El Govern propone 131 nuevas zonas tensionadas para limitar el precio del alquiler

Con esta ampliación, el tope del precio de alquileres se podría aplicar a 271 localidades de Catalunya

 Begur es una de las localidades que el Govern de Catalunya ha añadido al nuevo listado de zonas tensionadas | ACN Begur es una de las localidades que el Govern de Catalunya ha añadido al nuevo listado de zonas tensionadas | ACN

El Govern ha solicitado añadir 131 municipios a la lista de zonas tensionadas donde se podrá limitar el precio del alquiler, según ha anunciado este lunes la consellera de Territori, Ester Capilla, desde la Vall d'Aran. Territori ha iniciado los trámites para añadir estas localidades -entre las que hay Vielha, Cadaqués, Begur, Besalú o Altafulla, entre otras- en las 140 zonas tensionadas ya en vigor. Así, en total Catalunya contará con 271 localidades donde se podrá aplicar el tope de los alquileres, una medida que cubrirá una zona donde viven más de 7 millones de personas, el 90% de la población.

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La consellera ha explicado que esta ampliación, que se produce justo un mes después de que haya entrado en vigor en Catalunya la aplicación del tope del precio del alquiler en 140 municipios, responde a los cambios del mercado de la vivienda y a la tendencia alcista del precio del alquiler experimentada los últimos meses.

La ampliación, pero, es todavía una propuesta. La tramitación que ahora empieza seguirá el mismo procedimiento que la primera declaración. Primero se abrirá un periodo de información pública de veinte días para que administraciones, entidades y particulares puedan presentar alegaciones y, una vez finalizado, se analizarán y se responderán, y la resolución final se notificará al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana para que la publique y pueda entrar en vigor.

La ampliación, pero, es todavía una propuesta: la tramitación que ahora empieza seguirá el mismo procedimiento que la primera declaración

La ampliación afecta a los municipios de más de 2.000 habitantes, que no forman parte de los 140 ya declarados, y que cumplen alguno de los requisitos que marca la Ley estatal por el derecho a la vivienda: que las personas o familias dediquen más del 30% de sus ingresos a pagar el alquiler o la hipoteca, incluidos los gastos y suministros básicos; y que el precio de alquiler o de compra de las viviendas haya experimentado en los últimos cinco años un incremento acumulado de al menos 3 puntos por encima del IPC. Capilla ha dicho que continuarán trabajando "intensamente" para "embridar el mercado" y hacer que los precios "no suban".

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