
El 1 de mayo es una fiesta conmemorativa del movimiento obrero a escala mundial en la que, dependiendo del año, se aprovecha para hacer diferentes reivindicaciones sociales y laborales. De hecho, la semana pasada los principales líderes sindicales de Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT) presentaron las manifestaciones para el primero de mayo en 50 ciudades catalanas y españolas. Unas protestas que este año estarán centradas en la aplicación de la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas y el rechazo a las políticas de Donald Trump. A continuación, una recopilación de las principales reivindicaciones laborales del país:
1. La reivindicación de la aplicación inmediata de la reducción de jornada
Sin ningún tipo de duda, el tema estrella de este año es la reducción de jornada. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha reclamado que se apruebe de forma "inminente" para cumplir los plazos prometidos, es decir, que las 37 horas y media entren en vigor en 2025, mientras que el Gobierno "no cumplió el paso intermedio de las 38 horas y media en 2024".
Por otra parte, la secretaria general de CCOO de Catalunya, Belén López, reclama que se actualice el marco normativo para adaptarlo a las nuevas realidades laborales. Además, también solicita que haya un control eficaz del registro horario y la desconexión digital. Y tener en cuenta, sobre todo, la regulación de la bolsa de horas.
2. Internacionalización del odio
Los líderes de los dos sindicatos han explicado en una rueda de prensa que piden "a las personas trabajadoras del país que salgan a la calle porque la internacional del odio odia todo lo que queremos nosotros. Odian la igualdad, odian los derechos LGTBI+, odian a los migrantes, odian nuestros derechos sociales".
Paralelamente, Unai Sordo, líder de CCOO en España ha destacado que Estados Unidos corre hacia una autocracia. "Al paso que va la burra vamos a un modelo difícilmente equiparable a una democracia liberal al uso. Esto va de un señor que ha decidido ir por su cuenta y romper las reglas comerciales, como un abusador en un patio. Es una ruptura de la multilateralidad". Sordo ha advertido que "una parte de las derechas económicas de Europa están comprando el discurso de Trump", una circunstancia ante la cual reclama "pie a pared".
3. Aún hay presencia de la siniestralidad laboral
Los dos sindicatos también han denunciado el aumento de la siniestralidad laboral, con un 10% más de muertes en 2024 hasta 796 decesos en España, y han reclamado una mejora de la prevención en riesgos laborales, que se está negociando con el Gobierno. En cuanto al ámbito catalán, CCOO considera "preocupantes" las cifras de 108 personas muertas en Catalunya por accidentes de trabajo en 2024.
En Catalunya ha habido 108 personas muertas en Catalunya por accidentes de trabajo en 2024
Entre las cifras del informe Balance de salud laboral 2024 también destacan que los accidentes laborales se han cifrado en 206.980 en Catalunya, lo que supone una ligera reducción del 0,60% respecto a 2023. El sindicato pide la internalización de la prevención y una actualización del marco normativo.
La incidencia del total de accidentes en jornada ha disminuido en todos los sectores excepto en la construcción y la agricultura. En el campo de la agricultura muestra el “peor” comportamiento respecto a 2023, con un aumento de la incidencia total (+2,92 %) y en los graves (+21,42 %). De hecho, desde el sindicato indican que los dos sectores comparten los factores que provocan que tengan “más probabilidades” de sufrir accidentes de trabajo. Se trata de la temporalidad, la subcontratación, la amplia presencia de personas autónomas y personas migrantes y la provisionalidad de los centros de trabajo.
Además, también piden que se legisle de manera concreta sobre los riesgos psicosociales para adecuar la organización del trabajo o que se actualice el cuadro de enfermedades profesionales, entre otras reclamaciones.
4. La eterna polémica del coste del despido
El coste del despido es polémico en Catalunya y España porque, aunque hay una indemnización por despidos improcedentes, muchos expertos y sindicatos consideran que es insuficiente. Actualmente, la indemnización es de 33 días de salario por año trabajado, con un máximo de 24 mensualidades. Este límite se redujo con la reforma laboral de 2012 (antes era de 45 días por año). Aunque parece una cifra razonable, en la práctica muchas empresas la consideran asumible, y esto facilita que puedan prescindir de trabajadores sin un motivo grave.
Si se compara con otros países de la Unión Europea, España se encuentra por debajo en protección real contra el despido. En países como Francia, Alemania o Italia, los costes son más elevados o existen mecanismos más garantistas, como la obligación de justificar el despido de forma más estricta o la posibilidad de que el juez obligue a la empresa a readmitir al trabajador. Esto hace que, a juicio de los sindicatos, España sea percibida como un país donde despedir es relativamente barato y sencillo, lo que debilita la posición de los trabajadores ante posibles abusos.
A juicio de los sindicatos, España es percibida como un país donde despedir es relativamente barato y sencillo
Además, el hecho de que la empresa pueda despedir pagando simplemente una indemnización "crea una cierta impunidad", según los sindicatos. Aunque el juez declare el despido como improcedente, la mayoría de empresas optan por pagar y no readmitir al trabajador. Esto convierte el despido en una especie de “multa” económica, pero no en una sanción real que disuada comportamientos “injustos”. Es por ello que sindicatos y juristas reclaman reformas que vuelvan a dar sentido a la protección contra el despido, más allá de convertirlo en una simple cuestión económica.