El nuevo modelo de financiación autonómica que plantea el gobierno español incluye cambios en los criterios de población ajustada y aumenta la cesión del IVA hasta el 56,5% y el IRPF hasta el 55% (vs. 50% actual). El nuevo sistema también modifica los mecanismos de compensación entre territorios y en global aportará 20.975 millones más a las comunidades autónomas. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado que las diferencias de financiación por habitante ajustado se reducen casi un 50%.
voluntariamente recibir una parte del IVA de las pymes y un “fondo climático” de 1.000 millones que beneficiará especialmente al litoral, como sería el caso de Cataluña.
El gobierno español ha hecho los cálculos teniendo en cuenta que el nuevo modelo entrará en vigor a partir de 2027 y cree que tendrá una vigencia de cinco años. La propuesta renueva el modelo actual, que ya cumple diecisiete años y debía durar cinco.
Aumento de los recursos que reciben las comunidades autónomas
Montero ha detallado el incremento de recursos que se prevé para las comunidades autónomas respecto al modelo vigente y que para Cataluña supone 4.686 millones de euros más. Se trata del segundo territorio con mayor aumento en términos absolutos, solo superado por Andalucía (4.846 millones). Le siguen Valencia (3.669 millones) y Madrid (2.555 millones).
La ministra ha admitido que se trata de un sistema “complejo”, fruto de un “largo proceso de estudio, análisis y escucha”. Así, ha negado que “lo que gana un territorio lo pierda otro”.
El gobierno español trabaja para incluir un “límite” al dumping fiscal. Montero ha indicado que este es un elemento que les “preocupa”. “No tiene sentido que estemos haciendo desde el gobierno español esfuerzos extraordinarios para dotar de mayores recursos a los territorios y que después los territorios bajen los impuestos en la parte que les corresponde”, ha afirmado Montero. Sin hacer ninguna mención explícita, la ministra se ha referido a la Comunidad de Madrid.
Cambios en los criterios de población ajustada
Para llegar a las cifras planteadas, el ejecutivo de Pedro Sánchez ha diseñado un nuevo criterio para determinar la población ajustada de cada comunidad. La población ajustada facilita la cifra de habitantes de cada comunidad ponderando variables que influyen en el coste de los servicios y las necesidades de financiación -por ejemplo, una comunidad con una población más envejecida tiene más gasto en salud-.
En concreto, el sistema presentado propone que la población “protegida” se amplíe de 7 a 20 grupos de edad con el objetivo de “mejorar el cálculo y la fiabilidad”. Este elemento es el que tiene un mayor peso en la tabla de ponderaciones, de hasta el 38%. En segundo lugar, está la cifra de población según figura en el padrón, que tiene un peso del 30%.
El sistema presentado propone que la población “protegida” se amplíe de 7 a 20 grupos de edad con el objetivo de “mejorar el cálculo y la fiabilidad”.
También se tienen en cuenta cuestiones vinculadas a la educación: los habitantes hasta los diecisiete años (peso del 17%) y los de entre 18 y 24 años, y reconoce el coste que supone para las comunidades autónomas acoger estudiantes universitarios de otros puntos del Estado (3,5%).
En servicios sociales, los mayores de 65 años tienen una ponderación del 7% y los parados sin prestación del 1,5%. Las ponderaciones se completan con criterios vinculados a la superficie (1,6%), la dispersión (0,5%), la insularidad (0,5%) y los costes fijos (0,4%). De este modo, Montero ha asegurado que se incluyen elementos para afrontar el “problema de la despoblación”.
Aumento de la cesión del IVA e IRPF
Entre los elementos del nuevo modelo destaca un aumento de la cesión de impuestos, que el gobierno español calcula que en conjunto supone elevar la financiación en unos 16.000 millones de euros. Además del IVA y el IRPF, se añaden a la cesta el impuesto sobre el patrimonio, el impuesto sobre los depósitos bancarios, el impuesto sobre actividades del juego y el impuesto sobre depósitos de residuos.
Entre los elementos del nuevo modelo destaca un aumento de la cesión de impuestos, que el gobierno español calcula que en conjunto supone elevar la financiación en unos 16.000 millones de euros.
La cesión de los impuestos especiales se mantiene en el 58% -tabaco, alcohol, cerveza e hidrocarburos- y el 100% de los impuestos de sucesiones, transmisiones patrimoniales, impuesto especial sobre determinados medios de transporte, tributos sobre el juego y tasas e impuesto sobre la electricidad.
Una vez establecidos estos mecanismos, el gobierno español prevé un “mecanismo de solidaridad interterritorial”, que “nivela” al 75% la distancia de cada comunidad respecto a la media de recursos por habitante ajustado. Es decir, que las comunidades con una capacidad tributaria por habitante ajustado por debajo de la media recibirán recursos, mientras que las que se sitúan por encima serán aportadoras netas. También se ha fijado un “mecanismo de nivelación vertical”, que pretende “acortar más” las diferencias por habitante ajustado.