El gobierno español aprobó este martes un real decreto que incluye la ampliación en un año del plazo para la entrada en vigor del sistema VeriFactu, que promueve la digitalización de los procesos de facturación en las empresas.
La decisión se ha producido a escasas semanas de su aplicación, dado que inicialmente estaba previsto que Verifactu fuera obligatorio a partir del 1 de enero de 2026 para empresas con una facturación inferior a seis millones de euros. Ahora, la moratoria ha aplazado la entrada en vigor de la medida hasta el 1 de enero de 2027, en el caso de los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades, y desde julio de ese año para el resto de empresas y autónomos.
La medida anunciada por el presidente del gobierno central, Pedro Sánchez, ha sido aplaudida por parte de las diferentes patronales y entidades empresariales catalanas. Tanto el Consell Territorial de la Pime como la Comissió d’Autònoms de Foment del Treball han valorado positivamente la moratoria. "Esta decisión responde a una reclamación formulada por Foment del Treball en los últimos meses, en el marco de reuniones con representantes institucionales y grupos parlamentarios, en las que se insistió en la necesidad de un plazo amplio para evitar tensiones operativas y económicas sobre un tejido productivo integrado mayoritariamente por microempresas y autónomos", ha apuntado la patronal catalana.
Por su parte, según el Consell Territorial de la Pime, la moratoria “permitirá afrontar el proceso de adaptación a la facturación electrónica de forma escalonada y coherente con la realidad de las empresas de menor dimensión”, asegurando que la digitalización se desarrolle sin riesgos para su viabilidad económica.
Por su parte, la Comisión de Autónomos ha subrayado que el objetivo del sistema VeriFactu “no es cuestionado”, pero que su implantación debía ser flexible y pausada, con suficiente apoyo técnico y económico para evitar que profesionales y microempresas quedaran en situación de desventaja competitiva.
Pimec celebra una "mejor transición digital" a la factura electrónica
En el caso de Pimec, el presidente de la patronal, Antoni Cañete, ha manifestado que el aplazamiento “da respuesta a una reclamación reiterada de Pimec, que hemos trasladado al gobierno español y a los diferentes grupos parlamentarios en reuniones mantenidas los últimos meses”, al tiempo que ha recalcado que esta moratoria “permitirá que las pymes se adapten a la facturación electrónica de manera progresiva, sin poner en riesgo su viabilidad económica”.
Las patronales han coincidido en el hecho de que el sector que más inquietudes ha trasladado sobre la implantación del Verifactu y las novedades en materia de facturación electrónica ha sido el comercio de proximidad. En este sentido, la presidenta de Pimec Comerç, Mónica Gregori, ha celebrado este hito y ha señalado que “la medida facilitará a las pymes del sector una mejor transición digital, y que no se haga de manera precipitada ni desconectada de la situación cotidiana del comercio local, formado mayoritariamente por microempresas y profesionales autónomos con recursos humanos y económicos limitados”.
Cecot lamenta el retraso y pide incentivos
También la patronal Cecot se ha posicionado favorablemente al respecto, a pesar de que ha recordado que el aplazamiento "llega tarde" y que una moratoria a estas alturas "generará desconcierto entre las empresas". "Este cambio de última hora evidencia que, una vez más, los tiempos políticos y de negociación empresarial no se alinean con las dinámicas empresariales y económicas", ha lamentado la entidad, lo que acaba perjudicando la competitividad de las empresas, asegura.
Por esta razón, Cecot ha reclamado al gobierno español que detalle "de manera inmediata" qué régimen deberán seguir aquellas compañías que sí habían completado la integración de Verifactu, si esta moratoria será opcional y si el ejecutivo estatal prevé mecanismos de reconocimiento o incentivos para aquellas empresas que "han actuado con previsión".