Escucha el artículo ahora…
Un desahucio impactante en Madrid, 350 tiendas de campaña en la Puerta del Sol y un Palacio de Congresos en la avenida Diagonal de Barcelona bloqueado de arriba abajo. Han pasado escasos días de estas imágenes. La más reciente, una acampada en la plaza de Catalunya para reclamar "el derecho a la vivienda”. El ejecutivo de Pedro Sánchez ha reaccionado a la indignación social con la aprobación in extremis entre PSOE y Sumar de dos decretos ley para la vivienda. El Consejo de Ministros se ha sentado a negociar las diez medidas propuestas y ha avalado, por un lado, la protección de los desahucios hasta 2030 y la regulación del alquiler de temporada y de habitaciones. También la prohibición de la compra de fondos buitre hasta 2028 y la prórroga de dos años de los contratos que venzan antes del 31 de diciembre de 2028. En un segundo decreto separado, se establece la renovación automática de los alquileres.
El redactado publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE) empieza a concretar los indicadores del plan: serán las comunidades autónomas las encargadas de asumir el freno a los desahucios por deudas de impago -con una “compensación” posterior del Estado-, mientras que los fondos buitre deberán encajar la congelación de los lanzamientos de familias vulnerables hasta 2030 sin derecho a indemnización. El paquete número dos prevé obligar a los propietarios a indemnizar a los inquilinos si no les renuevan los contratos.
Con todo, la Generalitat no se ha querido quedar de brazos cruzados y el president Illa ha movido ficha con el anuncio de una medida inédita: un fondo de 100 millones de euros para la "compra conjunta" de viviendas a los ciudadanos mayores de 40 años sin capacidad hipotecaria -a través de herramientas del Codi Civil de Catalunya para vivir en propiedad entre 40 y 50 años- y un “fondo inicial” de 25 millones para evitar lanzamientos de personas vulnerables. Este se estima que pueda evitar entre 300 y 400 desahucios de familias, de acuerdo con las declaraciones de la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, en una entrevista en Catalunya Ràdio.
En cuanto a la génesis de los decretos estatales, Carme Trilla, presidenta del Observatori Metropolità de l'Habitatge de Barcelona (O-HB) y de la Fundació Hàbitat3, recuerda que el grueso del texto no es ninguna improvisación total, sino un material que “ya estaba parladíssim en julio”, pero que se encalló por la falta de acuerdo político. “Lo que ha pasado es que han visto que tenían que llegar a un consenso a toda prisa”, apunta a VIA Empresa. Por otro lado, Trilla ve con buenos ojos la línea de actuación propuesta por el gobierno Illa: “Todo lo que sea apoyo directo de la Administración me parece bien, siempre que haya un control del precio de compra de la vivienda para no acabar subvencionando inmuebles de lujo”.
La Generalitat ha movido ficha con el anuncio de una medida inédita: un fondo de 100 millones de euros para la "compra conjunta" de viviendas a los ciudadanos mayores de 40 años sin capacidad hipotecaria
La presidenta subraya que focalizar esfuerzos en la compra accesible tiene un efecto indirecto: “Quita presión inmediata sobre la demanda de alquiler, que es donde el mercado está totalmente colapsado”. Ante planteamientos como la reconversión de hoteles en viviendas -propuesta por el ingeniero y escritor Xavier Roig-, Trilla lo considera “casi una exigencia” para mitigar la falta de obra nueva, así como otros equipamientos en desuso.
Desplegados ambos paquetes -y con la solicitud de un pleno extraordinario por parte del gobierno español este viernes para convalidarlos en el Congreso de los Diputados- cabe decir que las reacciones de los principales agentes del sector han sido dispares, pero prudentes. La portavoz del Sindicat de Llogateres, Carme Arcarazo, aplaudía en una atención a los medios el impulso de la legislación después de que "cientos de miles de personas hayan salido a la calle". “Esto apenas empieza; sabemos que son victorias que no se consiguen en dos días”, sentenciaba. Con todo, la organización sindical ha convocado unas caceroladas este jueves a las 20 h frente a todos los ayuntamientos del Principado.
El plato fuerte de la protesta, sin embargo, será la manifestación convocada para este sábado a las 19 h en la plaza Pío XII de l'Hospitalet de Llobregat. Se sumarán columnas de llegada desde puntos como Barcelona (que saldrá a las 18 h desde la plaza de España) y Sabadell, además de otras convocatorias en todo el territorio, como la de Girona a las 12 h en la plaza del Vi. Desde el sindicato apuntan que ya se ha conseguido que la Maricarmen -la inquilina de 87 años desahuciada de una vivienda en el distrito madrileño Retiro- pueda volver a su casa y "se ha sacado al Gobierno de la inacción”. Sin embargo, advierten que para ir más allá no descartan ningún escenario, incluida una huelga general. A estas alturas, sus ejes prioritarios se centran en “conseguir contratos indefinidos y prohibir las compras especulativas".
Del caso de la Maricarmen se ha hablado mucho, tanto que ha llegado a ser objeto de estudio de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona. Su gerente, Òscar Gorgues, es autor del informe Reconstrucción contractual y judicial, análisis jurídico y uso público del caso Maricarmen. “Nos daba la sensación de que había desinformación y manipulación en este caso”, explica a VIA Empresa. El redactado establece que la mujer no fue expulsada repentinamente del piso, sino que su contrato había pasado a una situación de tácita reconducción, con renovaciones año tras año, y que el recorrido judicial había avalado la posibilidad de finalizarlo.
El gerente de la Cambra considera que, más allá de la situación jurídica, las administraciones deberían haber buscado antes una alternativa residencial para Maricarmen. También critica que se haya utilizado como elemento de confrontación política y defiende que, si realmente se quería evitar que abandonara la vivienda, había habido tiempo “de sobra” para buscarle una solución. “Pero no, hemos esperado a tener la photo finish. Ha sido necesario ver cómo la sacaban en camilla del piso para poder montar todo este pollo que ya teníamos preparado, evidentemente, porque esto no se hace de un día para otro”, denuncia Gorgues.
Qué es (y qué no) un fondo buitre
Uno de los puntos en los que Gorgues pone el acento es en la terminología. Sostiene que la empresa Urbagestión -que llegó a un acuerdo con los representantes de Maricarmen para que esta pudiera volver a su piso-, no se puede calificar técnicamente de "fondo buitre" y lamenta que la etiqueta se haya utilizado de manera indiscriminada por parte de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, quien el martes en rueda de prensa tildó a la compañía de "pyme buitre, muy carroñera". “Es pura demagogia, la ministra todavía no sabe lo que es un fondo buitre”, señala Gorgues.
La lectura sobre el mal uso del concepto también se aventura a hacerla Anna Puigdevall, directora general de Som Habitatge, que considera que se ha aprendido una utilización demasiado amplia de la expresión para referirse a cualquier actor que invierte en inmobiliario. “Los fondos de inversión no son automáticamente fondos buitre”, apunta en una conversación con este diario. Por eso, hace un llamamiento directo a los medios de comunicación y a los políticos: “Hablemos bien y seamos un poco serios”, exige.
Puigdevall (Som Habitatge): “El señor gordo sentado en el sofá de su casa contando dinero no existe”
A su vez, Trilla no duda en sumarse a esta demanda: “La distinción entre pequeños y grandes tenedores se planteó mal desde el minuto cero. Fijamos umbrales de años o de número de pisos de manera arbitraria cuando lo que se debería hacer es definir la tipología de los propietarios. Como esto no se hace, decimos 'gran tenedor' y aquí cabe todo el mundo. Los decretos no aclaran esta confusión”, recalca.
Gorgues pone como ejemplo el caso de un pequeño propietario que vende su piso décadas después por un precio muy superior al de adquisición, y recuerda que esto no lo convierte en un especulador: “El precio de venta responde principalmente a la relación entre oferta y demanda y, en ciudades con mucha presión, esto hace subir los precios”. Un retrato del mercado que Puigdevall redondea con los clichés habituales sobre la propiedad: “El señor gordo sentado en el sofá de su casa contando dinero no existe”, asegura.
“Volvemos a hacer las cosas de la vivienda mal”
Más allá del debate terminológico, Puigdevall considera que el decreto se ha abordado "con demasiada prisa y una excesiva simplificación". “Volvemos a hacer las cosas de la vivienda mal”, sentencia. Y aporta algunos datos: “España destina un testimonial 0,1% del PIB a la vivienda frente al 0,6% de la media europea, con un parque protegido que no llega al 2%. Y tanto que nos gusta compararnos con Europa, allí el porcentaje es del 9%”. La directora de Som Habitatge remarca que los propietarios ya han pagado la protección social con sus impuestos, y que ahora la Administración no puede trasladarles esta responsabilidad.
No obstante, la exposición de motivos de la norma estatal se justifica precisamente a través de una mirada hacia el exterior y recuerda que diversas legislaciones europeas han optado por fórmulas para dotar de más estabilidad el arrendamiento de vivienda: "En Alemania, el contrato es de duración indefinida y el arrendador solo puede ponerle fin cuando acredite un interés legítimo; en Francia, el contrato se renueva tácitamente por periodos de tres años, o de seis si el arrendador es una persona jurídica, y la no-renovación por parte del arrendador exige un preaviso de seis meses y una causa tasada; en los Países Bajos, la reforma aprobada en 2024 ha restablecido el contrato de duración indefinida como régimen ordinario", apunta el redactado estatal.
Gorgues (Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona): “Con la regulación de los alquileres, que es cortoplacista, estamos decidiendo qué inquilinos tendrán piso y cuáles no”
Otro de los reproches de Puigdevall tiene que ver con el proceso de elaboración del decreto. Explica que las propuestas que llegan al sector han ido mutando. Por eso, insiste en la importancia de “leer bien la letra pequeña”. A quien no le hace falta leer la letra pequeña es a Gorgues, que asevera que “se trata de dos decretos que no ayudan a incrementar el número de viviendas que hay en el mercado” y hace referencia a un pastel: “Estamos jugando con quién se come cada trozo, pero no lo estamos haciendo más grande porque somos más de comer”, lamenta. “Con la regulación de los alquileres, que es cortoplacista, estamos decidiendo qué inquilinos tendrán piso y cuáles no”, añade.
Asimismo, Puigdevall avisa sobre la equiparación del alquiler de temporada con el habitual. “Responder a necesidades diferentes implica estructuras de costes diferentes”, detalla. “Un piso temporal requiere estar amueblado, equipado y tiene gastos constantes de rotación y pintura; si se impone la misma regulación sin compensar costes, el riesgo es que muchos propietarios dejen de equipar o poner inmuebles en el mercado”, agrega.
¿Un avance puntual?
En la ecuación entre inquilinos y propietarios, los agentes de la propiedad inmobiliaria (APIs) también comparten sus interpretaciones. José Maria Coderch, ingeniero técnico, API y portavoz de la Plataforma 2015 de Acceso a la Vivienda, sitúa el problema de la vivienda en una piedra en el zapato del mercado catalán que el decreto estatal “ni siquiera toca”: la tramitación de las cédulas de habitabilidad de segunda ocupación. Reconoce que la norma de la Moncloa puede actuar como un “avance puntual” para frenar emergencias como la de Maricarmen, pero descarta que resuelva el fondo de la cuestión: “Lo que no hace ningún decreto ley es construir viviendas”, argumenta.
Precisamente sobre la construcción, la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE) ha pedido que no se convaliden los decretos. Su presidente, Xavier Vilajoana, ha explicado que ya han recibido llamadas en las últimas 48 horas de promotores que quieren dar un paso atrás y destinar los proyectos en marcha a la compraventa. El empresario ha alegado que los propietarios que ya tienen pisos en el mercado “aguantarán hasta que terminen los contratos” y luego los pondrán a la venta. “Poco a poco o rápidamente irán desapareciendo los pisos de alquiler”, ha advertido.
Coderch (Plataforma 2015 de Acceso a la Vivienda) descarta que la norma resuelva el fondo de la cuestión: “Lo que no hace ningún decreto ley es construir viviendas”
Una fotografía que Puigdevall complementa a la espera de que lleguen soluciones: “En el momento que perdemos el tiempo opinando de si el artículo uno me gusta más que el artículo dos, dejamos de hablar de lo que realmente importa. Hace ocho años que oigo decir que la solución es a largo plazo. ¿Cuándo llegará exactamente?”, concluye.
Añadir VIA Empresa como fuente preferida de Google de forma gratuita
Mantente informado con las últimas noticias de actualidad