Diálogo y respuesta unitaria, empresas y agentes económicos condenan la sentencia

Patronales, sindicatos y entidades se añaden a la convocatoria 'Por los derechos y las libertades' para mostrar su rechazo a la decisión judicial

La fachada principal del Tribunal Supremo | Cberbell
La fachada principal del Tribunal Supremo | Cberbell

Poco después de las 9 de la mañana, salía a la luz la esperada sentencia del juicio del procés con condenas que van desde los 9 años de prisión hasta los 13. Las reacciones no se han hecho esperar. Patronales y sindicatos se han dado prisa en mostrar su rechazo a las acciones judiciales vinculadas a unos hechos políticos y más de 100 entidades se han añadido a la convocatoria Por los derechos y las libertades para hacer piña y escenificar unidad de acción contra la sentencia.

La defensa de los derechos individuales y colectivos, la voluntad de evitar que todo esto sea un "lastre" para el desarrollo económico y social y la resolución de un conflicto político por la vía judicial son sólo algunos de los elementos que han unido a todas las entidades, instituciones, patronales y sindicatos que han querido reivindicar el diálogo, así como articular una respuesta unitaria ante esta condena a los líderes políticos.

Més de 100 entitats, patronals i sindicats se sumen al manifest 'Pels drets i les llibertats' | UGT

Més de 100 entidades, patronales y sindicatos se suman al manifiesto 'Por los derechos y las libertades' | UGT

El Consejo de Presidentes del Consell General de Cambres de Catalunya lamenta en un comunicado que "la judicialización de la política que ha vivido y vive nuestro país, la carencia de seguridad jurídica y la inestabilidad económica que se deriva de ello, perjudican al tejido empresarial". A pesar de que rechazan una parada de país, las Cámaras aseguran que ante una situación así y "teniendo en cuenta el momento excepcional que vivimos, no podemos restar indiferentes" y, precisamente por eso, apuntan que "respetaremos la respuesta mayoritaria de la ciudadanía siempre y cuando sea en un contexto de defensa no violenta de la democraacia, la libertad y los derechos individuales y colectivos".

En este sentido, instan a los representantes de las instituciones a reiniciar las vías de diálogo para efectuar una "respuesta de país" e invitan a patronales, organizaciones empresariales, sindicatos y otros actores económicos a añadirse a su manifiesto. Además, las Cámaras recuerdan que una situación así se acaba concretando en "una carencia de retorno en forma de inversiones en infraestructuras y otras actuaciones, de los recursos que aporta el país a la caja común del Estado", cosa que acaba desembocando en "un verdadero lastre para su desarrollo social y económico".

Consell de Cambres: "La judicialización de la política y la carencia de seguridad jurídica perjudican al tejido empresarial"

De hecho, el presidente de la Cambra de Barcelona, Joan Canadell, ha querido recordar que "decida lo que decida la gente, recordamos que están en la prisión por intentar cumplir con el mandato del pueblo que dice basta a un déficit fiscal acumulado de 400.000 millones de euros", al mismo tiempo que subraya que un día de parada equivale al 0,15% del PIB, mientras que el déficit fiscal representa el 8%.

En la misma línea, Cecot, que se suma al manifiesto conjunto, rechaza "la judicialización de un conflicto que desde un inicio entendemos de naturaleza política y que, como tal, requería y requiere de un diálogo, negociación y pacto al más estricto nivel político" y lamenta "el encarcelamiento de cargos escogidos democráticamente por los ciudadanos y de personas de la sociedad civil, en su ejercicio de la libertad de pensamiento y libertad de expresión, derechos esenciales de una democracia con libertades, demuestran el fracaso de la política, la incomprensión del conflicto latente y una carencia de voluntad para resolver la situación".

Mientras, el Cercle Català de Negocis (CCN) sube el tono y sostiene que este juicio "ha sido una gran farsa, una aberración procesal sin precedentes y una flagrante violación del Estado de Derecho que tira por el agujero del fregadero la convivencia entre Catalunya y España", motivo por el cual instan las autoridades catalanas a levantar la suspensión de la Declaración de Independencia. Ellos también se añaden al manifiesto conjunto.

La hora de la política

La Unió Empresarial de l'Anoia (UEA) hace un llamamiento a la ciudadanía "a participar a las movilizaciones de todos los espacios compartidos que contribuyen a reforzar la cohesión y la convivencia desde la firmeza en las reivindicaciones de los derechos democráticos y las libertades" y muestra su desacuerdo con la sentencia porque, sostienen, "no resuelve el conflicto político". La UEA también denuncia "las consecuencias graves que esta sentencia tiene sobre los derechos políticos de la ciudadanía y los derechos de manifestación, de expresión, de libre asociación y de disidencia política, suponiendo un retroceso por la calidad democrática de nuestra sociedad".

Pimec: "La condena a los líderes independentistas no ayudará a resolver el conflicto político, más bien al contrario"

También Pimec lamenta que "el conflicto político haya derivado en un proceso judicial y no en un proceso de diálogo y negociación, evidenciando un fracaso absoluto de la política" y consideran que "la condena a los líderes independentistas no ayudará a resolver el conflicto político, más bien al contrario". Aún así, vuelven a rechazar una huelga general porque "se traslada a las empresas un conflicto social y político que no pueden dirimir". La patronal también emplaza al resto de agentes sociales y económicos como Foment del Treball, CCOO de Catalunya o UGT de Catalunya, a "establecer un compromiso y unidad de acción para garantizar la estabilidad, la cohesión social y el desarrollo económico y empresarial de Catalunya, en estos momentos de excepcionalidad".

Foment del Treball, sin embargo, todavía no ha dado respuesta a esta propuesta, pero sí que admitió, el jueves pasado, que con la publicación de la sentencia "se abre una nueva etapa política para que desde el respeto mutuo, siempre dentro de la legalidad, se pueda superar el callejón sin salida actual entre Catalunya y el resto de España y, a través del pacto, se facilite la recuperación de la estabilidad y de la normalidad democrática e institucional". Una estabilidad y normalidad que sólo saldrá adelante, señalan, si las reacciones surgidas de la sentencia son "administradas con responsabilidad, garantizan por encima de todo la convivencia y evitan que la legítima manifestación de la protesta afecte al normal desarrollo de la actividad económica y cohesión social". Eso sí, quisieron manifestar "el respeto más absoluto a las decisiones de la justicia y a la pluralidad política como corresponde en el Estado de Derecho y democrático".

Círculo de Economía: "Consideramos la sentencia como aquel punto de inflexión a partir del cual la política tiene que asumir su papel insustituíble en la reconducción de la crisis"

También el Círculo de Economía pide a la política que "asuma su papel insustituíble en la reconducción de la crisis" y proponen "reiniciar el diálogo institucional con la voluntad de proteger, dignificar y reforzar el autogobierno de la Generalitat". Como la mayoría, avisan que "el Círculo siempre estará en contra de posiciones que promuevan la desobediencia o la paralización de la actividad econoómica", al mismo tiempo que apelan "a abandonar posiciones que inviten al bloqueo, la polarización o la aplicación de medidas que limiten el autogobierno de Catalunya, la defensa del cual será siempre una prioridad para el Círculo". "Es el momento de la política en mayúsculas", sentencian.

La otra cara de la moneda es Empresarios de Catalunya. A diferencia de todo el resto, se muestran en linea con la sentencia y piden tanto "a las instituciones autonómicas como al separatismo respetar la sentencia judicial y salvaguardar el orden público y la convivencia en Catalunya". Según su opinión, la tarea hecha por los magistrados ha sido "encomiable". Además, exigen que "no se permitan" cortes a las carreteras o infraestructuras, así como "cualquier intento de parar la economía".

La Federació Empresarial del Gran Penedès (FEGP) ha querido expresar su "preocupación" por considerar que "tiene un significado que hay que interpretar en clave de país y, tanto o más, de las libertades que resultan cuestionadas".

¿Y la separación de poderes?

CCOO de Catalunya ha asegurado que "defenderemos la democracia que necesita la estricta separación de poderes" porque, subrayan, "no son aceptables la judicialización de la política ni la politización del sistema judicial". El sindicato ha reunido a su ejecutiva con los secretarios generales de territorios y federaciones para valorar la sentencia, pero ya se han añadido a la convocatoria Por los derechos y las libertades junto con otros sindicatos y entidades con el objetivo de escenificar una fotografía transversal de sindicatos y entidades de la sociedad civil de Catalunya de rechazo a la sentencia.

CCOO: "No son aceptables la judicialización de la política ni la politización del sistema judicial"

Por su parte, UGT también ha mostrado su rechazo a la sentencia vía Twitter poniendo de relieve su "desacuerdo con una sentencia que agrava el conflicto político, que vulnera directamente derechos democráticos" porque, sostienen, se trata de "la judicialización de un conflicto que la prisión no resolverá". Además, hace una mención especial a Dolors Bassa y avisan que "desde la UGT no pararemos de reivindicar y trabajar por tu libertad".

Sindicats, entitats i institucions es manifesten a la plaça Sant Jaume contra la sentència | ACN

Sindicatos, entidades e instituciones se manifiestan en la plaza Sant Jaume contra la sentencia | ACN

Más tarde, han enviado un comunicado lamentando que "la judicialización del proceso ha provocado que se pongan nuevamente en cuestión los derechos y libertades de expresión y de manifestación y, por lo tanto, los derechos por los cuales hemos luchado tantos años desde nuestro sindicato", así como que esta sentencia "también afecta derechos sociales y democráticos, no sólo de las personas afectadas por la sentencia" porque, destacan, "significa la culminación de la judicialización de un conflicto político, y la prisión que dictamina no podrá contribuir a resolverlo".

Justamente por eso, piden al Estado que, una vez pasen las elecciones del 10 de noviembre, "se forme gobierno de manera inmediata, para poder avanzar en las políticas sociales paradas por la repetida incapacitado de los partidos políticos a la hora de formar gobierno". También piden a la ciudadanía que "la respuesta a la sentencia sea lo más amplia posible, masiva, unitaria y pacífica".

UGT pide a la ciudadanía que "la respuesta a la sentencia sea lo más amplia posible, masiva, unitaria y pacífica"

La CGT va un paso más allá y califica la sentencia de "ataque a las libertades y derechos civiles" y aseguran que esto "va de criminalización del derecho de protesta y de la organización política y social y de rearme represivo del Estado", cosa que marcará precedente porque "el Estado reforzará su brutalidad en procesos futuros, que nos afectarán a todas, normalizando la aplicación de la máxima represión posible a todo el mundo que actúe coordinadamente contra sus intereses".

Mientras tanto, la Intersindical-CSC ha descrito la sentencia del Tribunal Supremo contra los líderes independentistas como un "atentado contra los derechos y las libertades fundamentales" y ha asegurado que "la única sentencia justa tendría que haber sido la absolución", al mismo tiempo que ha hecho un llamamiento "a todas las organizaciones sindicales de Catalunya a defender los derechos y libertades fundamentales en los centros de trabajo".

En busca de soluciones

Mientras, el FC Barcelona también reclama a los responsables políticos "que lideren un proceso de diálogo y negociación para resolver este conflicto" que, a su juicio, "tiene que permitir la liberación de los líderes cívicos y políticos condenados" porque, sostienen, "del mismo modo que la prisión preventiva no ayudó a resolver el conflicto, tampoco lo hará la prisión dictada hoy porque la prisión no es la solución".

De manera similar, el Girona FC ha mostrado su rechazo a la sentencia porque, como el resto, considera que "la judicialización del conflicto no resolverá la situación, que requiere de una solución política". El club gerundense apuesta por el diálogo y la negociación entre todas las partes "sin límites ni condiciones" y pide "la liberación de los líderes cívicos y políticos condenados, encarcelados injustamente desde hace dos años".

Por su parte, la Federación Catalana de Fútbol (FCF) ha querido mostrar su rechazo a la sentencia suspendiendo toda la actividad federativa tanto en la sede central como las delegaciones territoriales "en solidaridad con los políticos y actores sociales catalanes condenados y sus familias". Como el resto, la FCF entiende que "'única vía de solución de la situación que vive en la actualidad Catalunya pasa por la democracia y el diálogo entre todas las partes".

El Barça, el Girona y la Federación Catalana de Fútbol rechazan la sentencia, mientras que la Espanyol se mantiene al margen

El RCD Espanyol, sin embargo, no se ha querido mojar y, después de ampararse en que el club "es una entidad puramente deportiva y, como tal, no representa los sentimientos, ni los posicionamientos personales e individuales de todos sus socios y socias", ha querido reiterar su "respecto a las decisiones judiciales" y aseguran que "lamentamos el sufrimiento que desgraciadamente determinadas situaciones procesales puedan generar a personas individuales, sus familias o a los sentimientos colectivos". Eso sí, también han pedido a los poderes públicos que "busquen soluciones políticas y democráticas para esta crisis social, por la vía del diálogo y dentro del marco legal y del más estricto respecto a la legalidad".

Y no sólo entidades, patronales y sindicatos se han añadido al rechazo a la sentencia. Es el caso del RACC, que se muestra "profundamente preocupado por su impacto en el futuro inmediato y a largo plazo de nuestro país", por lo que reclama "una solución política, pactada y pacífica basada en el diálogo, la generosidad y la empatía". También el Primavera Sound ha querido manifestar su "apoyo inquebrantable al ejercicio libre de la democracia y el diálogo con voluntad de entendimiento para resolver los conflictos políticos" y advierte que "la criminalización de movimientos pacíficos y de manifestaciones civiles asienta un precedente muy peligroso para todos y todas".

Ahora queda por ver la respuesta ciudadana, pero también de entidades e instituciones. La incertidumbre se vuelve a apoderar del panorama económico y empresarial y, precisamente por eso, la mayoría de ellos reclaman una respuesta unitaria y diálogo para poder encarar el futuro con la mayor seguridad económica posible.

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