Nunca he conocido a un consejero o un presidente de la Generalitat que no quisiera librarse de la burocracia. Entonces, ¿por qué no hay manera de erradicarla? En primer lugar, la burocracia está presente en todas las organizaciones públicas de todos los países mínimamente desarrollados. Hoy, estas organizaciones públicas son híbridas: organizaciones de profesionales que conviven con la formalización del comportamiento, característica de las burocracias nacidas con la industrialización. Un ingeniero, en una organización privada, se orienta a resultados. En una organización pública, se orienta al cumplimiento de las normas. Y esto no es malo, si se hace atendiendo al valor público que producen.
Los diferentes niveles administrativos -Generalitat, Ayuntamientos, Estado y Unión Europea- son instituciones creadoras de burocracia
En segundo lugar, es relevante nuestra situación en el sistema de derecho continental en relación con el anglosajón. Este último, simplificando, presupone que todo está permitido, a menos que esté prohibido. El continental induce a una forma de legislar y reglamentar muy detallada. Afecta al Estado y a la Unión Europea, que no escapan de un exceso de burocracia. Pero, sobre todo, al Parlament de Catalunya, aprobando leyes con un grado de detalle exorbitante. Sirva como ejemplo la Ley de prevención y control ambiental de las actividades: 82 páginas, 90 artículos, 25 páginas para 5 anexos que prevén la ubicación de la actividad en uno de los 320 apartados posibles.
En tercer lugar, los diferentes niveles administrativos -Generalitat, Ayuntamientos, Estado y Unión Europea- son instituciones creadoras de burocracia, cada una sin preocuparse de lo que hacen las demás y, por lo tanto, sin poner al ciudadano en el centro.
Para terminar, las resistencias internas. Para verlo, propongo al lector un ejercicio mental. Suponga que le han nombrado consejero de un determinado departamento del Govern de la Generalitat. Usted entra con el propósito de reducir la burocracia. Identificados los procesos que requieren una actuación quirúrgica, los responsables de estos procesos le explicarán que para hacerlo es necesario modificar leyes y decretos, y le detallarán el sentido que tienen los trámites actuales. Consejero, no cometa el error de creer que estos funcionarios son miembros o simpatizantes de partidos opositores, nombrados por el anterior gobierno, que solo quieren fastidiarle. Casi nunca es así. Estos funcionarios creen en lo que hacen, y esta situación se ha convertido en su zona de confort. La Asesoría Jurídica del departamento o, incluso, el interventor le confirmarán la necesidad de hacer modificaciones legislativas si quiere llevar adelante sus propósitos. Al igual que antes, no pretenden ponerle trabas. Simplemente, son dos instituciones cuyo ADN es el estricto cumplimiento de la norma y, por tanto, no tienen ninguna orientación hacia la innovación ni hacia una interpretación abierta de las leyes, sobre todo ahora que han visto cómo actúa la justicia española. La reunión con los sindicatos será decepcionante. Ponen mala cara ante cualquier cambio de esta naturaleza. Su ADN es la defensa del statu quo de los funcionarios. Nunca he visto que se planteen una mejora del servicio público si ello representa una alteración de dicho statu quo.
Llegados a este punto, se alcanza una primera conclusión: necesita ayuda y ve absolutamente necesario contratar una empresa consultora y nombrar como director de este proyecto a una persona de su confianza dentro del departamento. No le digo que no lo haga, pero tenga mucho cuidado. Las empresas consultoras le costarán mucho dinero y podrán eliminar o simplificar algunos de estos procesos, pero no tendrán respuesta a una pregunta esencial: si el proceso crea valor público.
Si está convencido de que reformar nuestra administración pública es una condición necesaria para aumentar la productividad del país y su bienestar, aquí debe encontrar la fuerza necesaria para seguir adelante
Aun así, usted es una persona tenaz y quiere continuar. La Asesoría Jurídica le explica que entre la preparación de la ley, su entrada al Parlamento y su eventual aprobación, si cuenta con suficientes apoyos, pueden pasar dos o tres años. Es probable que llegue al final de la legislatura y el proyecto de ley decaiga. Los partidos más a la izquierda en el Parlament no le apoyarán. Ven estos proyectos con malos ojos y le colgarán inmediatamente una etiqueta: neoliberal. Así acaba la discusión, y no le presentarán ningún proyecto alternativo para reducir la burocracia.
Vista la situación, es el momento de hacer una evaluación de riesgos. Por un lado, tendrá que luchar mucho y, si finalmente lo logra, no disfrutará de los beneficios políticos de su esfuerzo. Por otro, si está convencido de que reformar nuestra administración pública es una condición necesaria para aumentar la productividad del país y su bienestar, aquí encontrará la fuerza necesaria para seguir adelante. Le advierto, como supongo que ya sabe, que estos valores hoy no cotizan en el mercado político.
Ante este cúmulo de dificultades, uno podría pensar que es mejor dejarlo. Muy al contrario, la desburocratización de nuestras administraciones, dentro de un proceso profundo de reforma, no solo es posible sino absolutamente necesaria. Emprenderla exige estrategias adecuadas. Pero ese no es el objetivo de este artículo.
(*) Fera tiene como miembros: Associació Catalana de Gestió Pública, Associació Catalana de Professionals, Cambra de Comerç de Barcelona, Cecot, Club de Direcció Pública Esade Alumni, Col·legi d’Economistes de Catalunya, Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya, Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia, Fundació FemCAT, i Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya.