La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) emitió el año pasado 65 resoluciones de sanción contra empresas comercializadoras de gas y electricidad que afectaron a 52 compañías (algunas recibieron más de una), de las que diez son catalanas. Entre estas últimas aparecen comercializadoras con importantes carteras de clientes como Factor Energia o Aura Energía, pero también una antigua operadora eléctrica, Cirsa Servicios Corporativos, a la que la CNMC le ha acabado dando la razón.
Estas resoluciones ponen en evidencia la conflictividad en el sector de las comercializadoras independientes de gas y electricidad. En 2022, la comisión que preside Cani Fernández batió el récord de resoluciones de sanción, con 65, que superan las 54 de 2021, las 17 de 2020 o las 25 de 2019.
Fuentes del sector apuntan que la crisis de los precios de la energía ha generado dificultades a las comercializadoras, especialmente a las más pequeñas. Se han visto obligadas a comprar electricidad en el mercado mayorista (el llamado pool) a un precio superior al que tenían contratado con sus clientes. Algunas han acumulado retrasos en los pagos que, incluso, han conducido a concursos de acreedores, como los de las catalanas Aura Energía o Iberred Solutions, de Lloret de Mar, que ya se ha liquidado.
Red Eléctrica de España (REE) está detrás de gran parte de las denuncias
La mayoría de expedientes se han abierto por impagos de las tarifas de acceso a la red de distribución o por no prestar las garantías exigidas. En algún caso, también por vulneración de los derechos de los consumidores. La CNMC nunca actúa de oficio contra comercializadoras, sólo a instancia de un denunciante, que en muchos de los expedientes es Red Eléctrica de España (REE), recientemente rebautizada con la marca Redeia por su presidenta, la exministra Beatriz Corredor.
Aunque la CNMC anunció el pasado año multas millonarias, como las impuestas a la irlandesa Solstar Limited y a la austriaca Gasela GMBH, con 6 millones de euros a cada una por supuesta manipulación del mercado de gas natural, la dureza sancionadora no suele ser el criterio de la comisión. Normalmente, no aplica las sanciones máximas previstas por la ley tanto en lo que se refiere a las infracciones tipificadas de leves como de graves. Y además, a menudo, los infractores se acogen a rebajas, de hasta el 40%, si abonan la multa en el plazo establecido. Las sanciones de la CNMC pueden recurrirse por la vía del contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional.
Aura Energía, en concurso de acreedores, recibió dos sanciones por importe de más de 277.000 euros
Respecto a las compañías catalanas, Aura Energía, con sede en Sant Joan Despí, fue la que recibió la sanción de mayor importe el año pasado, un total de 277.500 euros, a raíz de dos multas: la primera, cuya resolución está fechada el pasado diciembre, por impago de los peajes de distribución (200.000 euros), y la segunda, por supuesta vulneración de los derechos de los consumidores (77.500 euros), según consta en los expedientes que pueden consultarse a través de la página web de la CNMC.
Aura Energía se constituyó en 2011 para comercializar electricidad procedente de fuentes renovables. Superó los 15.000 clientes entre los que se encontraban cientos de administraciones públicas. En 2021 se acogió a un concurso voluntario de acreedores. En marzo pasado, el BORME publicó la designación del despacho Baker Tilly como administrador concursal.
Iberred Solutions también fue sancionada, con 75.000 euros, por no pagar los peajes de acceso a las redes de distribución. Curiosamente, la resolución de la CNMC está fechada el pasado julio, cuando esta compañía de Lloret de Mar ya se encontraba en situación de disolución desde marzo por decisión judicial posterior a la liquidación. Con anterioridad, Iberred ya había sido sancionada.
Multa a Factor Energía por supuestos incumplimientos relacionados con los derechos de los consumidores
Factor Energia, presidida por Emili Rousaud, también fue multada con 58.000 euros por el supuesto “incumplimiento de sus obligaciones en relación con los derechos de los consumidores”. En la misma resolución de la CNMC, fechada en julio, ya consta que la compañía ha abonado este importe.
Trade Universal Energía, de Barcelona, fue multada con 30.000 euros por no prestar las garantías exigidas por el operador del sistema eléctrico. Esta compañía comercializa electricidad a particulares y empresas.
Viva Luz Soluciones, de Arenys de Mar, recibió el pasado año tres resoluciones, también por cuestiones de peajes de red y garantías, por un importe conjunto de 40.000 euros. Y Energía Naranja, de Granollers, una sanción de 5.000 euros también por los peajes.
Hay industrias que, en su momento, se convirtieron en operadoras de energía y sobre las que el pasado año cayeron resoluciones por la cuestión de las garantías exigidas, si bien por importes bajos: la textil Intercot (58.000 euros), de Sant Feliu Sasserra (Barcelona); el productor de embutidos Caula Aliments (10.800 euros), de Sant Gregori (Girona); y Agraria Plana de Vic (3.000 euros), entidad cooperativa que cuenta con sección de crédito y que se dedica a la fabricación de piensos.
Pero también existen empresas que han culminado el expediente sancionador con éxito. En una resolución fechada en febrero del año pasado, la sala de supervisión dio la razón a Cirsa Servicios Corporativos y archivó las actuaciones. Esta compañía alegó que, en abril de 2021, se dio de baja como operadora de electricidad. Como administrador único aparece Isaac Lahuerta, que fue el brazo derecho de Manuel Lao Hernández antes de que, en 2018, vendiera las empresas de juego del grupo Cirsa a Blackstone.