El sistema VeriFactu puede marcar un antes y un después en la relación entre empresas y Administración. Más allá de su objetivo fiscal, es una palanca para modernizar, mejorar la productividad y reforzar la confianza mutua, siempre que se acompañe de formación y ayudas.
El VeriFactu es un sistema de control de los programas de facturación, impulsado por la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT). Su objetivo es garantizar que las facturas emitidas sean íntegras, trazables e inalterables. Cada factura se genera mediante un software certificado, recibe un código único y puede enviarse automáticamente a la AEAT en el momento de emisión. Esto crea un registro electrónico inviolable que reduce errores y simplifica la gestión administrativa. Cabe aclarar, sin embargo, que el VeriFactu no es propiamente facturación electrónica, sino un sistema que verifica y asegura la validez de las facturas emitidas, mientras que la factura electrónica es el documento digital que sustituye la factura en papel y también se aplica a las recibidas.
Cabe aclarar, sin embargo, que el VeriFactu no es propiamente facturación electrónica, sino un sistema que verifica y asegura la validez de las facturas emitidas
Se aplicará de manera progresiva: a partir del 1 de enero de 2026 para las empresas sujetas al Impuesto sobre Sociedades, y a partir del 1 de julio para los autónomos, y en total, afectará a cerca de tres millones de empresas y más de dos millones de autónomos, una cuarta parte de los cuales están en Catalunya. No todas las empresas están obligadas a aplicarlo. Quedan fuera las que ya utilizan el Suministro Inmediato de Información (SII), un sistema de 2017 que obliga a las grandes empresas a enviar todas las facturas a Hacienda en un máximo de cuatro días. Tampoco se incluyen, de momento, las que emiten facturas manuales o sin software de facturación. Esta nueva herramienta se enmarca en la estrategia de digitalización de la Agencia Tributaria y busca modernizar la relación con los contribuyentes.
La experiencia de otros países demuestra el potencial de estos sistemas. En Portugal e Italia, sistemas similares han mejorado el control fiscal, reducido la brecha entre lo que se debería recaudar y lo que se recauda, y a la vez ha incrementado la productividad y reducido los costes administrativos, según la Comisión Europea.
A pesar de ello, la implantación del VeriFactu aún presenta retos importantes. A solo dos meses de la entrada en vigor, solo el 8% de las pymes ha adoptado el sistema, según el Observatorio TeamSystem. Otro estudio del Observatorio de la PIME indica que el 62% de las empresas y autónomos desconocen el sistema, y el 54% no tienen previsto adaptarse a él. El coste es uno de los principales obstáculos: un software puede suponer unos 2.000 euros iniciales y entre 10 y 15 euros mensuales, según Emprendedores (2024). En sectores como el comercio, la adaptación puede alcanzar los 6.000 euros, y en la restauración puede resultar aún más compleja. La situación es especialmente delicada en el comercio minorista y de alimentación, donde muchas personas empresarias tienen una edad avanzada y operan bajo regímenes especiales, como el de recargo de equivalencia o módulos. En estos casos, casi la mitad de los establecimientos tendrán que renovar equipamientos como balanzas o TPV, y la mayoría desconocen aún los plazos y requisitos técnicos. También hay opciones más accesibles. La AEAT y diversas plataformas privadas ofrecen versiones gratuitas o de bajo coste que pueden ser especialmente útiles para negocios con pocos volúmenes de facturas anuales.
El VeriFactu puede ser mucho más que una herramienta fiscal: puede ser una palanca para transformar la economía. La tecnología y la gestión del conocimiento son motores del crecimiento. La digitalización debe entenderse como una inversión en capital de conocimiento. Ahora bien, su éxito dependerá de cómo se aplique. Una buena política no es la que se implanta más rápido, sino la que se adapta mejor a los más vulnerables. Por eso, diversas organizaciones empresariales reclaman formación, ayudas y un período de adopción más largo —uno o dos años adicionales— antes de que se impongan sanciones. Los colectivos de comercio proponen, además, un período transitorio sin sanciones, deducciones fiscales para cubrir la inversión en software y equipamiento, y una atención más personalizada de la Agencia Tributaria que oriente cada negocio según su actividad. En lugar de poner el foco en la penalización, hay que ponerlo en el acompañamiento y la confianza. Incentivar es más eficaz que sancionar, especialmente si queremos una digitalización inclusiva y sostenible.
Un sector público ágil y proactivo puede convertirse en una auténtica palanca de competitividad, crecimiento y bienestar colectivo
Alargar los plazos y ofrecer apoyo técnico tiene mucho sentido, y hay precedentes claros. Cuando se implantó el IVA en 1986, la administración retrasó un año la aplicación efectiva y desplegó técnicos de Hacienda que visitaban microempresas y autónomos para ayudarles en los primeros meses de adopción del nuevo sistema. Recuerdo también que, durante una estancia larga en una universidad de Nueva Zelanda, recibí —sin haberlo pedido— el apoyo de un técnico de Hacienda que me ayudaba a hacer las declaraciones fiscales. Una experiencia que demuestra cómo la colaboración y el acompañamiento pueden convertir una obligación en una oportunidad para aprender y mejorar.
En definitiva, el VeriFactu puede convertirse en mucho más que una herramienta fiscal. Si se acompaña de formación y apoyo, puede impulsar la productividad, la transparencia y la confianza mutua. Las reformas que realmente transforman son las que combinan control, incentivos y confianza. Si esta se aplica con diálogo e inteligencia, el VeriFactu será recordado no como una obligación, sino como el inicio de una nueva etapa de colaboración entre empresas y administración. Su éxito dependerá de la confianza que sepa generar y del apoyo que ofrezca especialmente a las pequeñas empresas y a los autónomos. Y sería deseable que esta misma eficiencia que promueve la Agencia Tributaria se extendiera a todas las administraciones públicas —las que planifican infraestructuras, gestionan servicios o apoyan al tejido productivo—. Un sector público ágil y proactivo puede convertirse en una auténtica palanca de competitividad, crecimiento y bienestar colectivo.