Las movilizaciones de la producción de audiovisual independiente del Estado español empezaron solo entrar la Ley General de Comunicación la Audiovisal en rl Congreso de los Diputados. El documento que ha pasado la cámara baja del legislativo español se ha posado en contra a las asociaciones de distribuidoras y productoras autónomas, que lo ven una concesión a la actividad de los grandes medios y las plataformas digitales de vídeo. El presidente de la asociación de productores PROA, JordiOliva, es explícito en su valoración: "La ley es nefasta, y nos quedamos cortos con la definición", argumenta el representante del sector, que considera que la nueva norma significa una apuesta por la competitividad a la baja de la industria cinematográfica española. "Han posado en bandeja la llegada de las plataformas a España; ha sido como un Bienvenido, míster Marshall".
El primer conflicto, en el centro de todo el resto, reside en la definición de productora independiente. Como explica el mismo Oliva, mientras que una definición exacta de productora independiente es una que no depende directamente de un gran grupo mediático, la nueva legislación considera independientes también las productoras asociadas a firmas de comunicación – Atresmedia o Mediaset, por ejemplo – siempre que estas trabajen directamente para un tercero. Es decir, si una productora ligada a una gran televisión privada es contratada por una plataforma como Netflix o HBO para producir un proyecto de serie o película, esta sería considerada independiente. Para PROA, y el resto de entidades del sector, esto supone un gran "agravio comparativo". Los factores son diversos: una productora independiente puede ofrecer presupuestos más modestos; mientras que una asociada a un medio tirne la capacidad de llevar sin coste una gran campaña de difusión precisamente a sus cabeceras y programas.
Oliva: "La nueva ley de comunicación audiovisual descapitalitza el país en términos culturales"
Esta "puerta trasera", como la define el presidente del Clúster del Audiovisual de Catalunya Miquel Rutllant, no es solo una desventaja al mercado, sino que hace irrelevante una de las herramientas de defensa de la producción independiente: las obligaciones de mínimos de inversión en producción local que exigen las instituciones europeas. La ley española, de hecho, es la transposición de una directriz comunitaria dirigida a la conservación de la diversidad de la producción cultural de los países de la Unión; y establece la posibilidad de marcar un suelo de financiación a piezas locales. Otros estados han marcado la pauta a las plataformas en este sentido: Francia, por ejemplo, obliga los inversores externos a dedicar un 25% de su capital al país a obras independientes locales; mientras que Italia marca el límite inferior en un 18%. España, por su parte, establece un comparativamente pobre 5% –un porcentaje que, además, puede acabar copado por productoras que no sean independientes con proyectos encargados directamente por las plataformas, gracias, precisamente, a esta entrada trampa–.
La norma deja el campo abierto a sustituir las producciones del ecosistema colaboradas por plataformas por original de las grandes empresas producidas al país por empresas ligadas a gigantes mediáticos. "Se descapitalitza el país en términos culturales", considera Oliva, que critica además que no se sepa ver la potencia del cine y el audiovisual independiente del territorio. Tanto el presidente de PROA como el del Clúster argumentan que el ecosistema cinematográfico español y catalán ha demostrado con creces su capacidad de hacer aportaciones relevantes a la cultura que signifiquen, además, un gran éxito comercial. El ejemplo más reciente, el de Alcarràs, con una recaudación de dos millones de euros. "Las producciones funcionan; pero nadie otro las habría hecho". Aún así, aspectos como las campañas de marketing, la presencia en programas televisivos o radiofónicos o el acceso a abundantes recursos propios pueden decantar la balanza mucho más que las propuestas artísticas. "Las plataformas no se arriesgarán a trabajar con productoras independientes –lamenta Oliva– porque no tenemos la capacidaf golosa de los medios".
Rutllant, al frente de una entidad que agrupa representantes de todos los lados de la producción audiovisual, reconoce el valor de la norma, pero opina que plantea importantes renuncias. El nuevo marco legal "favorece la llegada de operaciones internacionales; tiene un planteamiento más industrial que cultural, cuando el espíritu tenía que ser cultural", explica el presidente del Clúster. Si bien desde las empresas que se dedican dan la bienvenida a la llegada de grandes producciones, con la escala que estas suponen, Rutllant avisa que "esta no era la única manera de hacer crecer la industria audiovisual del país". Catalunya, y el conjunto del Estado , ya ofrecen "productos de gran calidad", y el legislador no ha sabido encontrar el equilibrio entre negocio e identidad. "Industria sí, cultura también".
El catalán, arrinconado
Si la obligación de la producción independiente y ligada al territorio ha sido apartada por la nueva legislación, las entidades hacen una lectura similar de la defensa de las lenguas cooficiales del Estado que no son el español. "Igual que tenemos que proteger la obra independiente, lo tenemos que hacer con las lenguas", reclama Rutllant, que concede que las plataformas prefieren centrarse en "lenguas que perciben que tienen más recorrido". La literalidad del texto legislativo, así, deja también brrchas para las plataformas eviten las obras en catalán, euskera o gallego.
Rutllant: "Igual que tenemos que proteger la obra independiente, lo tenemos que hacer con las lenguas cooficiales"
Según el presidente de PROA, las plataformas no tienen problemas necesariamente con producir en catalán, gallego o euskera; sí que lo tienen con "las imposiciones europeas". Los grandes actores multinacionales, así, reclaman que se eliminen las exigencias de mínimos de producto, "no quieren aceptar obligaciones". A diferencia otros estados europeos, y de la directiva comunitaria original, el gobierno español ha hecho la concesión de "ir recortando", como denuncia la asociación de productoras, acercándose a las exigencias de las plataformas. "Se dice: Americanos, venid a España, será todo fácil! Pero al final alguien sale perdiendo, y son los productores independientes", lamenta Oliva.
Alternativas legislativas
La situación en que la producción local queda ante la norma, critica PROA, es verdaderamente precaria. "La ley acabará aprobándose, y será una verdadera sentencia de muerto para el sector", augura Oliva. Con un formato que favorezca tanto a los grandes actores, muchos productores no tendrán oportunidad de invertir y recuperar las apuestas económicas en películas catalanas y en catalán – u otros territorios del Estado –. "Cuando Netflix hace una película con una productora de fuera, es igual donde la ruede; la propiedad es suya, y la obra es americana", a diferencia de las producciones locales financiadas por otros actores, que "pertenecen al tejido cultural local". Esta es, según el sector, la gran pérdida de la cultura española si se lleva a cabo el que propone la norma.
El ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, durante la presentación del anteproyecto de ley del cine | EP
Ante esta tesitura, las empresas locales buscan influir sobre otros procesos legislativos por, si bien no recuperar el que se ha perdido con la ley del audiovisual, compensar el retroceso. Los dos debates más próximos son los de la ley de propiedad intelectual y la del cine, que afectan también profundamente la actividad de los creadores. En este sentido, Rutllant considera que se tendría que operar de tal manera que los derechos de las obras se quedaran en buena parte con el artista. "A menudo las condiciones que se firman con las plataformas y medios contemplan una cesión total de los derechos", una situación que se tendría que regular con una legislación que "favorezca el creador o productor". Las hipotéticas victorias en este debate, si bien "no contrarrestarán todo lo que se pierde", pueden "generar un entorno más positivo". Como alternativa a la apuesta industrial del Estado, además, el presidente del Clúster posa el foco en la fiscalidad. "Queremos atraer todo lo que podamos en inversión por nuestras producciones, de tal forma que el gap de financiación sea cubierto por las mismas concesiones fiscales", razona.
Por otro lado, desde PROA exploran cómo elevar una queja formal a la Comisión Europea. En cuanto que la nueva ley del audiovisual es una transposición de la normativa comunitaria, los productores independientes opinan que se tendría que ajustar mucho más al espíritu de esta. La propuesta del Estado "viola las directrices europeas, y tendrían que tumbarla". El equipo legal de la entidad, confirma Oliva, piensa que pueden recibir una respuesta positiva de las instituciones de la Unión, ante una legislación "hecha a marchas forzadas, tarde y mal". "La filosofía que hay detrás de la directiva europea es el fomento del producto propio, y esta ley lo vulnera", coincide Rutllant.
¿Dónde son los creadores de contenidos?
Otro de los colectivos profesionales que esperaban una regulación de su actividad ante grandes plataformas tecnológicas son los creadores de contenidos. Streamers, tiktokers, youtubers e influencers en varios formatos, ya hace meses agrupar por primera vez en el Estado alrededor de la Red de Creadoras de Contenido de la Unión General de Trabajadores, reclaman normalizar "un ámbito completamente nuevo" –una iniciativa a la que la ley del audiovisual ha renunciado–. RubénRanz, coordinador de Turespuestasindical y de la Red de Creadoras, reconoce que "en estos momentos el centro del debate era otro", a pesar de que "era importante hacerlo para el reconocimiento de una nueva actividad, de un nuevo trabajo".
Ranz: "Es mucho más fácil explicar al legislador lo que necesitas con un acuerdo entre partes; el primer paso es que las plataformas negocien con nosotros"
Así, las principales reclamaciones del sector son un mayor diálogo con las plataformas, un reconocimiento claro de la tarea de los creadores de contenido y una definición de las responsabilidades de empresas cómo Twitch (Amazon) o TikTok (Bytedance). Ranz reclama, por ejemplo, un CNAE específico que defina la cotización de las trabajadoras y trabajadores de estas plataformas. La clasificación de autónomos, ironiza el representante de los trabajadores, "está pensada a los 80", y no se adapta a la nueva realidad de muchas profesiones por cuenta propia que operan en entornos digitales.
Por otro lado, uno de los temas más relevantes es la asignación a las plataformas del registro de creadores a la CNMC, el órgano encargado de la gestión de la publicidad en medios y que también concentra la fiscalización de la actividad comercial de influencers y otros trabajadores digitales. Hasta ahora, la responsabilidad de trasladar la información a la Comisión recae en el mismo trabajador, mientras que UGT pide que la encargada sea la empresa. "Muchos microinfluencers no tienen capacidad y estructura como para entender y cumplir con la normativa; equiparar un trabajador con una productora es demasiada", opina Ranz. Con todo, la tarea exige poner en el centro del debate la situación de estos perfiles, y esto pasa por la acción colectiva y el diálogo social. "Es mucho más fácil explicar al legislador el que necesitas con un acuerdo entre partes; el primer paso es que las plataformas negocien con nosotros", reclama el sindicalista.