El gobierno español pondrá en marcha cambios legislativos para limitar de manera más efectiva tanto los alquileres temporales como los pisos turísticos que han proliferado en los últimos años en todo el Estado. Según ha dicho la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, se quiere modificar la ley de propiedad horizontal para "empoderar a los vecinos" y hacer que la opinión de las comunidades sea vinculante a la hora de autorizar o no cualquier actividad económica en las fincas. En el caso de los alquileres temporales, punto débil legal de muchos alojamientos turísticos, la ministra ha propuesto que se deban justificar y registrar. "La temporalidad dependerá de la causa", ha señalado antes de vincular este formato a prácticas como los estudios o la investigación.
Según ha indicado Rodríguez en una rueda de prensa en Madrid, los alquileres temporales deben circunscribirse a situaciones específicas, una condición también respaldada por la Unión Europea. Para lograrlo, ella apuesta por acompañar los contratos de alquiler temporal con documentos que justifiquen la necesidad de esta modalidad, de la misma manera que los alquileres tradicionales requieren contratos de trabajo o nóminas salariales.
Apuesta por acompañar los contratos de alquiler temporal con documentos que justifiquen la necesidad de esta modalidad
Rodríguez ha detallado que este mecanismo permitirá que los alquileres temporales no generen abusos que tensionen el mercado de alquiler residencial, similar a lo que ocurre con los pisos turísticos. Para lograrlo, ha añadido, se creará urgentemente un reglamento y un registro que estará al servicio de los ayuntamientos y las comunidades autónomas. "Ante el drama no se puede mirar hacia otro lado", ha enfatizado la ministra antes de recordar que la solución del problema de la vivienda es uno de los grandes retos de la presente legislatura.
La autonomía de los ayuntamientos con los pisos turísticos
El Consejo General de Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (COAPI) ha pedido al gobierno español que respete la autonomía de los ayuntamientos al regular los pisos turísticos. También han exigido que se ajuste y clarifique cómo las comunidades de vecinos podrán permitir o no el establecimiento de pisos turísticos en su edificio. En un comunicado, han solicitado que no se modifique la legislación, sino que se lleve a cabo un "despliegue reglamentario" para preservar el alquiler de temporada. Además, han reclamado al gobierno español una "supervisión rigurosa" de la ampliación de las zonas tensionadas aprobada por la Generalitat en municipios donde el alquiler medio está por debajo de los 350 euros mensuales, una medida que consideran "excesiva".
El Sindicato de Inquilinos dice que la limitación "no servirá para nada"
El Sindicato de Inquilinos dice que la limitación del alquiler de temporada que ha propuesto el gobierno español "no servirá para nada". Así lo ha defendido el portavoz de la entidad, Enric Aragonès, quien ha asegurado que los cambios normativos que quiere llevar a cabo el ejecutivo "no desincentivan" el uso de esta modalidad. "Se desaprovecha la oportunidad de regular verdaderamente estos alquileres", ha dicho. En la misma línea, el portavoz ha desconfiado del registro que quiere crear el Ministerio de Vivienda. "La última propuesta de este tipo tardó más de cuatro años", ha criticado Aragonès, haciendo referencia al índice de precios del alquiler. A pesar de todo, el portavoz ha expresado su confianza en que su propuesta de ley pueda salir adelante.