La misma semana que se ratifica, por otra fuente, la situación de la infrafinanciación en que está el País Valencià, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá -antes, presidente de la AiReF- se ha reunido con el presidente Ximo Puig. Y como una especie de compensación le ha asegurado que ésta será una de las primeras autonomías en subscribir el convenio para la gestión del ingreso mínimo vital (IMV).
Fedea, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, ha publicado esta semana un análisis sobre la liquidación del sistema de financiación autonómica correspondiendo a 2018, que ha sido hecho público recientemente por el Ministerio de Hacienda. En la nota, elaborada por Ángel de la Fuente, se calcula la financiación definitiva de 2018 a competencias homogéneas e igual esfuerzo fiscal. Las conclusiones muestran cómo los valencianos son los peor financiados del Estado. Por eso el Gobierno valenciano ya ha anunciado que la Comisión de Expertos de la Comunidad Valenciana para la Reforma del Modelo de Financiación se reunirá el próximo 3 de septiembre con el encargo de la Consellería de Hacienda de trabajar en un documento que incorpore los mecanismos transitorios que permitan compensar la infrafinanciación que sufren los valencianos, hasta que sea posible la puesta en marcha de un nuevo sistema de financiación autonómica acordado con el Estado.
El conseller de Economía, Vicent Soler, ha reiterado que "el Gobierno tiene que avanzar en la reforma del actual sistema de financiación, dotando a las comunidades autónomas de los recursos suficientes para desarrollar todas sus competencias, entre las cuales se encuentran la sanidad, la educación y la dependencia, repartiendo estos recursos mediante un criterio justo y transparente, al mismo tiempo que tiene que fomentar la corresponsabilitat fiscal".
La gestión del IMV
Y una de estas competencias será, y además presumiblemente de los primeros, la gestión de la IMV. "Estamos trabajando conjuntamente a dar la cobertura más grande posible en las personas que más necesidad de ayuda tienen", ha subrayado el presidente valenciano. Puig ha señalado en lo referente a esto que es "extraordinariamente positiva" la medida del IMV y que la Comunitat vaya a ser una de las primeras autonomías a subscribir un convenio para "intentar ser los más eficaces y eficientes que sea posible" en su aplicación.
En este sentido, Escrivá ha explicado que, para realizar una exhaustiva evaluación, habrá que esperar a finales de septiembre, que es el plazo "que inicialmente nos dimos" y por eso se estableció que quién solicite la prestación hasta el 15 de septiembre tendrá efectos retroactivos en su cobro al 1 de junio, si cumple los requisitos. De momento ha confirmado que se han recibido 750.000 solicitudes, de las cuales 36.800 ya se han denegado. Con los trabajos iniciales se ha reconocido ya la prestación además de 80.000 hogares: en cifras supone un gasto de 120 millones de euros, sumando la cantidad que estos beneficiarios recibirán en septiembre.
Menos ERTE valencianos
En cuanto a los ERTE, en este momento, en el País Valencià hay 73.000 trabajadores todavía en ERTE (55.000 en ERTE de Fuerza Mayor y 18.000 en ERTE no Fuerza Mayor), que representan un 5% de los afiliados. Esta activación de trabajadores en ERTE, más intensa que en el conjunto del país, afecta a todas las ramas de la economía. Además, un 21% de los trabajadores que permanecen en ERTE en el País Valencià están suspendidos sólo parcialmente, un porcentaje un poco superior que la media nacional.
En el País Valencià hay 73.000 trabajadores todavía en ERTE
En el conjunto del Estado, el ministro de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social ha afirmado que entre 10.000 y 15.000 trabajadores han salido diariamente de un expediente de regulación temporal de ocupación a las últimas semanas, hasta totalizar 200.000 personas desde principio de agosto.