Unió de Pagesos ha informado que llevará a la justicia la ampliación anunciada por el Govern de la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) del delta del Llobregat, puesto que considera que es "un proyecto ilegal". En un comunicado de este miércoles, el sindicato carga "contra las formas" de la Generalitat para incrementar el área protegida "en pleno verano, en el inicio de la campaña de plantación". A la vez, recuerda que el ejecutivo está en funciones y subraya que el Parque Agrario del Baix Llobregat "no es una moneda de cambio para pagar los platos rotos de destrozos anteriores" al delta.
El sindicato encuentra que la decisión "allana el terreno para una futura ampliación del aeropuerto y condiciona negativamente la actividad agraria en el Baix Llobregat" y avisa que la ampliación "no dispone de análisis de afectaciones agrarias", tal como recoge la ley de los espacios agrarios. En este sentido, Unió de Pagesos apunta que "el Gobierno ha fiado a la ciencia ciudadana el ejercicio de sus obligaciones legales, dejando a la arbitrariedad y al incumplimiento de sus obligaciones esta nueva delimitación.
El Parque Agrario del Baix Llobregat "no es una moneda de cambio para pagar el pato de destrozos anteriores"
El sindicato critica "la farsa de los procesos participativos" que organizó la administración catalana desde el 2021 y de los cuales "se ha ocultado la información relevante al sindicato" y en las reuniones hechas "no se ha podido concretar nada". Por otro lado, Unió de Pagesos lamenta que "todavía no se haya tramitado el Plan territorial sectorial agrario", previsto en las leyes de política territorial y espacios agrarios. El sindicato califica "de esencial esta herramienta para el campesinado y para la defensa de este territorio y su biodiversidad".
Esta misma semana la Asociación Empresarial de l'ospitalet y el Baix Llobregat (AEBALL) también se ha pronunciado al respeto y ha cargado duramente contra el proyecto de ampliación. De hecho, la patronal ha pedido su suspensión urgente sine die, una propuesta impulsada por el Instituto Agrícola. La entidad considera que esta decisión "paralizaría las inversiones, el crecimiento y la promoción económica de la comarca".
"La zona ZEPA es incompatible con cualquier actividad económica mínimamente tecnificada debido a las restricciones que impone, sin que estas tengan un impacto necesariamente negativo sobre la conservación ambiental, e implica renunciar a las inversiones en infraestructuras estratégicas y básicas para el desarrollo económico y social", han expuesto al escrito.