La Agencia Catalana del Agua (ACA) inició su actividad el año 2000. Recientemente celebró su vigésimo aniversario con satisfacción. Ese mismo año, la Unión Europea adoptó la Directiva Marco del Agua (Directiva 2000/60/CE) que establecía un nuevo concepto de gestión del agua a nivel europeo. Casualidad o no ambos acontecimientos coincidieron en el tiempo, en un momento en que en Catalunya la mejora del estado y el uso del agua era una necesidad urgente. Veníamos de una época que tal como nos explicaba la Trinca: "El riu Llobregat és amarronat, el Besós es verd i groc n’és el Ter". La creación de la ACA fue oportuna y esencial. La ACA, por tanto, fue y es una buena idea y los hechos lo demuestran.
El primer acierto fue la agrupación e integración de los diferentes organismos que tenían competencias en la gestión del agua: la Junta de Aguas de Catalunya, la Junta de Saneamiento y los servicios de la Administración de la Generalitat. Esta opción integradora añadió recursos, obtuvo masa crítica para abordar proyectos más grandes, unificó centros de decisión y evitó posibles discordancias. En resumen, era una apuesta por la eficiencia y la simplificación cara al ciudadano en relación con un tema tan importante como el agua.
El segundo acierto fue la fórmula jurídica elegida para constituirse, como "entidad de derecho público de la Generalitat de Catalunya con personalidad jurídica propia (..) que conforma su actividad al Derecho privado, con carácter general, salvo las excepciones determinadas por esta ley" es una fórmula que se basa en la Ley 4/1985 del Estatuto de la Empresa Pública Catalana. Una vía que inauguró en noviembre de 1985 el IRTA (Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentaries) y ha sido seguida por múltiples otras instituciones con diferentes denominaciones (Agencia, Instituto, Centro, etc.). Ha servido especialmente para dar agilidad a los servicios públicos con elevada actividad concertada con el sector privado.
"La gestión de servicios públicos desde una institución pública sometida al derecho privado puede favorecer esta eficiencia"
Para avanzar en un objetivo estratégico de primer nivel es preciso dotarse de recursos suficientes, pero también de las herramientas más eficientes. La gestión de los servicios públicos desde una institución pública sujeta al derecho privado puede favorecer esta eficiencia. El objetivo es obtener ahorros para la sociedad o, al menos, mejores servicios a costes equivalentes. El derecho mercantil tiene por objeto facilitar de forma segura la necesaria rapidez de las transacciones económicas, por el contrario, el derecho administrativo tiene en el centro de su preocupación el control.
En cualquier caso, el control "a posteriori" vía auditoría, propio de la empresa, se ha demostrado que es tanto y probablemente más eficaz que el control previo a través de la intervención, el cual añade rigidez y lentitud a la actividad en su conjunto. Además, la legislación privada es mucho más eficaz en dos aspectos clave: la contratación de personal y la captación de ingresos.
Veinte años después...
Hoy, después de veinte años de ACA las aguas de los ríos bajan limpias, la calidad de las playas ha mejorado espectacularmente, el trabajo de saneamiento ha sido extraordinario en relación, sobre todo, al punto de partida, más de 500 nuevas plantas de tratamiento lo han logrado. Se ha puesto en marcha el nuevo modelo de gestión de conformidad con la Directiva Marco del Agua. Se ha creado el Canon del Agua, un impuesto finalista sobre el agua con vocación medioambiental, que ha permitido obtener unos recursos necesarios para las inversiones que debían emprenderse para el saneamiento de las aguas y la adopción de las medidas hacia el objetivo de cero emisiones de gases efecto invernadero.
Pero la ACA ha experimentado su particular pandemia: la gran sequía de 2007-2009 que incluso amenazó el abastecimiento más básico que es el agua de boca y exigió decisiones difíciles y urgentes. Al final las lluvias regresaron y afortunadamente no ha habido una nueva sequía de importancia. Pero la lección se aprendió. Hoy contamos con desalinizadoras, siendo la de Barcelona una de los más importantes de Europa. Al mismo tiempo, se ha avanzado en el uso de agua regenerada. En este sentido, la UE está promoviendo el uso de aguas residuales debidamente purificadas con controles exigentes para el riego de cultivos agrícolas.
"La ACA ha experimentado su particular pandemia: la gran sequía de 2007-2009 que incluso amenazó el abastecimiento más básico que es el agua de boca y exigió decisiones difíciles y urgentes"
Sin embargo, la ACA también tiene algunas debilidades que deberían afrontarse. La Agencia ha sido particularmente opaca con la actividad del sector agroalimentario. Esta omisión ya nace en la propia ley y en la normativa posterior. De las 17 personas que conforman su Junta Directiva sólo hay un representante del Departamento de Agricultura y otro que representa los usos agrícolas y ganaderos.
Es una representación exageradamente sesgada en relación con el usuario del 70% del agua que es el sector agroalimentario. De alguna manera parece que el riego se considera una molestia en la gestión del agua en vez de una herramienta esencial para asegurar algo tan crítico como los alimentos para toda la población. Hay que tener en cuenta que los consumidores de agua son los consumidores de alimentos, no los agricultores.
La sociedad en su conjunto es la que ha requerido el uso del agua para tener los alimentos como producto final. Es más necesario que nunca establecer una fuerte colaboración con las Comunidades de Regantes dado el volumen de agua que gestionan y los desafíos que se le exigen a la agricultura para responder a las demandas de toda la población. Sería interesante que la ACA participara en la modernización del regadío, avanzando en el riego a presión que es la puerta de entrada de la agricultura moderna, la agricultura de precisión, una agricultura mucho más sostenible, en consonancia con las orientaciones europeas del Green Deal europeo.
Los próximos años no serán fáciles, las grandes sequías y otros fenómenos meteorológicos extremos seguirán visitándonos. Hoy estamos, gracias en parte al trabajo de la ACA, mucho mejor preparados. El balance de estos veinte años nos permite imaginar el futuro, pero el futuro hay que construirlo entre todos, especialmente con los actores más decisivos para garantizar el suministro de alimentos y la promoción de la bioeconomía en una sociedad que quiere basar su desarrollo en recursos renovables.