Decir no es el mismo que hacer. Según datos del Colegio de Registradores, hay 3.004 empresas que anunciaron que trasladarían la sede social fuera de Cataluña desde el 1 de octubre hasta el 12 de diciembre. Pero lo han hecho? A efectos prácticos, sólo 332 empresas han seguido todos los pasos para hacer efectivo el cambio de domicilio, tal como queda recogido al Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme). El más sorpresivo de todo es que desde el 6 de octubre, hacer las maletas es más fácil que nunca gracias al decreto expreso del Consejo de Ministros que permite cambiar de sede con o sin el visto bueno de los accionistas.
Desde aquel viernes posterior al referéndum, cambiar de sede se hace en pocos pasos: la empresa presenta una solicitud en el registro mercantil de origen, se comprueba que no hay actas pendientes y finalmente, se expide un certificado literal que tiene una vigencia de 3 meses y se tiene que entregar al registro mercantil de destino. Cuando todo esto se ha hecho, el traslado sale publicado al Borme.
El plazo habitual por el proceso de traslado va de los 30 a los 40 días
En el sentido opuesto a la fuga, un total de 132 empresas de fuera de Cataluña han solicitado trasladar en los últimos dos meses su sede social aquí, de las cuales 73 ya han culminado todo el proceso. A guisa de comparación, sólo el 12% de las empresas que dijeron que trasladarían su sede fuera de Cataluña ya lo han hecho mientras que el 55% que dijeron que vendrían, ya están.
Los motivos?
Según fuentes del Departamento de Economía y Hacienda, el plazo habitual para todo este proceso va de los 30 a los 40 días. Teniendo en cuenta que hay 1.982 solicitudes de traslado que se hicieron durante el mes de octubre, no queda del todo claro por qué hay un grueso tan importando de empresas que encara no han pasado de la teoría a la práctica. En concreto, el Borme recoge que sólo hay 96 empresas en octubre y 236 en noviembre que hayan culminado el proceso.
Así pues, la pregunta del millón es por qué todo el resto no han hecho ya el traslado? Las hipótesis son variadas, desde un colapso del registro mercantil por la masificación de peticiones a un wait and see de cara a las elecciones del 21D. La clave de todo la tendrá el diciembre más político de los últimos años. Un golpe pasado la Navidad, empezarán a expirar muchos de los certificados literales y ya se podrá comprobar cuántas empresas han dado el paso definitivo para marchar. No es el mismo decir que hacer y en cualquier caso, conviene recordar que no es un proceso irreversible.
Un golpe pasado la Navidad, empezarán a expirar los certificados literales
Al mismo tiempo, desde el Departamento de Economía también se recomienda tener en cuenta que los grandes conglomerados empresariales tienen diferentes nifs (número de identificación fiscal) para sus sociedades y cada nif puede contar como una empresa que marcha. De las 332 empresas que ya se han trasladado, un 56,5% han escogido Madrid. A mucha distancia, también aparecen: Aragón (11,4%), País Valenciano (9,3%), Islas Baleares (6%) o Andalucía (5,4%), entre otros.
El economista y profesor de Columbia University, Xavier Sala-y-Martin, señalaba este miércoles en un artículo al Ahora algunas características de la gran mayoría de las empresas que han decidido marchar: no son extranjeras, se encuentran dentro de un sector "altamente regulado o con dependencia de la obra pública del Estado" o son susceptibles de boicot entre los clientes españoles. Un conjunto de categorías que incluye cimenteres, cavistes, bancos o empresas de seguros.
Sin efecto
El ritmo de solicitudes de traslado ha ido in decrescendo de forma muy significativa. Del máximo diario de 268 logrado el 19 de octubre hasta las 16 del pasado 11 de diciembre. La directora general de análisis económico de la Generalitat, Natàlia Mas-Tiza, asegura que se trata "de un cambio notarial sin efecto en el PIB de Cataluña" teniendo en cuenta que no impacto en la producción, la actividad o los trabajadores. "Naturalmente no es positivo pero hay que ser rigurosos al explicar el impacto", añade antes de detallar que el manual del sistema europeo de cuentas estipula que el cálculo del PIB se hace según las tres variables anteriormente mencionades.
En este mismo sentido, el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) defiende también que el impacto para las arcas públicas de la recaudación es "prácticamente inexistente", puesto que no afecta a la recaudación en cuanto al impuesto sobre sociedades y el IVA, exceptuando el impuesto de transmisiones patrimoniales y los actos jurídicos documentados cuando se realizan ampliaciones de capital. La única diferencia es que el primero no financia a las comunidades sino que se ingresa directamente en las arcas públicas estatales mientras que la recaudación del segundo se hace de acuerdo con la proporción de consumo que cada región obtiene, y se reparte al 50%.
De momento, no son 3.000 empresas sino que 332 que ya han marchado de verdad. La Navidad hará el resto.