El 29 de abril de 2023 estaba predestinado a ser inolvidable para más de 13.000 trabajadores interinos de la Generalitat de Catalunya. Era el día señalado en el cual opositavan para una de las 1.825 plazas de funcionario que se ofrecían, un primer paso hacia la estabilización, la transformación de temporal a fijo, de precario a estable, de la inseguridad económica a un salario para toda la vida. Y, efectivamente, el 29 de abril de 2023 será inolvidable, pero por otras razones, menos poéticas, más sangrientas: incidencias "muy graves", "errores logísticos", "espacios insuficientes", falta de material para examinarse... un caos de organización, de ejecución y de resolución (algunas pruebas ni empezaron). El resultado final ha sido la anulación de las pruebas y su repetición los días 1 y 8 de julio. Como para olvidarlo.
El foco de tal desaguisado se ha puesto en la decisión de externalizar la organización de las pruebas por parte de la Generalitat. Las razones para externalizar un trabajo suelen para ser más eficiente, por coste, logística, parar reducir los tiempos de ejecución… en definitiva, porque la empresa a la que se le encarga el trabajo te asegura un nivel de excelencia en el resultado. Es decir, lo contrario de lo que ha pasado.
Por lo que se sabe, las funciones encargadas de CEGOS eran las de organizar la ocupación de los espacios en los que se celebrarían las pruebas, la producción del material necesario para ejecutarlas, la vigilancia de los opositores, la recogida, custodia y corrección de los exámenes. Por todo ello, se ha escrito que CEGOS recibiría 1,5 millones de euros, 110 euros por opositor. No parece poco.
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De CEGOS podemos decir que es una empresa francesa, tiene el 75% de la propiedad de la filial española cuya sede se encuentra en Madrid, y con oficinas en Barcelona, Valencia, Zaragoza y Bilbao; que emplea directamente unas setenta personas y que facturó en 2021 casi siete millones de euros con un beneficio neto de 319.552 euros.
Llama la atención el patrimonio neto de la empresa, más de tres veces la facturación de la compañía, y su ratio de solvencia, que está muy por encima del valor óptimo y que viene a indicar que dispone de demasiados activos improductivos. También llama la atención que, según algunas fuentes, paga casi a seis meses y cobra a cuatro.
En su web se definen como “desarrolladores de soluciones que potencian la transferencia del conocimiento al puesto de trabajo, asegurando un impacto significativo y medible en el negocio de nuestros clientes”. Como poco podemos decir que podrían ser un pelín más concretos, también es justo indicar que en las web corporativas de muchas empresas de servicios empresariales el esmog es el elemento con más presencia en sus contenidos.
Escarbando un poco, vemos que se trata de una empresa que vende servicios de formación a medida; transformación organizacional, básicamente descripción de puestos de trabajo, definición de las competencias necesarias para el desempeño funcional de éstos, la detección de ineficiencias y duplicidades funcionales; también ofrecen servicios de selección de personal y evaluación de la plantilla. Se trata de una empresa con experiencia con la Administración y con los procesos de oposiciones. Han trabajado para la Generalitat valenciana, el Ministerio de Fomento, Consejo de Seguridad Nuclear, RTVE, Correos, el Ayuntamiento de Getafe, FUNDAE, el Ayuntamiento de Valencia…. No se puede hablar de inexperiencia, de hecho, hace 25 años que se dedican a ganar contratos de externalización para la organización y ejecución de oposiciones.
Tampoco es la primera vez que trabaja para la Generalitat de Catalunya, al menos ya lo hizo otra vez, en 2020, cuando organizó las pruebas psicotécnicas de las oposiciones a Bomberos; y tampoco es inexperta en que el desempeño de su trabajo acabe en una polémica, pues las citadas oposiciones acabaron en una denuncia penal contra el Gobierno de la Generalitat de Catalunya presentada por un grupo de opositores en el Juzgado de lo Penal número 1 de Barcelona por el inexplicable porcentaje de no aptos, con un 45% de suspensos, cando suele rodear el 5%.
De momento, el desastre de 29l de abril ha supuesto el cese de Marta Martorell, directora general de Función Pública de la Generalitat y la extensión del estrés i la ansiedad a 13.500 opositores que sufrirán dos meses más de lo que tenían previsto lo que supone participar en un proceso de oposición.