Todos los españoles tienen derecho a una vivienda libre. Esto es el que dice el artículo 7 de la Constitución Española, pero el cierto es que en los últimos tiempos es una afirmación que se está poniendo en entredicho. La crisis nos ha traído un gran número de desahucios y un aumento significativo del precio de los alquileres hasta el punto de ver como la hipoteca puede ser más factible. Que lo digan, sino, a los líderes de Podemos Pablo Iglesias e Irene Montero, que acaban de hacerse con un chalé de 600.000 euros. Encontrar un lugar donde establecerse y, el más importante, poderlo pagar ya es una tarea no al alcance de todo el mundo. Y menos en grandes ciudades, como Barcelona, donde es prohibitivo. Hemos tocado ya techo?
Son pocos quienes se aventuran a dar una respuesta clara. Cómo son también contadas personas quienes se atreven a señalar la causa de este incremento constante del precio de la vivienda en los últimos cinco años. Ahora bien, no todo es culpa del turismo. Así lo explica en un acto de Esade la presidenta del Observatorio Metropolitano de la Vivienda de Barcelona, Carme Trilla, quien se remonta a la burbuja de finales del años 80 como el inicio de todo.
"Con la primera crisis nace el problema de la discrepancia entre la evolución anual de los precios y los salarios. A la primera burbuja, los precios crecieron entre el 35% y el 40%. Ahora hemos visto que se han disparado un 300%. La brecha se podría haber parado con la crisis, porque el precio del alquiler se estancó, pero la gente perdió sus sueldos y no podía pagar", explica la experta. A pesar de que a medida que hemos podido decir que salíamos de la recesión, el aumento de la demanda ha hecho, como pasa a todos los mercados, que la cuantía a pagar por la vivienda fuera creciendo a un ritmo superior al de los sueldos.
Vivienda: básico en el Estado del bienestar
El problema de todo, pero, no se encuentra únicamente en el agujero entre salarios y precios. Trilla señala el escaso parque de vivienda pública como una de las causas principales: "Somos un sistema donde el 99% de la producción es privada. El sector público ha tenido toda la vida un papel menor y el mercado ha diseñado sus reglas, precios y condiciones, de aquí viene la gran dificultad de las Administraciones para decidir qué hacer".
Este paradigma se da porque la vivienda es considerada como un bien de primera necesidad y a la vez de inversión. Según la presidenta del Observatorio, la única solución es que sea visto únicamente como una "necesidad básica del Estado del bienestar, como lo son Salud o Enseñanza". Pero España nunca ha tenido esta consideración en democracia. Es más, asegura que durante la etapa franquista se construyeron más pisos que no ahora, "porque entonces sí que había la necesidad de lugar donde vivir".
El regidor de Vivienda y Rehabilitación del Ayuntamiento de Barcelona, Josep M. Montaner, sigue la línea del discurso y añade que tampoco ha ayudado la última modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) del 2013, cuando se pasó del mínimo de 5 años a 3 el plazo de los contratos de alquiler. "El sector financiero prefería que se acabaran antes los contratos, y las socimis lo han aprovechado para comprar propiedades verticales. Se ha convertido todavía más en un producto de inversión", critica.
Trilla: "No hay un límite para el precio del alquiler porque la ley no lo permite, porque hay un sector que está interesado en que crezca y hay quién lo puede pagar"
Compartiendo la opinión de Trilla, considera que la Administración tendría que intervenir para dar aire al mercado de alquiler. "Ahora mismo no hay un límite para el precio del alquiler porque la ley no lo permite, porque hay un sector que está interesado en que crezca y hay quién lo puede pagar", afirma, y recuerda que Cataluña estableció un índice de referencia de precios no vinculante que está ayudando a marcar unas fronteras.
Un índice que con la Fundación Hábitat 3, presidida por Trilla, han cogido como referencia para gestionar 250 viviendas cedidas por privados en Barcelona. "Los locatarios pagan poco porque el Ayuntamiento paga el diferencial del que podrían cobrar los propietarios", detalla sobre la medida, la cual ya está renovando contratos y demostrando que no todo el mundo busca ingresar el máximo posible por las rentas de sus propiedades.
Barcelona tiene su límite
En el caso concreto de Barcelona, con una superficie de poco más de 10 km2, el volumen de oferta no puede ser tan amplio como la capital española, que cuenta con unos 600 km2. De aquí que Trilla vea indispensable repensar el concepto de ciudad: "Tendríamos que repensar la dimensión metropolitana, como pasa en Madrid, que extiende su población más allá del núcleo central. Esto daría más margen a los precios".
Trilla: "Tendríamos que repensar la dimensión metropolitana, como pasa en Madrid, que extiende su población más allá del núcleo central"
Pero para conseguirlo es indispensable, apunta, que haya una política de movilidad que ayude. "Si te puedes desplazar de casa al trabajo en 30 minutos a un precio asequible, todo cambiaría", comenta, "pero tampoco tenemos que olvidar que las ciudades del cercando de Barcelona también tienen que abrir miras, porque ellas también tienen su demanda y tienen que estar dispuestas a aceptar más gente".
Son varios frentes los que están abiertos, pero la experta deja claro que la Administración tiene un papel clave en el problema. Y es que no se trata sólo de espacio para los autóctonos, sino también para el recién llegado que lo ha cambiado todo: "Cada vez hay más demanda y la oferta sigue siendo la misma. Las generaciones antiguas querían comprar, pero ahora los jóvenes alquilan porque no quieren arriesgar con la compra después del que han vivido. Ahora tienen su primer sueldo y quieren marchar de casa, como lo tienen que hacer? A las entidades todavía los cuesta dar crédito". Precios demasiado altos para el umbral de sueldos que hay, motivo por el cual los jóvenes del Estado español son los que más tardan a emanciparse, según un estudio del Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España publicado recientemente.
Sobre esto, Trilla suma la llegada de un locatario extranjero que encuentra trabajo en casa nuestra, con más poder adquisitivo y más capacitado de pagar los alquileres. Una palanca que no ayuda a rebajar los precios y equilibrarlos con los salarios medianos.
No culpamos el turismo
Si el origen del problema se encuentra en el error de no considerar la vivienda un bien público y dejarlo en manso del mercado privado, así como una oferta muy baja, qué papel juega el turismo? "Influye, pero no es decisivo", responde Trilla.
Sólo un 9% de los turistas que visitan Barcelona vienen a través de Airbnb, el grueso principal lo hace con cruceros. Esta es el dato que utiliza el director de sector público de la compañía de alquileres turísticos, Sergio Vinay, para defenderse ante las clásicas críticas que reciben. Insiste, también, con que en los últimos cuatro meses la plataforma ha dado de baja cerca de 2.000 pisos ilegales, una medida captada con el consistorio de la ciudad. "Pero hay que recordar que el 70% de las licencias son propiedad de los hoteles", recuerda, "esto sólo contribuye a solidificar un modelo turístico donde los únicos beneficiarios son los de siempre".
Vinay: "Hacen falta entre 200 y 300 noches de alquiler al año de una propiedad entera para llegar al 'break event' y ser rentable"
Y es que la principal queja de Vinay es que Airbnb sólo busca ser una opción para los quién necesitan ingresos extras. Con esta propuesta nacieron en los Estados Unidos y aterrizaron en Europa, donde el marco legal actúa de manera muy diferente: "El mercado está hecho a medida para los profesionales que ven la vivienda como un bien de explotación. Se ve el alquiler como una actividad profesional, cuando quizás una persona sólo quiere alquilar una habitación o un piso por un periodo corto porque no estará". Para fortalecer el argumento, el director de sector público de la compañía norteamericana señala que hacen falta "entre 200 y 300 noches de alquiler al año de una propiedad entera para llegar al break event y ser rentable". "Además, habría que sumar unas ventajas fiscales que ahora mismo no tenemos. Es un espejismo pensar que siempre es un negocio rentable", insiste.
En opinión de Vinay, los llamamientos constantes de las Administraciones para crear un turismo más sostenible tendrían que materializarse en medidas que faciliten el alquiler de primeras y según residencias, pero para periodos determinados. "La demanda turística no para de crecer y se tiene que cubrir. Hay que buscar un modelo más sostenible y donde el ciudadano sea el primer beneficiario", repite, y recuerda como en momentos clave como el Mobile World Congress las críticas hacia Airbnb son ausentes porque el modelo clásico de alojamiento turístico no puede alcanzar el aumento de la demanda.