Hace mucho calor en toda Europa. Y no, no es normal. El verano es el momento en que las temperaturas son más altas, pero los valores que superan los diez grados por encima de la media no son propios del verano. Bélgica ha registrado la primavera con menos lluvia y el tiempo más soleado desde 1890. Durante dos semanas consecutivas se han superado valores nunca vistos con días superando los 32 y 35 grados y, todo, después de que el 2024 fuera el año más lluvioso desde que hay registros. No, el tiempo no se ha vuelto loco, hay una razón y se llama crisis climática. ¿Y la Unión Europea qué hace ante la situación?
En el primer mandato de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el ejecutivo puso en marcha su gran paquete legislativo de lucha contra la crisis climática, el Pacto Verde Europeo, y encaminar al bloque a la neutralidad climática en 2050. Es decir, que no se emitieran más gases contaminantes de lo que el bloque puede asumir. Fue una legislación ambiciosa, con una mayoría social liderada por jóvenes como Greta Thunberg que pedían medidas para no hipotecar su futuro. Y entonces Europa decidió que era momento de actuar.
Pero el mundo ya no es el mismo de ahora hace 5 años. El auge de la extrema derecha se hace notar, presionando también a partidos de la derecha tradicional y poniendo en duda la lucha contra el cambio climático. Ahora, la Comisión Europea se está dirigiendo hacia un lento camino de retroceso en las políticas verdes. La última ha sido introducir algunas modificaciones en la legislación para reducir el 90% de las emisiones de aquí a 2040 (según los valores de 1990) y que el ejecutivo ha nombrado “flexibilidades”. Mantiene el objetivo de reducir las emisiones, pero suavizando la forma de cómo lo hará. No descarta más presencia de la energía nuclear e, introduce los llamados “créditos internacionales de carbono”, que consisten en que empresas altamente contaminantes puedan pagar derechos de emisiones fuera de la UE (básicamente, del sur global) a cambio de proyectos forestales. Así, podrán contaminar con más margen Y seguir contabilizando como propia la reducción, aunque no podrá representar más de un 3% del total de la reducción. Una medida que se contempla en el Acuerdo del Clima de París de 2015, pero que siempre ha generado polémica.
La Comisión Europea se está dirigiendo hacia un lento camino de retroceso en las políticas verdes
La Comisión Europea defiende la medida porque cree que es un buen equilibrio entre lo que pide la Sociedad (el 80% de la población europea está a favor de que se introduzcan medidas contra el cambio climático) y, también los gobiernos y las empresas; los primeros, preocupados por una mayor inversión en defensa y las segundas por los problemas de competitividad.
Pero estas medidas de “flexibilidad” se han ido introduciendo con cuentagotas con otras legislaciones climáticas. Se retrasó un año la ley europea contra la deforestación, una de sus legislaciones más ambiciosas, a causa de las presiones de sectores de la cadena de suministro y también de algunos países como Brasil. La normativa prohibía a todos los países que exportaran a los Veintisiete productos como el cacao, la madera o el aceite de palma si no certificaban que ninguno de estos productos hubiera contribuido a la deforestación. Se han eliminado medidas más estrictas en la agricultura; también los países aprobaron una modificación a la prohibición de importación de productos altamente contaminantes de terceros países, y que en la práctica exime que el 90% de grandes empresas contaminantes tengan que pagar el impuesto que se contemplaba al inicio, aunque se está a la espera de lo que pueda decidir la Eurocámara.
Por otra parte, el Ejecutivo también propuso menos obligaciones de sostenibilidad para las empresas y reduciendo las posibles multas a las que se podrían enfrentar. Y, sin olvidar, que la Comisión Europea ha retirado —en el momento justo que debía ser negociada por las instituciones antes de su aprobación final— la directiva antigreenwashing o contra el ecopostureo. Una normativa que trataba de evitar que las empresas hagan afirmaciones engañosas, con estrategias de marketing para hacer creer a los consumidores que respetan el medio ambiente. Estas medidas se empezaron a proponer entre el 2019 y el 2024 y ahora está inexorablemente restando ambición. Le llaman simplificación, cuando se debería hablar directamente de desmantelamiento.