie. El 16 de diciembre de 2013, la Generalitat y el Servicio Municipal de la Vivienda y Actuaciones Urbanas SA formalizaron un contrato de arrendamiento.
En septiembre de 2021, la Generalitat comunicó al Servicio Municipal de la Vivienda y Actuaciones Urbanas (SMHAUSA) su intención de cancelar el derecho de superficie así como el contrato de arrendamiento. Sin embargo, las dos instituciones no se pusieron de acuerdo con el importe. Ante esto, SMHAUSA interpuso una demanda contra la Generalitat el 30 de mayo de 2024 y, por su parte, el Gobierno también interpuso otra contra el consistorio y el servicio municipal el 1 de octubre de 2024. Ahora, con el acuerdo, las dos administraciones ponen fin a estos procesos judiciales y garantizan una solución estable y definitiva.