Cerca de una treintena de asociaciones de consumidores agrupadas bajo el paraguas de la Organización Europea de Consumidores (BEUC, por sus siglas en inglés) han denunciado a Meta, TikTok y Google ante la Comisión Europea por "desprotección" frente a las estafas financieras. Según argumentan en un comunicado, las plataformas están incumpliendo la ley de servicios digitales de la UE porque no han abordado la "proliferación" de anuncios "fraudulentos" de carácter financiero y, por este motivo, exigen a Bruselas que exija el cumplimiento de la normativa.
Las organizaciones detectaron cerca de 900 anuncios sospechosos entre diciembre de 2025 y marzo de 2026 en 13 países. De estos, las plataformas retiraron el 27%. Las 29 organizaciones de consumidores denunciantes -procedentes de 27 países- han calculado que las estafas financieras alcanzan a más de 200 millones de consumidores europeos cada mes.
Por plataformas, precisan que Meta -propietaria de Instagram, Facebook o WhatsApp, entre otras- bloqueó 146 de las 503 denuncias presentadas y hay más de 300 que continúan publicadas. El comunicado, difundido por la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin), asegura que Meta recibe ingresos de algunos de los anunciantes denunciados, que representan alrededor del 10% de su facturación total. En TikTok, el 40% de los anuncios denunciados fueron "ignorados". En Google la probabilidad de suspensión de los anuncios también es "reducida".
Las asociaciones defienden que la Comisión Europea debería imponer multas y lamentan que haya "discrepancias alarmantes" entre lo que las plataformas afirman hacer y la realidad.
Meta bloqueó 146 de las 503 denuncias presentadas y hay más de 300 que continúan publicadas
En el Estado, Asufin y la Federación de Consumidores (CECU) han trasladado la denuncia a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). De hecho, aseguran que el Estado lleva dos años "incumpliendo" el plazo fijado por Europa para tener un reglamento de servicios digitales que habilite "competencias reales" de supervisión, investigación y capacidad sancionadora. Por este motivo, instan al gobierno español a resolverlo.
Según apuntan, de esta manera el regulador tendría "poderes legales y concretos" para acceder a datos, algoritmos, ordenar inspecciones e imponer multas de hasta el 6% de la facturación global de las grandes plataformas.