El Fondo Monetario Internacional (FMI) considera "apropiados" los nuevos impuestos a los sectores de la energía y la banca propuestos por el gobierno español para hacer frente a la crisis energética. En un informe publicado, el organismo ve un acierto incrementar la recaudación a las personas y entidades menos afectadas por la situación actual, aunque también subraya la importancia de vigilar su aplicación. "Habrá que realizar un seguimiento sobre la disponibilidad de crédito y la resiliencia de los bancos, así como de los incentivos a la inversión de las empresas energéticas", remarca el FMI. Asimismo, el organismo reitera que estas medidas deben ser temporales y no deben considerarse como un sustitutivo de la reforma tributaria.
Precisamente sobre esta cuestión se ha posicionado el FMI, apuntando la necesidad de que el gobierno español lleve a cabo una consolidación fiscal plurianual "que genere espacio para responder a los impactos negativos del futuro". En este sentido, el organismo menciona la reforma de las pensiones como una de las principales prioridades del ejecutivo, ya que considera que los cambios demográficos en el país "someterán las finanzas públicas a una mayor tensión".
En línea con lo que han manifestado otras instituciones como la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional también ha pedido que las políticas fiscales españolas se centren en adelante en apoyar a las clases más vulnerables y no a la ciudadanía en general. De hecho, el organismo presidido por Kristalina Georgieva considera que la mayor parte de las medidas de apoyo fiscal -como por ejemplo reducciones del impuesto sobre la electricidad o la bonificación en el precio de los carburantes- han sido "muy costosas" y han beneficiado "de forma desproporcionada" a los hogares con mayores ingresos.
Por lo que se refiere al problema de la inflación, el FMI considera que un pacto de rentas sería una buena herramienta para repartir la pérdida de poder adquisitivo y reducir los riesgos de una subida de precios persistente. Sin embargo, el organismo también apunta a que los riesgos relativos a la seguridad energética en el caso de España son "relativamente bajos", dada la poca dependencia que tiene el país del gas ruso.