El 12 de mayo del año 2021, el BOE (Boletín Oficial del Estado) publicó el decreto ley que, según el Gobierno, nacía para garantizar los derechos laborales de las personas dedicadas al reparto de productos a plataformas digitales. Una normativa que, popularmente, ha recibido la denominación de ley rider.
La propuesta entró en vigor en verano, concretamente el 12 de agosto, para dar cobertura a personas que prestaban sus servicios a grandes empresas como Glovo, Uber o Deliveroo, entre otros. La regulación estatal plantea el contrato como forma de relación con los trabajadores y la publicación de los datos de algoritmo que utilizan las empresas para gestionar el movimiento de los repartidores.
Hoy por hoy, los sindicatos valoran "positivamente" la aparición de la ley, pero a la vez, también creen que al ser una normativa reciente, todavía no tiene una jurisprudencia que refuerce su despliegue y vigencia. En paralelo, los representantes de los trabajadores sitúan como elemento clave la construcción de estructuras sindicales para ser interlocutores válidos con las empresas.
El componente piramidal del autónomo
Dentro del debate previo a la aprobación y entrada en vigor de la ley rider, un número importante de repartidores manifestó su rechazo a la normativa y, a la vez, su deseo de continuar trabajando como autónomo. "El discurso del autónomo que gana más dinero no es una realidad, porque estamos hablando de una situación muy piramidal", apunta Liliana Reyes, responsable de Nuevas Realidades del Trabajo, Economía Social y Solidaria en CCOO Catalunya.
Por su parte; Fernando García, presidente del comité de empresa de Glovo en Madrid, considera que la plataforma liderada por Òscar Pierre "no aplica la ley, el 80-90% de los repartidores de Glovo son falsos autónomos". En el mismo sentido se ha pronunciado la Intersindical.
"Hablamos de una ley ad hoc que no soluciona el problema, de hecho, algunas plataformas han creado empresas pantalla para seguir precarizando", describe Dani Gómez Loren, secretario de negociación colectiva. Un informe de ESADE recoge que, en el mes de agosto, el sector delivery tenía registrados unos 11.000 trabajadores con contrato laboral en toda España, de los cuales una horquilla de 2.500-3.000 operan en Catalunya.
La construcción de estructuras sindicales
Para consolidar la protección de los derechos laborales, desde Comisiones Obreras se hace hincapié en el despliegue de las estructuras sindicales. "Celebrar elecciones sindicales es la única forma de obtener representantes válidos que puedan conversar con la empresa y pedir los datos del algoritmo".
La normativa reconoce los comités de empresa como un organismo legítimo para exigir estos datos. Fernando Garcia va un paso más allá y asegura que "no solo los riders tienen derecho a pedir los datos de algoritmos, yo animo que lo hagan el resto de sectores de la economía".
La normativa reconoce los comités de empresa como un organismo legítimo para exigir los datos de los algoritmos
Bajo el criterio de ESADE, la aplicación de la nueva normativa no ha tenido un impacto negativo en la facturación de las empresas. Sin dejar la problemática generada alrededor de los algoritmos, la escuela de negocios recomienda la creación de un espacio de estadísticas oficiales de las plataformas digitales.
Tres años para completar el despliegue
El efecto real de la ley rider no se verá hasta dentro de dos o tres años, advierten desde los sindicatos. Todos ellos recuerdan como los incumplimientos que ya se llevan a los tribunales, no se resolverán en un periodo breve de tiempo y, por lo tanto, no existe una jurisprudencia como marco de referencia.
ESADE sugiere la creación de mecanismos para el cumplimiento de la ley para evitar casos de competencia desleal y la negociación de un convenio colectivo. En este sentido, el comité de empresa de Glovo en la capital española hace un llamamiento a las plataformas para adaptar su modelo de negocio, "no se puede llevar una hamburguesa caliente a una casa en 10 minutos y por 1 euro", reflexiona Fernando Garcia.
Glovo ha rechazado responder a las preguntas planteadas por VIA Empresa relacionadas con la ley rider. En septiembre, Inspección de Trabajo impulsó una multa de 79 millones de euros a la firma catalana por tener 10.000 falsos autónomos en Barcelona y Valencia. Glovo es propiedad del grupo alemán Delivery Hero desde el 1 de enero.