Rosa María Virolés, presidenta de la sala cuarta del Tribunal Supremo, fue una de las protagonistas de la Noche del Colegio de Graduados Sociales de Barcelona, Girona y Lleida (CGSB) celebrada este miércoles en el Museo Nacional de Arte de Catalunya (MNAC). Después de recordar que ella misma es graduada social desde hace 50 años, puso énfasis en el "colapso" de 6.000 recursos del TS y en las consecuencias del bloqueo del Consejo General del Poder Judicial.
La Noche de los graduados sociales reunió a más de 400 personas. Entre los asistentes también estaba la consejera de Justicia de la Generalitat, Gemma Ubasart, que destacó la tarea que realizan los graduados sociales para el buen funcionamiento de la administración de justicia. Además, Ubasart agradeció el trabajo en materia de "justicia social", según informa la entidad colegial en un comunicado.
El acto sirvió para que la nueva junta colegial jurara el cargo: Montserrat Cerqueda, como decana, Beatriz Amores, secretaria; Noemí Cardellach, vicedecana; Manuel Brenes, vicedecano; Aitor González, vicesecretario y tesorero; Francisco Vázquez, interventor; Josep Canal, vocal; Joan Crosas, delegado en Girona; y Nacho Vendrell, delegado en Lleida. Además, un total de 121 graduados y graduadas sociales recibieron las medallas honoríficas por los 15, 20, 25 y 50 años de colegiación.
La nueva junta del Colegio de Graduados Sociales introducirá el voto electrónico en todas las votaciones internas
Cerqueda, decana del Colegio, destacó el reencuentro de los colegiados al cabo de dos años en los que la pandemia dificultó las tareas presenciales. También subrayó el impulso que están dando al CGSB en el inicio de esta nueva etapa.
La nueva decana se ha fijado como objetivos: introducir un sistema de voto electrónico, que sirva para las juntas de gobierno, las asambleas ordinarias y extraordinarias y para los procesos electorales; impulsar el área de recursos humanos; dar más atribuciones a las delegaciones territoriales de Lleida y Girona; sensibilizar en favor de la igualdad de género y favorecer que los más jóvenes se puedan colegiar.
Desde 1991, el graduado social es una de las tres únicas profesiones jurídicas en el Estado legitimada para la intervención en procesos judiciales relativos al área del Derecho Laboral y de la Seguridad Social.