Dos no se pelean si uno no quiere. Y ahora parece que los aliados de hace cuarenta años ya no se entienden. Después de dos años de paralización del programa por la pandemia y con el Tribunal Central de Recursos Administrativos, dependiente del Ministerio de Hacienda, de por el medio, estos días se están abriendo las 850.000 plazas de vacaciones para la temporada de octubre a junio. Las discrepancias entre los hoteleros y los promotores del programa estatal no ha menguado.
Todo empezó en la década de los años ochenta, cuando el ahora Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 creó el Inserso con la vocación de ofrecer viajes parcialmente financiados a los mayores, aprovechando que, a partir de octubre, empieza una larga temporada baja turística de sol y playa. A punto de ingresar el nuevo milenio, la "n" muta a "m" y el Inserso se convierte en Imserso, al asumir el Instituto Nacional de Servicios Sociales tareas de (m)igraciones. El encaje fue perfecto. Por un lado, lo Estado cumplía, mediante una aportación económica, con un deber de servicio a una parte débil de la población facilitándole las vacaciones. Por otra, los hoteleros y los agentes de viaje estiraban la temporada, aunque a precios menores y ganando menos. Y además, tanto los trabajadores que tenían contratos fijos discontinuos como los que no disfrutaban de unos salarios normales durante los meses adicionales, seguían con el trabajo y cotizaban a la Seguridad Social en vez de consumir paro. Durante las últimas décadas, se ha mantenido mejor que peor el interés mutuo: los seniors pueden viajar a un precio muy asequible; con una subvención pequeña, que parecía que le sacaban una muela cada vez que lo actualizaba. El Estado hace que funcione un negocio que multiplica cada año el euro invertido por 1,65; los hoteleros amplían el número de pernoctacions anuales, y los sindicatos cortan de golpe el fuerte paro que se produciría durante toda la temporada baja.
Lo que inicialmente era una apuesta social en favor de los mayores más débiles es utilizada mayoritariamente por aquellos seniors que disponen de más recursos
Hace tiempo que este asunto chirría entre los cuatro actores principales. Primero, lo que inicialmente era una apuesta social en favor de los mayores más débiles económicamente es utilizada mayoritariamente por aquellos seniors que disponen de más recursos. No hay que puntuar mejor aquellas solicitudes de los pensionistas más pobres, cuando no parece evidente que un jubilado con una pensión de 402 euros se gaste entre 100 y 400 euros para irse de vacaciones.
Segundo, la frontera entre temporadas se ha difuminado, hasta el punto de que muchos destinos duplican o triplican los precios que ofrece el Imserso, por haber reducido el estacionalització e ir hacia modelos más modernos. Este programa se estaría dirigiendo, pues, a aquellos destinos y establecimientos que prolongan el modelo tradicional.
Tercero, los hoteleros hace tiempos que se quejan de que con la exigua contribución estatal y los bajos precios que pagan los clientes pierden dinero. Piden que aumente la ayuda sin tocar los precios que pagan los mayores.
Y cuarto, al programa le han salido muchos competidores un 10% o un 20% más caros que copan el mercado, unos importes que la mayoría de los habituales están dispuestos a pagar. Aunque se han ampliado las plazas previstas inicialmente, se calcula que dos millones más de seniors componen este suculento mercado viajero.
Ganar y perder
Los actores principales, los seniors, los sector público, el sector privado y los sindicatos, parece que son conscientes de que es necesario repensar el programa de forma radical. Lástima que se perdieran los dos últimos años de inactividad sin encarar esta reflexión. Existen dos visiones contrapuestas. El sector público defiende que el programa, además de la satisfacción de los viajeros, genera suficiente rentabilidad. Los hoteleros, por el contrario, consideran que si se añaden las cotizaciones sociales que ingresa el Estado, gracias a la apertura extra de los establecimientos, y se resta lo que se ahorra de las prestaciones por paro que tendría que abonar a los trabajadores que siguen ocupados entre octubre y junio, el saldo económico le es favorable: aporta añalmente unos 70 millones de euros y recupera más del doble.
¿Un imserso europeo? Es posible, necesario, realizable y daría a nuestros destinos el liderato de facto nunca reconocido a nivel comunitario
Para empezar una discusión seria, habrá que asentar las bases de la iniciativa:
1) No nos podemos permitir la pérdida de los beneficios sociales para los mayores, por el hecho de que se lo han ganado con su esfuerzo. Se tendrán que buscar formas de compensación reales para aquellos pensionistas más pobres.
2) Tampoco se pueden perder los puestos de trabajo, siempre y cuando las empresas que se acojan al programa aprovechen la acción para innovar y cambiar de modelo.
3) Por otra parte, será necesario poner sobre la mesa un análisis riguroso de los márgenes hoteleros y del sector en general: por lo tanto, se tendrá que averiguar cuál es la rentabilidad real del establecimiento entre el verdadero ADR -el ingrreso medio por habitación ocupada- y los costes, controlando que se remuneren adecuadamente todos los factores productivos, no sea el caso de que se hagan juegos malabares con el dinero público, un vicio histórico del sector. Solo de este modo se aclararán los precios a los cuales se tienen que ofrecer los servicios turísticos.
4) Como el sector turístico actual no tiene nada que ver con el de hace cuarenta años, las exigencias a los establecimientos que se acojan al programa tendrán que ser forzosamente más rigurosas, de acuerdo con los criterios medioambientales, tecnológicos y experienciales; reclamando innovación permanente, tanto da si hablamos de interior como de montaña y, por qué no, de ciudades.
5) Finalmente, en la mesa de la reflexión no puede faltar ampliar la visión a Europa: un Imserso europeo es posible. Es necesario. Es realizable. Y daría a nuestros destinos el liderato de facto nunca reconocido a nivel comunitario.
Dos cosas indispensables: una buena decisión sería cambiarle el nombre al programa; y la cantidad a aportar por parte del Estado debería ser el resultado final de las conversaciones, no una cantidad a priori.