Al anochecer, a las horas de comer o de desayunar, hay ruido en los puntos gastronómicos y en las casas club; al mediodía y por la tarde, se llenan los lugares lúdicos, la piscina, los columpios o los campos de deportes; y por la mañana, los senderos facilitan el primer contacto entre los que viven en las urbanizaciones. En algunas, hay dos asociaciones, dos clubes y los unos están peleados con los otros. En la mayoría, siempre aparece un líder que se pone al frente, que lo resuelve a pesar de que se apunta a negociar los problemas con el ayuntamiento. Los alcaldes los escuchan cada vez más, a medida que las segundas residencias se acaban convirtiendo en primeras para muchos. Hay mucha vida en el interior de las urbanizaciones.
La mayoría sigue con problemas urbanísticos. La mía no es una excepción, pero avanzamos muy civilizadamente desde el comienzo en la resolución definitiva, sabiendo que esto va para largo porque viene de lejos. Se calcula entre 2.000 y 3.000 el número de urbanizaciones existentes en Catalunya. Hay algunas metropolitanas y otras, como la mía, junto a la playa. Justo es decir que el 60% de la primera milla junto al litoral es terreno urbanizado, bien en núcleos poblacionales compactos o bien difusos; estos últimos están formados por casas unifamiliares, campings, hoteles, residencias... En menos de 50 años, los 700 kilómetros de costa catalana, salteada de pueblecitos marineros encantadores, junto a playas rodeadas de una vegetación mediterránea poco productiva, se han convertido en un continuum construido que ocupa el 80% de toda la costa; vaya, ni espacio para respirar. La almendra, la avellana y el pino dan mucho menos que vender los terrenos y edificar cualquier cosa; la parte más pobre de las herencias familiares mediterráneas se hizo rica con la construcción sin normas. Mira que se han producido crisis inmobiliarias desde los orígenes del turismo masivo en los años 60, pero ninguna de estas ha conseguido frenar la feroz construcción de urbanizaciones junto al litoral. En el peor de los casos, han quedado las obras empantanadas durante unos años, con las aceras acabadas, las farolas injertadas sin luz y las esquinas llenas de contenedores de basura nunca usados. Años después, otros constructores y promotores han retomado la construcción allá donde había permanecido y si no quieres caldo, dos tazas. En medio de ambos periodos, nidos de corrupción en todos lados alrededor de recalificaciones, tramitaciones y permisos.
Las quejas
Antes de 1975, cuando murió el dictador, todo era posible. Por ejemplo, construir en terreno no urbanizable. Edificar una casa, además de los trámites legales cumplidos por los muchos promotores sensatos, era cuestión de proponérselo: ya fuera empezando la obra en solitario, con los familiares y amigos en un solar, y esperar a que el tiempo resolviera la legalidad y llegaran los servicios; o adquiriendo una vivienda a un promotor más o menos desaprensivo que una vez construido te dejaba el problema. El desarrollismo propiciado por el Plan de Estabilización de 1959 significó el toque de pito para los traslados masivos del campo a la ciudad y del interior hacia la costa. Las grandes ciudades vieron como se agrandaban sus periferias y la costa, como atraía a trabajadores indispensables para desarrollar el nuevo maná del turismo.
En menos de 50 años, los 700 kilómetros de costa catalana, salteada de pueblecitos marineros encantadores, se han convertido en un 'continuum' construido que ocupa el 80% de toda la costa
En el año de la muerte del dictador, se promovió la Ley del Suelo, y seis años después, la Legalidad Urbanística Catalana, que establece la normativa para cada tipo de suelo, las obligaciones de los propietarios, el reparto de cargas y beneficios para la colectividad, y, muy importante, la reserva de suelo para los equipamientos y espacios libres. ¿Cómo se podía empezar a actuar si la mayoría de las urbanizaciones ya estaban construidas? Qui dia passa, any empeny y la casuística de irresoluciones se fue ampliando cada vez más.
Hasta que llegó el consejero Joaquim Nadal, en tiempos del tripartito, no se avanzó en dar una solución definitiva a las urbanizaciones catalanas. La Ley 3/2009 de Regulación y Mejora de las Urbanizaciones con Déficits Urbanísticos especificó los estándares urbanísticos, las cesiones y las reservas, a la vez que los compromisos de los ayuntamientos y de los parcelistas; se dotó de un buen presupuesto. Los primeros meses todo fue a buen ritmo, pero la crisis frenó los importantes adelantos, más todavía a partir de las dificultades financieras crónicas de numerosos ayuntamientos.
Cualquier planteamiento de futuro que se haga alrededor del modelo turístico catalán de litoral pasa por ordenar las urbanizaciones actuales
A partir de las quejas recibidas sobre los déficits existentes, el Síndic de Greuges reunió en 2018 a representantes públicos de las administraciones catalanas y de los colegios de abogados, arquitectos y geógrafos para regularizarlas. En el informe final se propone que se cataloguen de una vez las urbanizaciones existentes, pues realmente no se sabe cuántas hay ni el alcance de sus problemas; que se flexibilice la normativa urbanística para adaptarla a cada situación; y, sobre todo, insta a que se busquen soluciones imaginativas para que las urbanizaciones consigan niveles adecuados de calidad de vida y de sostenibilidad. Por todo esto, anima a las administraciones públicas, a los agentes implicados y a los parcelistas a que se impliquen en todos los procesos de regularización y de creación y mantenimiento de los servicios necesarios y el impulso de los criterios ecológicos.
Muchos de los problemas existentes en las urbanizaciones de playa son enumerados en los puntos del orden del día de las asambleas anuales, celebradas siempre en verano, que después se olvidan durante el resto del año. Cualquier planteamiento de futuro que se haga alrededor del modelo turístico catalán de litoral pasa para ordenar definitivamente las urbanizaciones actuales -y ofrecerles servicios racionales por parte de las administraciones-, frenar los permisos para construir nuevas urbanizaciones y exigir a los parcelistas el cumplimiento estricto de las normas medioambientales. A medio plazo, significará redimensionar a la baja determinados espacios de litoral para esponjar la primera milla cuadrada alrededor del mar.