Dicen que el agua es un monopolio natural. Hace un siglo y medio, el marxismo ya acuñó el concepto de modo de producción asiático basado en el control y regulación del agua. Y es que, a diferencia otros suministros como la electricidad o el gas, donde los antiguos monopolios han sido obligados a ceder el uso de su red de distribución a otros proveedores y comercializadores, la distribución de agua no ha entrado en esta dinámica. A pesar de que en el artículo anterior hablábamos del progresivo ahorro de agua por parte de consumidores y de industrias, el consumo de agua es poco elástico –poco sensible al precio- a corto y medio plazo. Un precio, además, regulado por la Administración que incorpora a los recibos una fiscalidad progresiva destinada a desanimar el consumo y, en la mayoría de casos y a pesar de las distorsiones que comporta, añade las tasas para financiar el tratamiento de residuos sólidos.
Este totum revolutum del recibo del agua ha tenido hace pocos días un episodio significativo, cuando la AMB presidida por la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha rebajado la tarifa de consumo de agua y, a cambio, ha incrementado el importe de la tasa sobre residuos sólidos. La intención de aumentar la recaudación fiscal sin que el consumidor lo note mucho porque ha recortado el precio del agua –que la Generalitat reclama que es competencia exclusiva suya- es sólo el último ejemplo de la creciente percepción que el agua es un negocio demasiado rentable teniendo en cuenta el escaso riesgo que comporta.
ATLL y las ansias monopolísticas de Agbar
En el anterior artículo hablábamos del impacto ecológico del trasvase del Ter para proveer de agua el área de Barcelona. Esta fue una iniciativa de la entonces alcalde Josep María de Porcioles para asegurar el abastecimiento de agua a la ciudad. Aigües de Barcelona, antecesora de Agbar, quería captar el agua del Llobregat, que es donde tenía derechos de concesión y así completar el control de la distribución final con la denominada captación en alta. Pero Porcioles no quería que Aigües lograra tal nivel de dominio y, aliándose con el Ministerio correspondiente, consiguió que se estableciera que la captación tenía que provenir del Ter -aunque fuera a expensas de medio desecarlo- con el argumento contrastado que el agua era de más calidad.
Ya en democracia la gestión y transporte de esta agua recayó en el consorcio de Aigües del Ter y el Llobregat (ATLL), formado por la Generalitat y los ayuntamientos afectados.
Mientras tanto, Aigües, ya reconvertida en Agbar, fue reforzando su penetración en el negocio de distribución de agua y fue adquiriendo el control de pequeñas empresas locales, privadas o públicas, que suministraban agua a ciudades medianas. En el caso de las empresas municipales, como Sabadell, tenemos que pensar que el Ayuntamiento quería hacer cajón en estos últimos años de migradesa de recursos municipales.
Estos pactos municipales se vieron favorecidos por la incorporación al equipo directivo de la empresa de un buen número de personas anteriormente vinculadas -en calidad de electas o de cargos de confianza- a los gobiernos socialistas y de ICV al Ayuntamiento Barcelona y a la administración local metropolitana, empezando por el primer ejecutivo de la empresa, que había sido gerente de el AMB.
"El agua es un negocio demasiado rentable teniendo en cuenta el escaso riesgo que comporta"
El año 2012, a raíz de la crisis financiera del gobierno autonómico, se plantea la privatización de la ATLL –igual que otras infraestructuras, como los túneles de Vallvidrera o del Cadí-, otro negocio seguro y rentable. Agbar era el comprador "natural", pero apareció un nuevo actor con una oferta más jugosa, Acciona. Agbar interpretó que había habido irregularidades en el proceso de adjudicación para evitar el reforzamiento de su posición al área de Barcelona y después de un largo proceso judicial, el concurso se declaró nulo. De esta forma, ATLL devolvió al control directo de la Generalitat, que ahora la gobierna sin el concurso de los municipios y de forma simplemente administrativa. Queda todavía pendiente el importe de la indemnización a pagar a Acciona que, cuando se resuelva judicialmente, tendrá que salir de la tarifa que, a través del recibo del agua, pagan indirectamente todos los usuarios del área de Barcelona a la ATLL.
La estrategia defensiva de Agbar
Hay quién dice que la llamada Torre Agbar –ahora Torre Glòries- es un monumento a la tarifa del agua. No es muy bien así, porque el edificio que ocupó inicialmente la empresa de aguas era propiedad de La Caixa –accionista entonces mayoritario de Agbar-, que se los alquiló. La salida del grupo Caixa del accionariado, favoreció que Agbar abandonara la emblemática torre y se trasladara a un edificio en la Zona franca porque, total, "sólo somos una empresa de distribución de agua" y no necesitaban un emplazamiento tan destacado y, además, poco funcional y caro de mantener como el cilindro concebido por Jean Nouvel.
Fue uno de los primeros pasos de repliegue formal de la compañía. El otro llegó cuando Agbar decidió hace bien poco volver la sede a Catalunya, de la que había huido en la estampida de octubre de 2017, provocada en buena parte por la Caixa y el grupo de empresas que tradicionalmente estaban vinculadas. Fue otra forma de diferenciarse y de mirar de regraciar-se con una sociedad que con la polémica de la municipalització del agua lo estaba convirtiendo en el asno de los golpes.
"Mudarse en la Zona franca, volver la sede en Cataluña, el fondo de solidaridad, la persistencia en las tareas de patrocinio y de promoción de la investigación son elementos diferenciales del comportamiento de Agbar"
La persistencia en las tareas de patrocinio y de promoción de la investigación –de la cual han huido otras grandes patrocinadores como Naturgy, que además de cambiar de suyo ha cambiado también de propietarios y de orientación en el negocio- es otro de los elementos diferenciales del comportamiento de Agbar.
Finalmente, la apuesta de Agbar desde el 2103 –dos años antes de que quedara así establecido por ley- para crear un fondo de solidaridad de agua destinado a las familias que no podían pagarla ha servido a la compañía para diferenciarse de las prácticas de la mayoría de las eléctricas, mucho más restrictivas en estos supuestos. Agbar ha destinado casi 13 millones de euros del 2013 acá y se han beneficiado unas 27.000 familias.
En los últimos días, pero hemos sabido que los actuales propietarios, los franceses de Suez, se quieren vender la compañía. Una compañía de este tipo tiene valor básicamente por su cartera de clientes y, por extensión, por el volumen y duración prevista de las concesiones y contratos de servicio que tiene en vigor. La favorable resolución de los contenciosos en los cuales Agbar ha estado inmersa hasta ahora compensaría con creces el nivel de erosión de sus tarifas y de sus beneficios –que según la compañía equivalen a un 5,4% de sus ingresos- que iniciativas como la de Coalu que comentábamos antes apunta. Todo ello determinará el importe final en que se valore la compañía.
Podríamos decir que la situación en que se encuentra Agbar se asemeja a la que vivió hace más de veinte años ACESA –después Abertis-. Asediada por las reivindicaciones de peajes gratuitos en un negocio tan seguro y todavía más rentable que el del agua, y con concesiones con fecha de caducidad, la habilidad de Salvador Alemany -con el paraguas de la Caixa y las relaciones privilegiadas de esta con el gobierno español de turno- consiguió asegurar la viabilidad de la compañía y acontecer un magnífico negocio para la Caixa a la hora de recoger beneficios y cuando se la vendió.
Ahora también, y en aparente paradoja, ha aparecido el nombre del grupo Caixa como posible (re)comprador de Agbar. A parte que esta sería la opción que daría más posibilidades de continuidad al actual equipo directivo de la empresa, quien sabe si se querrá intentar repetir una operación ACESA. Con la diferencia que ahora no será el paraguas del gobierno español el necesario, sino el de las administraciones catalanas. Con la perspectiva de continuidad de los bajos tipos de interés y la dificultad de encontrar inversiones bastante rentables, quizás el 5,4% de beneficios declarados por Agbar sobre el volumen total de facturación sean ahora más atractivos.
La sentencia metropolitana
La reciente sentencia del Tribunal Supremo comporta un balón de oxígeno prácticamente definitivo para Agbar. El TS da la razón a la compañía y a el AMB sobre la legalidad de la empresa mixta entre Agbar (70%), AMB (15%) y, atención, Criteria de Caixabank (15%) que se creó cuando el alcalde Xavier Trias presidía el ente metropolitano. Una empresa que integra las depuradoras públicas metropolitanas con la distribución final –en baja- de agua con el objetivo declarado de promover el reaprovechamiento del agua depurada. La formulación de esta empresa mixta, había sido anulada por el TSJC –con voto particular del presidente- por falta de concurso público a la hora de elegir cual tenía que ser el socio privado de la nueva empresa metropolitana. Y es que en el fondo, lo que se discutía era si era válida o no la concesión para la distribución de agua en baja que Aigües de Barcelona había obtenido por un periodo de 99 años en 1953.
De este modo, queda asegurado el negocio de la empresa en Barcelona para los próximos 32 años y la compañía –que gana dos importantes procesos judiciales seguidos- recupera el valor de mercado que empezó a poner en cuestión la adjudicación de ATLL a la competencia.
La polémica de la municipalización del agua
Qué se esconde detrás las demandas de (re)municipalitzar el servicio de distribución final del agua? Si el servicio que actualmente se presta es bueno y ha ido mejorando de calidad con el tiempo? Es este el tema que realmente nos tiene que preocupar respecto al agua o lo más importante es como garantizamos el suministro en un contexto de creciente escasez, como explicábamos en el artículo anterior? Es sólo la presunción que es un negocio demasiado rentable y de riesgo cero?
Hay que admitir que la presión por la municipalización ha hecho que el gran operador del sector, Agbar, vaya modificando su actitud, asumiendo que las condiciones del negocio han cambiado y que ya no puede hacer lo que quiere, al margen del poder local. Es cierto que la sentencia metropolitana del TS valla el paso en los próximos años a una municipalización fácil del agua, en la medida que reconoce la validez de la concesión vigente hasta el 2052. Ahora, el poder local tendría que ejercer de forma efectiva la governanza efectiva de tarifas y políticas de distribución del agua dado que la distribución en baja es una competencia municipal.
Quizás se podría resolver exigiendo más transparencia a la empresa y, si hace falta, rebajando las tarifas establecidas. Esperamos que todo ello no se limite a reducir el importe de lo que pagamos por el agua para neutralizar la subida de las tasas asociadas al tratamiento de los residuos sólidos, como acaba de hacer Colau.