Ya es definitivo. La economía española, que es una de las que más sufrió en Europa por la pandemia, será de las que más lentamente se recuperen este año 2022. Y no tanto por la emergencia de la última variante del virus, sino de dos fenómenos que se suman para desencadenar la tormenta perfecta: la débil e intermitente recuperación del turismo internacional y el desmesurado aumento de los precios del gas y de la electricidad, que el Bank of America ya ha estimado que costará 9.000 millones de euros a los bolsillos de los sufridos contribuyentes españoles. Se estima que serán 650 euros de media para los hogares europeos que, lógicamente, hará falta detraer del consumo, principal motor económico de la recuperación.
Pero no nos pensemos que todo viene de la pandemia. Ahora que hemos recordado los veinte años de la implantación del euro, constatamos que en este periodo, la economía española ha crecido un 17,4% per capita menos que la europea, media solo por encima de Malta! En términos absolutos la situación no es tan grave, pero es que en la primera mitad de estos 20 años hemos recibido el gran alud de inmigración extracomunitaria, dispuesta a ocupar los trabajos de poco valor añadido y de baja remuneración que creaban los empresarios españoles, sobre todo en turismo y servicios. Con el resultado de una productividad mediocre y de un crecimiento per capita muy inferior a nuestros socios europeos.
Todo ello, se traduce en la agudización de los desequilibrios endémicos que sufre la economía española: un déficit anual en crecimiento geométrico que alimenta un endeudamiento -sobre todo del sector público, pero también de los privados- monstruoso. El volumen del 122% del PIB de endeudamiento del Estado no se producía desde la guerra de Cuba y Filipinas. Pero a esto hay que añadir unos niveles de paro sin igual en Europa -sobre todo en paro juvenil- que, junto con los salarios y las bajas cotizaciones de gran parte de los que trabajan nos llevan a una crisis permanente de las finanzas de la Seguridad Social.
La letanía de siempre
En esta situación, no hay que extrañarse que los gobiernos españoles de turno sean objeto de sucesivas retahílas de recomendaciones para que enderecen el rumbo de la economía. Organismos internacionales y grandes medios afines a las tesis liberales van siempre en la misma dirección. Hace pocos días, se añadió el semanario The Economist, en este caso a propósito de la reforma laboral pactada entre el gobierno y la patronal y los sindicatos españoles. Pero lo más relevante es la posición de la Unión Europea, que con el cebo de los fondos Next Generation, ha hecho algo más que recomendaciones.
La letanía admite pocas variaciones. Qué más le da al emisor, la coyuntura económica internacional o la evidencia de los magros resultados de aplicar recetas anteriores. Veamos algunas de las recomendaciones más comunes.
Para el mercado de trabajo, siempre se pretende la máxima flexibilidad para las empresas. Sea a la hora de contratar trabajadores como a la hora de despacharlos, sobre todo si acumulan más antigüedad y nóminas no tan magras como las que ahora se pagan a la juventud que se contrata temporalmente.
En cuanto a las pensiones, todas las propuestas son encaminadas a crear los mecanismos para rebajar el importe efectivo y a incorporar el ahorro privado para complementar las prestaciones públicas.
Las recetas habituales contienen silencios que son todavía más escandalosos que las propuestas
En cuanto al gasto público, el catecismo liberal siempre propugna menos impuestos en el capital y, si hace falta, más al factor trabajo. Se pide rebajar el déficit presupuestario y el endeudamiento acumulado a base de reducir el gasto social, que se da por hecho que sólo estimula las pocas ganas de trabajar.
Antes el recetario incluía la devaluación de la moneda y el aumento de los tipos de interés, pero con el euro se ha renunciado definitivamente a este mecanismo y el Banco Central Europeo no está para muchas recomendaciones de terceros.
A pesar de ello, las recetas habituales contienen silencios que son todavía más escandalosos que las propuestas. Apuntemos algunos a continuación.
La productividad como piedra angular de los ingresos
La productividad es un concepto siempre ausente en los recetarios tradicionales para la economía española, a pesar de ser la piedra angular de la mayoría de los problemas de ingresos a resolver. Productividad para ser más competitivo, para crecer sin tener que importar grandes cantidades de mano de obra de forma desordenada y poco cualificada. Productividad para especializarse en actividades sometidas a la competencia internacional -básicamente la industria- y no caer en la economía especulativa -construcción- y en la sobreexplotación del territorio -turismo-, con todas las deseconomías externas que los dos generan.
Mucha innovación en modelos de negocio -aunque tengan baja productividad y ofrezcan salarios bajos-, pero muy poca en cuanto a investigación aplicada
Productividad para que se generen puestos de trabajo con más valor añadido y, por lo tanto, más bien pagados y con cotizaciones sociales más elevadas, que permitan financiar la Seguridad Social. Productividad para pagar sueldos más altos que, una vez cubiertas las necesidades básicas, hagan posible el ahorro familiar.
Nadie tiene en cuenta la productividad ni cómo se estimula: formación, investigación e innovación, fiscalidad, valores colectivos, facilidades y límites para nuevas iniciativas empresariales... La responsabilidad es tanto pública como privada. En Catalunya, estos días, Xavier Ferràs conocido economista especializado en ecosistemas y políticas de innovación, exclamaba que las principales rondas para conseguir nueva financiación de las empresas emergentes -las startups- correspondían a empresas de «entregas a domicilio, segunda mano, inmobiliarias, muebles..» Pero que no había de inteligencia artificial o de industria 4.0. Mucha innovación en modelos de negocio -aunque tengan baja productividad y ofrezcan salarios bajos-, pero muy poca en cuanto a investigación aplicada.
Por cierto, hemos empezado el año a sabiendas de la venta de Glovo -uno de estos ejemplos de éxito basado en la poca productividad que comentábamos hace unos días- a sus socios alemanes. Y es que ni siquiera los nuevos emprendedores, aunque sean de origen foráneo, se escapan de la tradición empresarial de hacer dinero rápido y venderse la empresa. Estos, de momento, dicen que continuarán. No será por mucho tiempo.
El buen gobierno del gasto
Otro silencio generalizado se encuentra en la calidad del gasto público, tanto en términos a salto de mata como en términos de inversión. En cuanto a la inversión, la incompetencia es tan evidente y tan enorme que es la única que ha merecido alguna atención puntual de los medios de comunicación internacional. Especialmente en cuanto a la segunda red de AVE del mundo, después de China, que ha costado de momento 60.000 millones de euros. Mientras, se abandonaban las redes de cercanías -excepto la de Madrid, está claro- y la rentabilidad económica y social de tan grande inversión era mínima. Eso sí, desde Madrid se puede ir a la playa de Alicante o a comer marisco gallego in situ en poco más de dos horas. Todo ello por no hablar de la enormidad del rescate bancario -65.000 millones de euros irrecuperables adicionales-, de las autopistas radiales rescatadas o del depósito de gas que tenemos que pagar a Florentino.
La concentración y la ineficiencia son carta de naturaleza del gasto público español
Pero a pesar de ser grave, las inversiones son sólo una pequeña parte de este gasto público malgastado y concentrado en Madrid. Con un crecimiento exponencial de funcionarios a pesar de que la gestión de la mayor parte de competencias -sanidad y educación incluidas- corresponde a las comunidades autónomas. Así, Madrid dispone de más de 150.000 trabajadores del Estado -por lo tanto, Ayuntamiento y Comunidad a banda- y Catalunya 26.000. Y mientras hay 233 organismos públicos concentrados en la capital del Reino, en Barcelona hay 16, contando las Autoridades Portuarias o la UNED.
Y es más, ahora que los valencianos (IVIE) se dedican a contabilizar estas cosas -como por ejemplo aquí durante décadas de autonomismo reivindicativo- sabemos que "el sector público decide en Madrid un 87% de las compras públicas y adjudica a empresas con sede en la capital un 64% de las compras".
Por lo tanto, la concentración y la ineficiencia son carta de naturaleza del gasto público español, pero esta circunstancia pasa casi totalmente desapercibida por los que pretenden darnos lecciones de cómo hacerlo bien.
La fiscalidad perversa
Ni siquiera ahora que bajo el empujón de Estados Unidos parece haber un acuerdo mundial generalizado para conseguir una fiscalidad más equilibrada, tanto en términos de países como, sobre todo de grandes empresas, este es un tema en el que España nunca merece atención por partes de los oráculos internacionales.
Ahora no hablaremos de los desequilibrios territoriales entre ingresos y gastos ni del dumping fiscal de la comunidad de Madrid. Hablamos de cosas más básicas todavía, que podemos resumir de este modo: una elevada presión fiscal nominal, teórica, que se traduce en una presión fiscal efectiva elevada para las clases medianas y para las pymes. Y una recaudación total baja debido a las excepciones y martingalas diversas más o menos legales que pueden practicar las grandes corporaciones y de la economía sumergida.
No sólo no hay una tributación más favorable a las pequeñas empresas, sino todo el contrario. Se favorece a las más grandes.
Cuatro datos para ejemplificarlo. Según la Agencia Tributaria española, en el 2017 las multinacionales españolas pagaron efectivamente el 17,2% de sus beneficios, cuando el importe teórico del impuesto sobre sociedades es del 25 o el 30%. Una cuarta parte de estas multinacionales pagaron un 1,3% de media.
Mientras tanto, las empresas pequeñas y medianas pagan entre un 20 y un 25% según Pimec. Es decir, no sólo no hay una tributación más favorable a las pequeñas empresas, sino todo el contrario. Se favorece a las más grandes.
En cuanto a la economía sumergida equivalió en el 2017, según el Fondo Monetario Internacional, al 17,2% del PIB español. Esto después de una década en que las estimaciones se movían entre el 22 y el 24 por ciento.
En resumen, pues, las ineficiencias de la economía española son muchas y mucho más complejas de las que nos presentan los recetarios habituales. Más complejas no sólo en cuanto a la materialización de políticas para corregirlas, sino por los intereses, públicos y privados, que lastran el funcionamiento de esta economía. Ni siquiera el autodenominado gobierno más progresista de la historia tiene ni la voluntad ni la capacidad para convertir la economía española en próspera para la gran mayoría. Y es que las inercias y los intereses cruzados entre política y grandes poderes económicos hacen que -recetarios incluidos- la economía española no tenga remedio.