"La Segunda Oportunidad supuso una bocanada de aire fresco". Montse Moreno, beneficiaria de la exoneración del pasivo insatisfecho, valora las herramientas legales al acceso de las personas en estado de insolvencia que le han permitido volver a la actividad económica. Las deudas adquiridas por una empresa familiar de qué era administradora la llevaron a esta situación "límite", afirma, de la que ha conseguido salir gracias a un procedimiento contemplado a la ley concursal. En medio del debate por la transposición de la normativa europea a la ley española, el coordinador del grupo de segunda oportunidad del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, Martí Batllori, exige que los aspectos más beneficiosos de este texto se mantengan en esta adaptación a la norma comunitaria. "La ley de segunda oportunidad funciona – explica Batllori – y defendemos un modelo que creemos que es bueno".
El ICAB, como parte impulsora de la Alianza por la Segunda Oportunidad, organiza los próximos 17 y 18 de noviembre a su sede el primer Congreso Europeo dedicado exclusivamente a este procedimiento. Según la tesorera del ente, Yvonne Pavía, el acontecimiento llega en un momento en que la segunda oportunidad se ha convertido en un "procedimiento necesario". La pandemia y la crisis socioeconómica sobrevenida han llevado a muchas personas – particulares y empresarias – a situaciones de insolvencia, y la capacidad de "volver a la actividad económica" se vuelve todavía más relevante en este contexto. Según datos del Consejo General del Poder Judicial, Catalunya concentra el 32% del total de procedimientos que se hacen en el Estado Español – un dato que "no responde al hecho de que haya más crisis", apunta el miembro del grupo de trabajo del ICAB Miguel Ángel Salazar , sino a una mejor colaboración de administraciones y judicatura en este ámbito.
Batllori: "La ley de segunda oportunidad funciona, y defendemos el modelo que creemos que es bueno"
Poner el foco en la segunda oportunidad y la exoneración de la deuda es, según Salazar, un "cambio de paradigma" en el ámbito concursal. El procedimiento del concurso, afirma "prevé cubrir lo máximo posible al acreedor, mientras que la segunda oportunidad se dedica al deudor". Desde el colegio, así, esperan que "las conclusiones del primer congreso europeo de segunda oportunidad sea útil en los trabajos legislativos" que se tendrá que concretar con el Anteproyecto de ley concursal que aterrizaría la transposición de la Directiva Europea de Reestructuraciones e Insolvencia.
El espíritu de este primer congreso, según el organismo, es ir más allá de la perspectiva jurídica – en linea con una Alianza por la Segunda Oportunidad formada por colegios profesionales de varias ramas, entidades del tercer sector y otras instituciones. Así, el evento contará con una serie de tablas dedicadas específicamente a los aspectos jurídicos de la insolvencia personal, pero también con toda una programación que observará el procedimiento desde el punto de vista socioeconómico. "La mirada socioeconómica – argumenta Salazar – permite entender el proceso desde el punto de vista de la acogida social o la salud".
Los actos enmarcados en el congreso contarán, así, con representantes de varios ámbitos, desde la judicatura hasta el trabajo social. Durante las ponencias, la ICAB acogerá parlamentos de personalidades del mundo de la empresa – cómo los presidentes de las patronales CECOT y PIMEC, Antoni Abad y Antoni Cañete – de la academia y de los Colegios profesionales representadas a la alianza. También participarán autoridades del Estado y la generalidad, con la ministra de Economía del Gobierno central Nadia Calviño, que dará la bienvenida al Congreso, o la consellera de Justícia Lourdes Ciuró, participante en su cierre. "Las conclusiones de este congreso – proyecta Pavía – serán el punto de salida de una cursa para hacer crecer la segunda oportunidad".
Aumento de insolvencias
Mientras que durante todo el año 2016 se produjeron un total de 7.040 concursos de acreedores, según datos del CGPJ recogidas por el ICAB, solo hasta el segundo trimestre de 2021 se han registrado más de 10.100. En cuanto a las personas físicas, como apunta Salazar, se ha registrado un aumento interanual del cercando del 40%. "Hay una necesidad por este proceso", afirma el miembro del ICAB, que celebra un "cambio de mirada" en la ensambladura de regulador y social de la insolvencia en Catalunya.
Salazar: "La mirada socioeconómica permite entender el proceso desde el punto de vista de la acogida social o la salud"
La percepción social de la Segunda Oportunidad, lamenta, todavía no está al mismo nivel que al entorno europeo. "En otros países la sociedad está entendiendo que esta herramienta es positiva por la economía", algo que hace que en entornos legislativos comparables al español en el ámbito concursal, cómo Alemania o Francia, el uso de este proceso "tiene mucha más querencia que aquí". La diferencia es, de hecho, abismal: según los datos publicados por el ICAB, los procedimientos de insolvencia al estado español durante el 2020 se quedaron en unos 8.507 registrados, mientras que en Alemania superaron los 81.000; y en Franca, los 108.000. "Tenemos que ver qué están haciendo bien los otros países e implementarlo aquí", afirma Pavía.
Un mecanismo como el de Segunda Oportunidad, más centrado en la persona física que en la jurídica, es especialmente relevante en el contexto actual. El CGPJ recoge, de hecho, que la proporción de procesos concursales entre personas físicas y jurídicas se ha dado la vuelta en el último lustro: mientras que en 2016 solo el 26% de los casos eran de deudores individuales – empresarios o no – por un 74% de empresas, durante el 2021 la relación es de un 70/30 – un proceso que, como apunta Salazar, se ha ido consolidando año tras año. "El anteproyecto de ley pone el foco en los procesos de reestructuración y de exoneración, más encarados a la persona física – creemos que este es el futuro", argumenta el abogado.
Barreras en el buen camino
"El anteproyecto presentado es, en general, un buen proyecto", afirma Batllori, "pero hay tres errores que dificultan el acceso a la solución". Según el miembro del colegio, el aumento de restricciones, el "superprivilegi" al pasivo con las administraciones públicas y la eliminación de la prescripción de la asistencia legal dificultan, y no ayudan, a hacer efectivo el procedimiento de segunda oportunidad. "No queremos que se excluya a los más débiles de un procedimiento como este", afirma.
Pavía: "Hace falta mucha más divulgación y formación sobre la segunda oportunidad"
Según los ponientes, la eliminación de la prescripción de asistencia legal en los procesos de insolvencia – "complejos, en que un solo error" puede hacerlos fallar – provoca que no se haga efectivo el derecho a atención legal gratuita, es decir, de un letrado de oficio, cuando haga falta. Esto, según Salazar, presenta el riesgo que solo las personas con suficientes recursos para acceder a esta asistencia legal puedan permitirse llevar a cabo el procedimiento "de manera adecuada". En cuanto a la posibilidad de exonerar el crédito público, Batllori recuerda que la jurisprudencia del Tribunal Supremo está a favor – y así se está aplicando en los tribunales mercantiles que están llevando a cabo procesos de este tipo. El responsable del Grupo de Trabajo critica la intención de "sobreproteger el crédito público, cosa que puede ahogar las personas deudoras", mientras reivindica que el crédito con las administraciones tenga "la misma cobertura que el resto".
Los colegiados celebran, pero que "estos temas van generando consenso" – un consenso, además, alrededor de medidas que ya se están aplicando. "Pensamos que el modelo actual de segunda oportunidad funciona – afirma Batllori – y queremos mantenerlo con las mejoras pertinentes". Mejoras como, por ejemplo, la consideración de derecho del Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho – "deja de ser una gracia", explica Salazar – o la eliminación obligatoria de las personas beneficiarias del procedimiento de las listas de morosos de las entidades bancarias. "Con la crisis actual el mecanismo será más necesario", apunta Pavía, que piensa el Congreso cómo una herramienta de reflexión, pero también de promoción, en cuanto que "Hace falta mucha más divulgación y formación sobre la segunda oportunidad", concluye.