La patronal española CEOE ha avisado este martes que la huelga general por la vivienda anunciada por CCOO y UGT es “inadmisible”, ya que las reivindicaciones que la motivan no son “de naturaleza laboral”. “Es difícilmente justificable utilizar la actividad de las empresas y de sus trabajadores como tablero para influir en el desarrollo de un proceso que debería afrontarse desde la serenidad y la normalidad democrática”, ha indicado la organización empresarial en un comunicado. Este lunes, después de que el presidente español, Pedro Sánchez, anunciara el adelanto electoral para el 29 de noviembre, CCOO y UGT acordaron una huelga de 24 horas antes de los comicios para pedir “salarios dignos para acceder a una vivienda digna”.
El acuerdo de los sindicatos deberá ser ratificado por los órganos de dirección de CCOO y UGT y la fecha definitiva del paro, la primera de la presente legislatura, se analizará con las organizaciones sociales y el Sindicato de Inquilinos. Sin embargo, la CEOE ya avanza que el paro constituye una “medida de presión” dirigida a provocar cambios legislativos y de carácter presupuestario en materia de vivienda, no de naturaleza laboral.
Este lunes, después de que Pedro Sánchez anunciara el adelanto electoral para el 29 de noviembre, CCOO y UGT acordaron una huelga de 24 horas antes de los comicios para pedir “salarios dignos para acceder a una vivienda digna”
“Consideramos inadmisible que se pretenda trasladar a las empresas, a sus trabajadores y al conjunto de la actividad económica el coste de una medida de presión que señala al gobierno y su gestión”, lamentan. En este sentido, apuntan que analizarán la convocatoria definitiva, sus objetivos concretos, su ámbito y el cumplimiento de los requisitos legales una vez sean públicos.
La Confederación Nacional de Pymes (Conpymes) ha manifestado este martes el "más enérgico rechazo" al anuncio de la convocatoria de huelga general por parte de los sindicatos. En un comunicado, la organización ha asegurado que plantear una huelga general por la vivienda "tiene un planteamiento que puede ser ilegal, ya que los motivos de la protesta no responden a un conflicto legítimo entre empresarios y trabajadores". Conpymes añade que valorarán la convocatoria formal de la huelga "para determinar si la referencia salarial constituye una reivindicación laboral real o un elemento meramente instrumental destinado a dar cobertura laboral a una movilización esencialmente política".
"No se puede usar el derecho de huelga para resolver un problema de política pública del cual las empresas no son responsables. Somos plenamente conscientes y sensibles al reto que supone el acceso a la vivienda, pero consideramos que estas reivindicaciones se deben canalizar mediante políticas públicas y vías de participación ciudadana, sin perjudicar la actividad de los autónomos y las pymes", expresa el presidente de Conpymes, José María Torres.
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