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El Estado grabará los intereses de la banca y la facturación de las energéticas

El ejecutivo central aplicará un tipo del 4,8 % sobre comisiones e intereses financieros y un 1,2 % a las ventas totales del sector de la energía

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el Congreso | Congreso de los Diputados
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el Congreso | Congreso de los Diputados
Redacción VIA Empresa
Barcelona
28 de Julio de 2022
Act. 28 de Julio de 2022

El Gobierno central dirigirá los nuevostributos a los beneficios por interesesbancarios y a la facturación de las empresasde energía. Los impuestos extraordinarios anunciados por el presidente PedroSánchez en el debate sobre el Estado de la Nación afectarán las entidades financieras con unos ingresos superiores a los 800 millones de euros, así como a las empresas del vertical de la energía con ventas por encima de los 1.000 MEUR y en que la actividad a la vertical supere el 50 % de la facturación.

 

La propuesta del ejecutivo central pasa para grabar con un tipo del 4,8 % los beneficios por comisiones e intereses de las entidades bancarias, un gravamen que se aplicará en el presente ejercicio y hasta final de 2023 con que esperan conseguir una recaudación de 1.500 millones cada uno de los dos años. La nueva tasa responde a la normalización de los tipos de interés, que el BCE ha subido en 50 puntos básicos después de seis años en negativo.

Por su parte, el impuesto a las eléctricas tasará con un 1,2 % la facturación total de las empresas del sector. Este tributo permanecerá en vigor hasta final de 2024, y proyecta una recaudación superior a los 2.000 millones de euros por ejercicio. La tasa responde a los beneficios extraordinarios logrados por las grandes firmas del sector durante el 2022 y el 2023 en el contexto de la subida de los precios del gas y la electricidad.

 

Cómo ya anunció el ministerio de Hacienda, se castigará aquellas empresas que repercutan los costes fruto de las tasas a los precios finales. Así, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia fiscalizará la actividad de las empresas afectadas, y, en caso de incumplir el mandato ejecutivo, se imponeran sanciones del 150 % del importe trasladado a los usuarios finales.

Para baremar la base impositiva de los afectados, el Gobierno no tendrá en cuenta ni los resultados ni la facturación de las filiales o las empresas al exterior. Por otro lado, no permitirá que el impuesto se deduzca a efectos de sociedades.