Mucho antes de que se hablara de desarrollo territorial, algunos párrocos catalanes impulsaron cooperativas que transformaron la economía de sus pueblos. No buscaban hacer negocios. Buscaban crear oportunidades para que la gente pudiera seguir viviendo allí donde había nacido, creando empleo y mejorando sus rentas.
Es una mañana de 1968 en la Espluga Calba. El párroco acaba de llegar al pueblo. Pasea por las calles, habla con los vecinos, visita las casas y escucha las preocupaciones de una comunidad que, como tantas otras de la Catalunya interior, vive pendiente de una pregunta inquietante: ¿qué futuro le espera?
Los campos siguen produciendo olivas y almendras, pero cada vez cuesta más vivir de ellos. Los jóvenes se marchan hacia Barcelona o Lleida. Las mujeres tienen muy pocas, casi nulas, oportunidades laborales en el pueblo. Cada familia que se va es una casa cerrada, un aula con menos alumnos, un comercio que deja de ser viable. La despoblación ya empieza a hacer estragos y el éxodo no deja de crecer.
Aquel joven mosén se llamaba Joan Llort. Había nacido en Guimerà en el año 1932 y su primer destino sería también el último. Durante 45 años ejerció de párroco en la Espluga Calba y de los Omellons, hasta su jubilación.
Podría haber interpretado aquella situación como una consecuencia inevitable del progreso y resignarse a ella. Habría podido limitarse a la actividad pastoral y esperar que los cambios económicos siguieran su curso. En cambio, tomó una decisión inesperada: pasar rápidamente a la acción. Entendía que la misión de la Iglesia también consistía en mejorar las condiciones de vida de las personas.
Cada familia que se va es una casa cerrada, un aula con menos alumnos, un comercio que deja de ser viable
Así, en el año 1969 promovió la creación de la cooperativa textil John-Fil (hoy SomPunt) con una misión muy concreta: crear empleo estable, especialmente para las mujeres, y evitar la despoblación del pueblo. Toda una declaración de intenciones.
Aquella decisión, que hoy podría parecer propia de un emprendedor social o de un especialista en desarrollo local, nacía de una intuición muy sencilla: si las familias no encontraban oportunidades económicas en el pueblo, el pueblo acabaría desapareciendo.
Más de cincuenta años después, SomPunt sigue activa y es considerada la cooperativa textil más antigua de Catalunya que ha mantenido su actividad de manera ininterrumpida, un hito excepcional en un sector profundamente afectado por la deslocalización industrial.
Sin embargo, mosén Joan Llort no fue un caso aislado. Durante los años sesenta y setenta del siglo pasado, varios párrocos rurales, inspirados en la doctrina social de la Iglesia y a menudo vinculados a movimientos como la Acción Católica, impulsaron cooperativas de confección con el objetivo de crear empleo femenino y ofrecer un futuro a sus pueblos.
Aquella manera de entender el ministerio sacerdotal no era fruto de la improvisación. Formaba parte de una tradición intelectual y social que la Iglesia católica había ido construyendo durante décadas.
En el año 1891, el papa León XIII publicaba la encíclica Rerum Novarum. A menudo se considera el texto fundacional de la Doctrina Social de la Iglesia, y su impacto fue mucho más allá de la reflexión religiosa.
En plena revolución industrial, el documento defendía la dignidad del trabajo, el derecho de los trabajadores a asociarse, la necesidad de un salario justo y el papel de las organizaciones intermedias entre el Estado y el mercado.
Aquellas ideas inspiraron iniciativas en toda Europa. En Alemania, Friedrich Wilhelm Raiffeisen impulsaba cooperativas de crédito para combatir la pobreza rural. En Italia nacían las primeras cooperativas vinculadas al catolicismo social. Años más tarde, en el País Vasco, José María Arizmendiarrieta convertiría aquellos mismos principios en el grupo cooperativo Mondragón, hoy el conglomerado industrial cooperativo más grande del mundo.
La historia de Joan Llort y de otros párrocos es extraordinaria. Pero aún es más interesante cuando descubrimos que no era una excepción, sino la expresión de una tradición que había comenzado mucho antes.
Cuando explicamos los orígenes del cooperativismo agrario catalán, acostumbramos a hablar de los campesinos, de los sindicatos agrícolas, de la Mancomunidad, de los ingenieros agrónomos o de las grandes bodegas modernistas. Todo esto es cierto. Pero a menudo olvidamos un actor que aparece de manera recurrente en muchas de estas iniciativas: el párroco del pueblo.
No porque fuera el único ni el principal impulsor, ni mucho menos. Sería una simplificación injusta. El cooperativismo catalán es fruto del esfuerzo colectivo de muchos actores. Ahora bien, en numerosas poblaciones encontramos al párroco como una figura capaz de coser voluntades, generar confianza, redactar estatutos, buscar financiación, convocar reuniones y convencer a los vecinos de que cooperar era más inteligente que competir entre ellos.
Y es que, a finales del siglo XIX, esta función tenía una enorme importancia. En muchos pueblos, el párroco era una de las pocas personas con estudios superiores, capacidad de interlocución con otras instituciones y suficiente autoridad moral para superar desconfianzas que, en comunidades pequeñas, podían durar generaciones.
En aquella época, buena parte de los campesinos catalanes producían materias primas, pero capturaban solo una pequeña parte de la riqueza que generaban. Las uvas, las olivas o las almendras salían de los pueblos sin transformar y, con ellas, también se marchaba una parte importante del valor añadido.
En aquella época, buena parte de los campesinos catalanes producían materias primas, pero capturaban solo una pequeña parte de la riqueza que generaban
Aquí es donde aparecen los sindicatos agrícolas y las primeras cooperativas impulsadas por campesinos, dirigentes locales y, en muchos municipios, párrocos que entendían que su misión no terminaba en la iglesia. La cooperativa se convertía en una herramienta para que los agricultores compraran conjuntamente abonos y maquinaria, accedieran al crédito, compartieran conocimiento y, sobre todo, transformaran su producción antes de venderla.
Cuando una cooperativa elaboraba vino, no daba solo un paso industrial. Estaba reteniendo en el territorio una parte de la riqueza que antes se escapaba. Lo mismo pasaba con el aceite. Transformar significaba controlar una parte mucho mayor de la cadena de valor, negociar mejor los precios y reducir la dependencia de los intermediarios.
Aquellos campesinos no pretendían construir grandes organizaciones empresariales. Querían, simplemente, sacar adelante a sus familias. Ganar unos cuantos céntimos más por kilo podía significar la diferencia entre quedarse en el pueblo o tener que marcharse. La cooperativa era el vehículo para conseguirlo.
Esta misma mirada explica la aparición de las grandes bodegas cooperativas construidas durante las primeras décadas del siglo XX. A menudo los admiramos por su belleza arquitectónica, obra, en muchos casos, de Cèsar Martinell, discípulo de Antoni Gaudí. Pero, antes de convertirse en patrimonio cultural, fueron una infraestructura económica de primer orden. Eran las fábricas que permitían a los campesinos capturar más valor, comercializar mejor sus productos y reforzar la economía local.
Es así como muchos párrocos de pueblo, inspirados en la doctrina social de la Iglesia, impulsaron y acompañaron cooperativas desde finales del siglo XIX hasta bien entrado el siglo XX. Algunos promovieron cooperativas agrarias; otros, décadas más tarde, cooperativas industriales como la de Joan Llort. Todos compartían una misma convicción: que la fe también podía expresarse ayudando a las personas a construir un futuro digno desde el trabajo, la cooperación y el arraigo al territorio.
Quizás hoy lo llamaríamos emprendimiento social, desarrollo local o innovación territorial. Ellos no utilizaban ninguno de estos conceptos. Simplemente, entendieron que una parroquia también podía ayudar a transformar la economía de un pueblo. Y, vestidos con sotana, demostraron que cooperar era una manera de hacerlo.
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