EolicCat, que aglutina empresas eólicas catalanas, estudia demandar el Govern de la Generalitat por la "falta de acción" en la tramitación de los expedientes de energías renovables. Según la entidad, los promotores eólicos habrían sufrido un daño económico cuantificable de 150 millones de euros por la actuación del gobierno catalán. El nuevo decreto, que endurece las condiciones para instalar parques de energías renovables, también es criticado por estas compañías.
Así, estudian llevar a la justicia la retroactividad del nuevo decreto ley "más restrictivo" y que puede "poner en riesgo" los proyectos en tramitación. La norma establece que los nuevos criterios se aplicarán a los proyectos que no han pasado a información pública, cosa que quiere decir a todos, denuncian, porque "no ha pasado nadie" en dos años. "Los promotores estamos indefensos", ha denunciado el responsable jurídico de la patronal, Joan Perdigó.
"Inseguridad jurídica y perjuicio sustancial"
Para EolicCat, es un "caso flagrante de cambio de las reglas del juego a medio partido", generando una "inseguridad jurídica y un perjuicio sustancial a los promotores que ya habían iniciado la tramitación". Jurídicamente, la retroactividad de la norma "no está justificada".
El nuevo decreto aprobado por la Generalitat endurece las condiciones para instalar parques de energías renovables, entre las que se encuentra la necesidad de contar con la aprobación social y territorial. Para los promotores eólicos el redactado actual del Decreto añade a la regulación de las renovables en Catalunya "un elemento más de incertidumbre e inseguridad jurídica".
La decisión, a Madrid
"El actual Decreto empuja al hecho que la gran demanda de energía renovable de Catalunya se cubra a partir de instalaciones fuera Catalunya, preferentemente de Aragón cómo ya está pasando", advierte EolicCat, que añade: "O bien qué los promotores agrupen proyectos para tramitarlos desde el Ministerio para la Transición Ecológica a Madrid, a la busca de un marco jurídico más estable".
Según apuntan, algunas empresas ya están estudiando esta vía, puesto que los proyectos más grandes solo requieren la aprobación del gobierno español. "Catalunya pierde la soberanía y la capacidad de decidir", avisan. Finalmente, señalan que el decreto podría tener aspectos inconstitucionales.