No es ningún secreto que en los últimos tiempos el militarismo se encuentra en auge. La voluntad del presidente americano Donald Trump de hacer que los presupuestos de defensa de los países europeos aumenten de manera relevante, sumado a la obsesión de los gobernantes de la Unión Europea por prepararse ante una guerra imaginaria contra Rusia, ha provocado que las empresas de armamento estén de moda y ocupen más espacio de lo habitual en los medios de comunicación. Justo hace un año, en esta misma sección, hablamos del gigante alemán de la defensa, la empresa Rheinmetall, y ahora toca hablar del caso español, la firma de tecnología bélica, entre otros negocios, Indra.
En enero del año pasado, el empresario del sector de defensa Ángel Escribano Ruiz fue nombrado presidente ejecutivo de Indra, una decisión con cierto carácter político, dado que la empresa en cuestión es parcialmente pública (un 28% de su capital pertenece al Estado a través de la sociedad holding Sepi). Por su parte, Escribano es el máximo accionista privado de Indra, con un 14,3% del capital por medio de su sociedad Escribano Mechanical & Engineering (EM&E). En aquel momento parecía un nombramiento razonable y nadie se esperaba que acabara constituyéndose en el punto de ignición de una guerra interna que haría saltar la empresa a los titulares de las noticias durante los primeros meses de este 2026.
Los problemas comenzaron cuando el gobierno español decidió que sería una buena estrategia fusionar Indra con EM&E, para ganar volumen y crear aquello que en la meseta gusta tanto de los campeones nacionales. Que Indra hiciera una OPA sobre EM&E provocaba un conflicto de intereses muy evidente, porque el presidente de la compradora era la misma persona que el propietario de la comprada; en otras palabras, Escribano tenía que hacer una oferta a Escribano para convencerlo de venderle la empresa. El gobierno español tuvo muy clara la existencia de este conflicto, y por eso pidieron a Escribano que abandonara el cargo de presidente de la compañía semipública. Para sorpresa de todos, el afectado se aferró a la silla y se negó a dimitir.
La trifulca pública entre accionistas no gustó nada a los mercados, de manera que las acciones de Indra sufrieron una bajada considerable durante el mes de marzo de este año. Si el día 4 de aquel mes las acciones de la empresa se pagaban a 64,5 euros, el día 27 habían bajado hasta los 45 euros, o sea, una caída del 30% en menos de un mes. Los nervios del gobierno y de los accionistas estaban a flor de piel. El futuro campeón nacional podría desinflarse hasta límites insoportables. El Estado puso a Escribano contra la pared, porque le obligaron a elegir entre fusión o presidencia, y otra vez, para sorpresa de todos, eligió presidencia.
Que Indra hiciera una OPA sobre EM&E provocaba un conflicto de intereses muy evidente, porque el presidente de la compradora era la misma persona que el propietario de la comprada
Quien sí que movió ficha fue el segundo de Escribano, el consejero delegado José Vicente de los Mozos Obispo, que afirmó que estaba dispuesto a plegar velas a cambio de una modesta indemnización de 3,2 millones de euros. Por cierto, este apellido tan atípico resonará a muchos lectores, y es que De los Mozos fue jefe de la Nissan Motor Ibérica de Barcelona en los albores de este siglo. Las presiones del gobierno acabaron teniendo éxito el pasado primero de abril, el equivalente al día de los inocentes en el mundo anglosajón (April Fools' Day, de origen no muy claro) porque aquel día Escribano cedió y aceptó presentar la dimisión del cargo de presidente ejecutivo.
Según algunas fuentes, un aspecto clave del final de la resistencia de Escribano habría sido la traición de Joseph Oughourlian, el responsable del fondo Amber Capital, que siempre se había mostrado como un aliado del que ahora es expresidente. El financiero franco-armenio, titular a través de su fondo del 5,2% del capital de Indra (un 7,2% hace unas semanas), debía estar muy nervioso por la caída de precio de la empresa, y seguramente la paciencia para perder dinero ya la había agotado con el grupo Prisa, del cual es el máximo accionista. Durante la crisis, ha vendido el 2% de las acciones de Indra con unas plusvalías gigantescas.
El acceso de Escribano a la presidencia de Indra vino propiciado por la salida del anterior presidente, Marc Thomas Murtra Millar, soldado socialista que en enero de 2025 fue destinado a liderar Telefónica, otra empresa semipública. Y si el antecesor de Escribano tenía vínculos profundos con el PSOE, su sustituto resulta que también ofrece este perfil, porque no es otro que Ángel Simón Grimaldos, histórico máximo responsable de Agbar que tuvo una etapa muy breve al frente de Criteria y que a causa de las desavenencias tanto con Isidro Fainé Casas como con los franceses de Veolia ahora se encontraba sin silla.
Las relaciones entre unos y otros han quedado tan deterioradas que parece que el proyecto de fusión entre las dos empresas ha quedado aparcado y, al menos a corto plazo, no se llevará a cabo
Cerrada la crisis en Indra, las relaciones entre unos y otros han quedado tan deterioradas que parece que el proyecto de fusión entre las dos empresas ha quedado aparcado y, al menos a corto plazo, no se llevará a cabo. Por cierto, un aspecto poco conocido de esta empresa de tecnologías para la defensa es que, en cierto modo, tiene origen catalán (como también lo tiene la mencionada Prisa, aunque no lo parezca). En 1962, el emprendedor catalán Enric Masó Vázquez —y futuro alcalde de Barcelona— regresó de una estancia en Estados Unidos, quién sabe con qué vínculos, y consiguió la licencia para fabricar los televisores de la marca americana Emerson. Esta operación sirvió de base para la creación de la empresa Cecsa (Compañía de Electrónica y Comunicacions, SA).
A finales de los sesenta y principios de los setenta, la firma tecnológica se hizo un hueco en la industria aeroespacial, fabricando piezas para satélites y sistemas de vigilancia aérea para aeropuertos. Pero la crisis de finales de los setenta dejó la compañía en una situación muy comprometida y acabó en manos de la Corporación Industrial Catalana (CIC), un holding que lideraba Pere Duran Farell. Poco después, en 1985, una filial de Cecsa, llamada Cecsa Sistemas Electrónicos (Ceselsa), se escindió de la matriz y pasó a depender de manera directa de la CIC y a trabajar en gran medida para el ejército español. Al frente de Ceselsa quedó el ingeniero José Antonio Pérez-Nievas y Heredero, licenciado en Barcelona, pero con bastante experiencia en Estados Unidos. El último paso se produjo en 1993, cuando la empresa de electrónica absorbió a la pública Inisel, SA para formar la actual Indra.