Acceder a una ayuda pública o aplicar una deducción fiscal acostumbra a marcar la diferencia entre acelerar un proyecto innovador o dejar que acumule polvo en un cajón. Sin embargo, la falta de flexibilidad de los calendarios y la complejidad técnica frenan la decisión de acogerse a ellos de un gran número de empresas. Para sacar el máximo provecho a la investigación y el desarrollo, Evan Vallejo, consultor de financiación corporativa y subvenciones de la Cambra de Comerç de Terrassa, detalla el criterio de la institución para garantizar un proceso exitoso: “No cogemos una empresa si no lo vemos claro”, señala a VIA Empresa, y remarca que solo se inicia el proceso cuando hay garantías reales de éxito, ya que “en caso de no conseguir la ayuda o la deducción, la Cambra no cobra nada”.
De acuerdo con esta premisa y para cortar de raíz cualquier riesgo, la decana de las cámaras catalanas apuesta por certificar de manera oficial cada proyecto para otorgar a la empresa la máxima seguridad jurídica y evitar futuras inspecciones: “Algunas consultoras del sector presentan memorias sin certificar porque es más barato, pero luego no se disfruta de la seguridad jurídica para estar tranquilo”, apunta Vallejo. Más allá del escudo jurídico, el consultor destaca el atractivo principal para las empresas a la hora de hacer uso de las ayudas públicas y las deducciones fiscales: “Permite recuperar una inversión económica por un gasto que tenías que hacer, o poder llegar a hacer un proyecto gracias a la financiación extra”.
La I+D requiere un salto disruptivo a nivel de sector, mientras que la IT hace referencia a una mejora de procesos, herramientas o 'software' de la misma empresa
En este sentido, la entidad tarrasense canaliza estas oportunidades a través de ayudas a fondo perdido o de deducciones en el Impuesto de Sociedades. Esta última vía es especialmente interesante tanto para las grandes empresas como para las pymes: mientras que las grandes empresas a menudo encuentran más limitaciones para acceder a determinadas convocatorias de ayudas, las pymes pueden complementar las subvenciones con las deducciones fiscales o, incluso, beneficiarse de este incentivo cuando no existen convocatorias de ayudas adecuadas a sus proyectos”.
Pero zambullirse en el terreno de las subvenciones implica asumir ciertos peajes. “La principal desventaja es la burocracia. Estas ayudas conllevan una importante carga administrativa, con mucho papeleo, documentación a preparar y requisitos formales que hay que cumplir de manera rigurosa, siempre de acuerdo con el calendario oficial de cada convocatoria. Precisamente por esta complejidad, es muy recomendable contar con el acompañamiento de una entidad especialista que gestione todo el proceso y garantice el correcto cumplimiento de los requisitos”, advierte Vallejo.
Un simple retraso en la cadena de suministro puede desembocar en el peor de los escenarios: “La máquina tiene que llegar el día 3 de septiembre y, por cualquier problema con un proveedor, acaba llegando en diciembre; quizás ya quedas fuera del periodo y tenemos que justificar a la administración los motivos de este retraso”, ejemplifica. Este rigor se aplica también a los pagos, ya que si una factura se paga a más de 60 días, la ley de morosidad puede dejar fuera de la ayuda el importe parcial o total del activo adquirido.
Por este motivo, el equipo de la Cambra -encabezado por Vallejo y su compañera, Alba Cabeza- se involucra desde el minuto cero para analizar el listado de inversiones previstas, determinar en qué convocatoria encajan mejor y comprobar si se cumplen todos los requisitos. Una vez presentada la solicitud -que puede tardar entre cinco y seis meses en resolverse-, el acompañamiento se alarga durante los dos años que puede durar el proceso completo, con la gestión de los requerimientos y la elaboración de la memoria de justificación final para asegurar que la empresa recibe el 100% de la cantidad asignada y no tiene que devolver ningún importe.
A la hora de ponerse a ello, muchos empresarios se empeñan en comprender la diferencia entre Investigación y Desarrollo (I+D) e Innovación Tecnológica (IT). Vallejo reconoce que “es difícil” de entrada. La I+D requiere un salto disruptivo a escala de sector: “Es crear un producto completamente nuevo o conseguir una mejora sustancial de lo que hay en el mercado, como diseñar un nuevo material en el sector químico”, subraya Vallejo. En cambio, la IT hace referencia a una mejora de procesos, herramientas o software de la propia empresa.
Este encaje determina el perfil sectorial y el tipo de beneficio de cada operación. Por un lado, los sectores de alta intensidad tecnológica como el químico, el farmacéutico, el cosmético, el del software o la inteligencia artificial acostumbran a canalizar sus proyectos por la vía de la I+D o a solicitar bonificaciones para el personal investigador. Por otro lado, los sectores más tradicionales como el textil, el editorial o la industria optan por la vía de la IT, que resulta mucho más fácil de conseguir y de justificar, o bien por ayudas destinadas a la compra de maquinaria para la mejora productiva.
El retorno fiscal varía según la categoría. La IT ofrece una deducción fija del 12% en el Impuesto de Sociedades, mientras que la I+D parte de un 25%, que puede escalar hasta el 42% por el exceso de gasto respecto a la media de los dos ejercicios anteriores. La cifra puede subir hasta el 59% cuando se dispone de personal dedicado exclusivamente -el 100% de la jornada- a actividades de I+D. Además, si la empresa no puede aplicar la deducción porque no tiene cuota suficiente en el Impuesto de Sociedades - una situación habitual en empresas con pérdidas o en fases iniciales de crecimiento-, esta se puede monetizar. En este caso, la empresa renuncia al 20% de su importe, pero recibe en efectivo el 80% restante por parte de la Agencia Tributaria, siempre que se cumplan los requisitos legales.
Si la empresa no puede aprovechar la deducción porque no tiene suficiente cuota en el Impuesto de Sociedades, esta se puede monetizar: renuncia al 20% de su importe y recibe el 80% restante en liquidez
En cuanto al personal investigador, las empresas que disponen del sello Pyme Innovadora pueden disfrutar, simultáneamente con las deducciones fiscales por I+D+i, de bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social del 40%, que pueden llegar hasta el 50% si el personal investigador es menor de 30 años (+5%) o mujer (+5%). Las empresas que no disponen de este sello también pueden aplicar estas bonificaciones, pero en este caso no es posible compatibilizarlas con las deducciones fiscales sobre el mismo personal investigador; es decir, los costes salariales de un mismo trabajador no se pueden imputar simultáneamente a ambos incentivos” explica Vallejo.
De 175.000 a más de dos millones de euros destinados a la innovación
A la hora de hablar de importes, la herramienta estrella siguen siendo las líneas CDTI. En estas convocatorias, las solicitudes parten de 175.000 euros y pueden superar el millón o los dos millones de euros. Esta financiación combina una parte de ayuda a fondo perdido -que oscila entre el 10% y el 33% del presupuesto aprobado- con un préstamo en condiciones preferentes de tipo fijo euríbor a un año. Esta convocatoria destaca por estar abierta durante todo el año.
Asimismo, empiezan a emerger otras opciones atractivas, pero “todavía poco conocidas” como los Certificados de Ahorro Energético (CAEs). Enfocados a la sostenibilidad, permiten monetizar el cambio de equipos, como sustituir una maquinaria de frío antigua por una más eficiente: "Los kilovatios ahorrados se certifican y se venden directamente a grandes compañías obligadas por ley a reducir su impacto energético para evitar multas. Es una de las oportunidades más interesantes actualmente porque hay mucho dinero disponible y es un proceso mucho más rápido que una subvención tradicional”, destaca el consultor.
Las líneas CDTI combinan una parte de ayuda a fondo perdido con un préstamo en condiciones preferentes de tipo fijo euríbor a un año
De manera más especializada, la Cambra también asesora en herramientas como el Patent Box -que permite reducir "hasta un 60% de las rentas obtenidas por la explotación o la cesión de determinados activos intangibles derivados de actividades de I+D+i, como patentes o software avanzado"- o el Tax Lease, un mecanismo de financiación que permite "canalizar la inversión privada hacia proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica (I+D+i), generando beneficios tanto para la empresa innovadora como para el inversor".
Una aliada estratégica para el tejido empresarial
Con un acompañamiento continuado y una media de 30 empresas al año -concentradas en los sectores químico, farmacéutico, industrial y tecnológico-, la Cambra de Terrassa se ha consolidado como un socio clave para navegar con seguridad entre las aguas de la Administración.
En un entorno en el que la capacidad de transformación determina la competitividad futura, contar con el trampolín de la Cambra reduce las incertezas de la gestión pública. Mediante la rigidez en la certificación y un seguimiento integral de principio a fin, la institución facilita que las empresas conviertan el papeleo del día a día en una oportunidad real de crecimiento, ahorro fiscal y eficiencia.
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