Renovables sin alimentos

Es tal el olvido que, mientras se reclama la plena soberanía energética, en ningún momento se deja intuir la preocupación por la baja tasa de autoabastecimiento alimentario de Catalunya

    Un panel de energía solar con varias ovejas | iStock
    Un panel de energía solar con varias ovejas | iStock
    Francesc Reguant | VIA Empresa
    Economista, experto en estrategias de la agroalimentación
    10 de Junio de 2025
    Act. 10 de Junio de 2025

    Se acaba de publicar el decreto ley 12/2025 de 3 de junio “para aumentar la resiliencia del suministro eléctrico en Catalunya”. El decreto nos habla de urgencia para desarrollar las energías renovables, más evidente después del gran apagón. El decreto declara las energías renovables de interés público superior. También nos habla del retraso histórico con renovables en Cataluña. A su vez, simplifica los caminos burocráticos para la implantación de las energías renovables. Totalmente de acuerdo con la urgencia, el retraso, el interés público superior y la desburocratización.

     

    Sin embargo, el decreto ley tiene un defecto importante en su base, nace cojo. Se habla y se quiere actuar en defensa de las energías renovables sin contemplar la producción de alimentos. Graziano da Silva, exdirector de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), ya advirtió: “hay que pasar del debate de alimentos contra combustibles a un debate sobre alimentos y combustibles”. Pero este decreto no lo ha tenido en cuenta.

    Se sigue hablando de la producción de alimentos como una molestia. Es tal el olvido que, mientras se reclama la plena soberanía energética, en ningún momento se deja intuir la preocupación por la baja tasa de autoabastecimiento alimentario de Catalunya.

     

    Se proclama el interés superior de las energías renovables sin mencionar el mayor interés crítico de la producción de alimentos. Se da por hecho que los alimentos los compraremos fuera. Sin visión del coste que esto puede reportar en un futuro de previsible mayor tensión entre oferta y demanda alimentaria, algo de lo que ya tenemos las primeras evidencias.

    Tampoco se hace referencia a instalaciones posiblemente compatibles como la agrovoltaica.

    No se expone ni se hace referencia a una necesaria planificación precisa del territorio con una priorización de las localizaciones de la fotovoltaica en las áreas e instalaciones que tengan menores impactos en usos críticos. Implícitamente, se señala el suelo agrícola como objetivo sin priorizar otras ubicaciones.

    Se da por hecho que los alimentos los compraremos fuera. Sin visión del coste que esto puede reportar en un futuro de previsible mayor tensión entre oferta y demanda alimentaria

    Lo que es más preocupante es que se olvida de un compromiso ya aprobado por el Parlament de Catalunya el pasado 9 de marzo de 2024 en el “debate sobre el campesinado” que decía: “Modificar, para proteger los regadíos ante la instalación de energías renovables, el artículo 2.1 del Decreto ley 5/2022, de 17 de mayo, (decreto que modificó el decreto ley 16/2019 de 26 de noviembre) devolviendo a su redactado original que se refería a la no afectación a ámbitos incluidos en proyectos de implantación de nuevos riegos o de transformación de los existentes promovidos por la Administración, excepto que se trate de plantas destinadas al autoconsumo o de proyectos de interés público, garantizando que esta modificación no afecte a proyectos en tramitación.”

    Este compromiso del pasado 9 de marzo de 2024 quería acabar con la autorización de poner placas solares en terrenos de regadío actuales o en perspectiva de serlo. Esto que siempre he considerado una barbaridad hoy sigue siendo una barbaridad. Una infraestructura pública, imprescindible y cara, no se puede destruir para satisfacer intereses particulares. Parece mentira que tenga que escribir esto otra vez. Intereses e ideologías que no comparto llevaron a la casi inviabilidad del Canal Segarra-Garrigues. ¡Basta!, ¡Pongamos sentido de país! No podemos ir destruyendo las bases de nuestro futuro por intereses particulares de mirada corta.

    Siempre he sido un defensor de las energías renovables. Mi entorno familiar y social me ha acompañado. En los años setenta en casa de mis padres había placas solares termosolares. Hace 12 años, al elaborar el estudio de impacto socioeconómico del Segarra Garrigues, expusimos con Maite Sisquella y Ramon Lletjos, una propuesta pionera como era el interés y necesidad de poner placas solares en canales y pantanos. Mientras teníamos esta preocupación, los retrasos en Catalunya en este tema se iban produciendo con gran indiferencia de todos.

    ¡Basta!, ¡Pongamos sentido de país! No podemos ir destruyendo las bases de nuestro futuro por intereses particulares de mirada corta

    Pero, ha llegado el momento en que, por diversas circunstancias añadidas, poner placas solares pasa a ser económicamente deseable. A partir de este momento, un runrún de intereses de diverso origen (empresas, propietarios de terrenos, ayuntamientos, ...) sobrevuela el territorio en busca de las mejores ubicaciones. Y, ¿cuáles son las mejores ubicaciones? Los terrenos agrícolas planos donde el campesino ya ha hecho el trabajo de tenerlos ordenados. Y, aún mejor, los terrenos de regadío los que mejor garantizan la idoneidad. Cuando este hecho se evidencia, el resto solamente requiere, por un lado, el olvido de otras alternativas menos o nada impactantes con la producción de alimentos y, por otro lado, capacidad para hacer valer el peso de su poder económico. Desde los entornos interesados se desmerecen ubicaciones alternativas y se reclama la crema y nata del pastel. Como si la energía barata fuera un bien superior a la alimentación barata.

    Estamos ante un tema complejo. Los temas importantes siempre son complejos. Necesitamos energía y necesitamos alimentos. Si habláramos de prioridades serían los alimentos donde debería recaer esta prioridad. Pero hablamos de compartir, de entendimiento y diálogo. Hay caminos sobrados para hacer las cosas bien y esta misión reguladora corresponde sin excepciones al gobierno. Es el gobierno quien debe hacer prevalecer los intereses del país.