Una de las claves de la competitividad de una empresa es la anticipación. La anticipación respecto a la competencia, pero, especialmente, la anticipación para prever escenarios futuros y poderte preparar, evitar o minimizar riesgos o, si procede, intervenir trasladando propuestas.
El seguimiento regulatorio es relevante para identificar estos posibles riesgos y aprovechar oportunidades. En un sistema democrático, los procesos legislativos son fruto de una amplia participación de agentes que, de forma activa o pasiva, siguen de manera transparente este proceso. Desde Aristòtil hasta el recientemente desaparecido Jürgen Habermas han propugnado las bondades de los procesos de participación legislativa como elemento positivo de calidad democrática.
Así pues, ¿qué se está cociendo en el ámbito normativo en Catalunya y puede tener impacto en las empresas?
En Catalunya nos encontramos a la mitad de legislatura del Govern de Salvador Illa y existen un buen número de proyectos y proposiciones de Ley en marcha en el Parlament de Catalunya, pendientes de la aprobación de la ley de presupuestos.
Pero no solo en el Parlamento hay actividad legislativa. También en el ejecutivo. Hace unas semanas, precisamente, el Gobierno presentó el Plan normativo del 2026 con un grueso de anteproyectos de ley en diferentes fases de tramitación.
Ahora que se están desarrollando las más de 100 iniciativas del Pacto Nacional para la Industria 2026-2030, firmado recientemente por el Gobierno y los agentes sociales, querríamos destacar tres anteproyectos de ley que el Gobierno está trabajando que tienen una incidencia directa en el sector industrial: la regulación de los residuos; la gestión hídrica y la industria alimentaria.
"El seguimiento regulatorio es relevante para identificar estos posibles riesgos y aprovechar oportunidades"
Una norma que hace tiempo que está en el radar de las empresas -ya desde la anterior legislatura- es el Avantprojecte de llei de prevenció i gestió de residus i ús eficient dels recursos de Catalunya. Esta norma, que impulsa la Agència Catalana de Residus, se basa en los principios de la economía circular fijados por la Unió Europea (UE) y afecta a los procesos industriales y las plantas de producción del país. Prevé medidas para la prevención dentro del ciclo de vida de los recursos y pretende incidir en las pautas de producción y de consumo.
Igualmente, la gestión de los recursos hídricos es un elemento estructural determinante en cualquier industria. Recientemente, el departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, ha dado a conocer el texto de la memoria del Anteproyecto de ley de transición hídrica. Una vez se han superado los episodios de emergencia causados por la sequía de los últimos años, se configuró la necesidad de definir procesos de eficiencia de gestión del agua, incorporando requisitos más estrictos de control de uso. No se descarta que, a través de esta norma, se incorporen nuevos tributos vinculados a actividades intensivas o contaminantes, entre otros.
"Es evidente la notable importancia de estas normas en el diseño de las políticas industriales y del modelo económico de Catalunya"
Finalmente, desde el punto de vista más sectorial, una industria que también está sujeta a regulación es la alimentaria. Un sector clave en la economía catalana, que representa casi el 20% del PIB catalán y que tiene múltiples aristas. El Departamento de Agricultura del consejero deÒscar Ordeig empezó la tramitación del Anteproyecto de ley de alimentación de Catalunya, que actualmente ha pasado el trámite de información pública. Esta iniciativa legislativa tiene como objetivo encaminar el sistema alimentario hacia un modelo más sostenible. En el debate está la vertebración de la soberanía alimentaria, garantizar el derecho universal a una alimentación adecuada y el fomento de la innovación, la competitividad y el relevo generacional en el sector agroalimentario.
Es evidente la notable importancia de estas normas en el diseño de las políticas industriales y del modelo económico de Cataluña. Una buena regulación en estos ámbitos puede contribuir a una mejor seguridad jurídica y una definición adecuada de los marcos normativos para el desarrollo de la actividad económica. Y las empresas pueden contribuir de manera activa.