"Si el límite de velocidad en la autopista está a 120 kilómetros por hora, pero no instalas radares, todo el mundo se pondrá a 180". El presidente de Pimec y de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, Antoni Cañete, ve en el establecimiento de un régimen sancionador contra los retrasos en los pagos a empresas una necesidad de primer orden para el tejido empresarial del Estado Español. La morosidad no es solo, según Cañete, uno de los grandes problemas de la pequeña y mediana empresa del Estado. Después de la pandemia, y con una parte del sistema productivo español viviendo todavía de moratorias y créditos ICO, una rotura de la cadena de pagos provocada por un aumento de los plazos podría poner la economía del país al borde del "desastre" económico.
Según los datos facilitados por la misma entidad, la ratio de contratos impagados en el Estado español en 2021 fue del 4,8%, seis décimas por debajo del dato de 2020 pero todavía muy por encima del umbral recomendado por las autoridades europeas, que se sitúa en el 2,5%. Con estas cifras en la mano, Cañete recuerda cómo una situación similar, en 2014, con un porcentaje de contratos no pagados superior al 5%, provocó una ristra de cierres empresariales que, en caso de repetirse, podría sacudir toda la economía española.
Cañete: "Cuando no tengan liquidez, las empresas acabarán alargando los plazos de pago, rompiéndolos y provocando cierre de empresas y pérdida de puestos de trabajo"
El informe deja algunos datos positivos, especialmente en cuanto al descenso de los plazos de pago. Las empresas consultadas han detectado, en general, una bajada más o menos importante en los días que tardan los clientes en abonar los montantes de sus contratos, unos 72 días en el sector privado – 12 menos que en 2020 – y 61 en cuanto al público, por los 78 del año anterior. Ambos datos, sin embargo, superan por mucho el máximo legal establecido para los pagos de facturas – 60 días en la empresa privada y 30 en el caso de las administraciones – y se mantienen incluso por encima de los márgenes razonables de ampliación de plazos. Además, como lamenta Cañete, las reducciones pueden ser un espejismo provocado por el aumento de capital que los créditos ICO han aportado a las empresas. En este caso, cuando en marzo de este año finalice la concesión de la línea de financiación y las empresas vuelvan a sufrir carencias de liquidez, la Plataforma augura, también, "problemas en la cadena de pagos".
Los mismos créditos ICO, de hecho, pueden suponer a largo plazo un obstáculo más para la salud de los pagos a proveedores en el Estado. Como ha detectado la misma encuesta de la plataforma, hasta tres cuartas partes de las empresas acuden a financiación externa – préstamos, principalmente – cuando sufren falta de liquidez. No obstante, con las deudas asumidas por las líneas de crédito avaladas por el Estado, las posibilidades de conseguir financiación adicional de terceros están limitadas. Las empresas que no tengan acceso, según advierte Cañete, "acabarán alargando los plazos de pago, rompiéndolos y provocando cierre de empresas y pérdida de puestos de trabajo".
A pesar de que las propuestas de la PMcM son diversas, y van desde el establecimiento de un Observatorio contra la morosidad que fiscalice los pagos hasta una mediación que solucione los conflictos contractuales entre empresas, un régimen sancionador es la medida estrella de la entidad. El presidente argumenta que, de hecho, allí donde se han establecido – de manera coyuntural o para sectores concretos – sanciones contra la morosidad, esta se ha reducido, si no directamente desaparecido. La exigencia de pago de facturas de los mismos créditos ICO ha sido un ejemplo, como también lo es la legislación específica de sectores cómo el transporte o la distribución alimentaria. "Donde hay un régimen sancionador, no hay morosidad", espeta el presidente de Pimec.
Lobby contra lobby
Como el dirigente patronal, un 94% de las empresas consultadas en el informe anual de plazos de pago de la entidad, cerca de 800, consideran necesaria una normativa que fiscalice que los pagos a proveedores se hagan dentro de los límites temporales establecidos por ley – un apoyo que la entidad considera indicativo de la máxima prioridad de la propuesta, en cuanto que "es difícil de explicar que el sector privado pida que se le sancione". Aún así, este régimen, en trámite parlamentario desde hace más de año y medio, lleva, como denuncia el mismo presidente, 49 prórrogas – una "vergüenza", declara Cañete. El principal motivo de este retraso sostenido en el establecimiento de la norma es, piensa el empresario, la presión sobre los grupos políticos con representación parlamentaria que ejercen unas grandes empresas que, como lamenta, "hacen mejor de lobby que nosotros".
Los datos de impagos por tamaño de la firma acompañan el razonamiento de Cañete. Según los más de 800 encuestados por la PMcM, las grandes empresas son con diferencia las que más tardan en pagar sus compromisos contractuales, con un 61% de los retrasos. El presidente de la entidad hace una denuncia especialmente vehemente de este fenómeno, en cuanto que, mientras que las pymes y micropymes – con escasa estructura y acceso a capital – pagan en su mayoría los contratos dentro de plazos, si no legales, sí razonables, las empresas más grandes ignoran los términos máximos a pesar de ser "las que han tenido menos dificultades para acceder a la financiación y a más liquidez". El régimen sancionador permanece en la "nevera" legislativa, reitera Cañete, porque hay "grandes grupos empresariales que presionan para que no se aplique".
"Es una barbaridad que la administración cobre intereses por las deudas que contraes, pero que la empresa privada tenga que renunciar a sus plazos de pago para trabajar con el sector público"
La administración ha ido dando respuestas parciales a las demandas en cuanto a la morosidad del tejido empresarial, pero estas, según denuncia la plataforma, han sido "insuficientes". El establecimiento de un segundo plan de pago a proveedores para las entidades públicas es una medida "a celebrar", pero que, por su concreción temporal, puede acabar siendo una "trampa", avisa Cañete. Mientras que la mayoría de administraciones tardan en pagar sus facturas una media de 60 días, la medida contempla el pago solo de aquellas deudas de más de 253 días de antigüedad, y solo afectará a "un puñado de ayuntamientos" que tienen especiales problemas para ejecutar los pagos. "Nos parece una barbaridad que la administración cobre intereses por las deudas que contraes, pero que la empresa privada tenga que renunciar a sus plazos de pago para trabajar con el sector público", acusa el presidente.
Por otro lado, pese al reconocimiento que en el pasado ha hecho al ministerio de Economía del Gobierno del Estado en cuanto al desarrollo de la Ley Crea y Crece, Cañete es crítico con el proyecto que ha llegado a la cámara legislativa. Algunas de las medidas de control de pagos – para subcontratadas, o para la administración pública – han desaparecido de la propuesta normativa, y la Plataforma exige que vuelvan. La organización pide también que el régimen sancionador se introduzca en la misma ley, o que se haga obligatorio el pago dentro de plazos legales para el acceso a dinero público. "Es absolutamente necesario que se introduzcan enmiendas – apremia el presidente – porque Crea y Crece no será suficiente si no tiene medidas de control de los pagos".
Formación legal
Una de los datos más llamativos del informe de la agrupación empresarial ha sido la cantidad de contratos que contemplan plazos de pago más largos de los establecidos por la normativa europea y española. En palabras de Cañete, "un 66 % de los contratos que se firman en este país son ilegales", en cuanto que, desde el 2010, está prohibido establecer acuerdos de pago superiores a los 60 días en el ámbito privado en el Estado. "Es una vergüenza que los contratos incumplan de una manera tan flagrante la legalidad y a las empresas no se los pase nada". Uno de los problemas que detecta la PMcM, en este sentido, es el alto porcentaje de empresarios que aún no conoce del todo la legislación sobre morosidad, hasta un 36%, pese a las "medidas de difusión, información y asesoramiento" de organizaciones como la plataforma. "Todavía se tienen que tomar más, para ampliar el conocimiento sobre cuestiones legales".
Con todo, el establecimiento del régimen sancionador continúa siendo el foco principal de la entidad, que ve al Estado español atrasado en comparación con socios europeos como Francia, donde una normativa similar ya opera y puede resultar en multas por impagos superiores al millón de euros. Según Cañete, la clave está a establecer sanciones proporcionales a las infracciones, que tengan en cuenta cuestiones como la reincidencia en la morosidad, la cuantía de los pagos insatisfechos o los efectos que el impago puede tener sobre los proveedores, con sanciones que puedan llegar a superar, calcula, los 700.000 euros. Desde la plataforma se pide, además, que se haga pública la lista de empresas morosas, talmente como se hace con los impagos a Hacienda. Así, el presidente de Pimec considera que una aplicación a tiempo de esta ley puede solucionar muchos de los problemas del tejido empresarial del Estado. "Cuando se toman medidas, los resultados sobre los plazos de pago son inmediatos".