La edad media de emancipación de los jóvenes en Catalunya se acerca peligrosamente a los 30 años. Esta es una de las principales alertas lanzadas durante la mesa redonda El acceso a la vivienda de los jóvenes de Cataluña: una mirada interdisciplinaria sobre el reto de la emancipación, organizada por La Intercol·legial de Professionals Joves de Catalunya en el Col·legi d’Economistes. El foro ha reunido a representantes de diversos colegios profesionales para analizar una problemática que trasciende sectores y disciplinas.
El presidente de la Comissió de Joves del Col·legi d’Economistes, Ferran Piqué, ha calificado la situación de “muy preocupante” y ha instado a abordar el reto desde múltiples frentes: desde el estancamiento de los sueldos y la baja oferta de vivienda hasta la dificultad de acceso al crédito. Con un 50% de los jóvenes entre 25 y 34 años ganando menos de 22.650 euros anuales, la compra o el alquiler de una vivienda se convierte en un objetivo inalcanzable para muchos.
Desde el ámbito de la salud mental, Ariadna Vila, representante del Colegio Oficial de Psicología, ha advertido que esta dificultad estructural genera consecuencias graves en el bienestar emocional y en el desarrollo vital de los jóvenes: “Cuando un derecho fundamental es vulnerado, aparece el malestar psicológico. La vivienda debería ser una seguridad, no una fuente de angustia”, ha sentenciado.
Otras voces, como la del Colegio de Arquitectos y el de Administradores de Fincas, han coincidido en la necesidad de un cambio de paradigma. Pep Quílez ha destacado el carácter transversal e intergeneracional del problema, mientras que Alejandro Llorens ha advertido de un cambio de crisis: “Hemos pasado de una crisis de precios a una crisis de oferta. Hay que dejar de demonizar la propiedad privada e incentivar su participación en el mercado”.
Con este encuentro, la Intercol·legial Jove reafirma su compromiso de actuar como plataforma de reflexión e impulso de políticas que permitan revertir una situación que no solo afecta a los jóvenes profesionales, sino al conjunto de la sociedad. “El acceso a la vivienda no puede ser una lotería”, han concluido, exigiendo medidas sostenibles y estructurales para garantizar el derecho a una vivienda digna.