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Hay pocos debates que generen tanta polémica como el fenómeno migratorio, tanto en nuestro país como en la mayoría de los países receptores del mundo, desde Sudáfrica, Japón, Estados Unidos o Alemania. Cada vez que aparecen nuevos datos sobre llegadas, empleo, vivienda o servicios públicos, Catalunya se divide entre quienes sostienen que necesitamos más inmigración porque sin ella no podremos mantener nuestro modelo económico ni el estado del bienestar, y quienes denuncian que el país ha superado su capacidad de acogida.
La cuestión central no es si Catalunya necesita más o menos inmigración. La cuestión es mucho más sencilla y mucho más incómoda: ¿quién gobierna hoy la inmigración en Catalunya? Pues no está claro... más allá del marco europeo y de las competencias estatales.
La inmigración depende administrativamente de un departamento, las consecuencias sociales de otro, el mercado laboral de un tercero, las escuelas de un cuarto, la lengua de un quinto, la seguridad de un sexto y la vivienda de un séptimo. La política migratoria catalana es hoy un puzle administrativo donde cada pieza funciona con relativa autonomía, pero donde nadie dibuja la imagen completa. Gestionamos las consecuencias, pero no gobernamos el fenómeno. Podemos hacer politics pero no hacemos policies. Y este es probablemente el gran error que Catalunya arrastra desde hace 30 años.
En España, excluyendo a los ciudadanos comunitarios que suponen un 50% de los inmigrantes totales, aproximadamente el 83% de la población extranjera extracomunitaria se encuentra en situación administrativa regular y cerca del 17% en situación irregular. Ahora bien, no existe una estadística oficial que permita afirmar qué porcentaje entró inicialmente con contrato de trabajo, visado de estudios, reagrupación familiar u otra autorización previa. Una parte muy significativa de los residentes, actualmente regulares, accedió directamente por estas vías, mientras que otra entró como turista, solicitante de asilo o sin autorización, y obtuvo posteriormente la residencia por arraigo, protección internacional o circunstancias excepcionales, hecho que se conoce por sobreestancia de visado. El porcentaje más insignificante son los que entran de forma irregular por tierra o mar, pero son los que tenemos fijados en nuestro marco mental. Por lo tanto, poco análisis podemos hacer si no tenemos datos solventes de lo que está pasando.
Hay una diferencia fundamental entre Catalunya y países como Canadá, Australia, Nueva Zelanda o incluso Suiza, Dinamarca o los Países Bajos. Ellos hace décadas que saben que la inmigración forma parte de su proyecto nacional. Nosotros no.
Durante buena parte de los siglos XIX y XX Catalunya fue un país de emigrantes. Miles de catalanes se marcharon hacia Cuba, Argentina, Francia, Alemania, Suiza o Bélgica buscando oportunidades. No tuvimos que construir instituciones para seleccionar, formar o integrar grandes contingentes de población extranjera porque esta sencillamente no era nuestra realidad. Cuando la inmigración internacional empezó a crecer de manera acelerada a partir de los años noventa reaccionamos como pudimos. Con buena voluntad, pero sin modelo. Con políticas de acogida, pero sin una política migratoria. Con recursos sociales, pero sin una estrategia de país.
"En España, excluyendo a los ciudadanos comunitarios que suponen un 50% de los inmigrantes totales, aproximadamente el 83% de la población extranjera extracomunitaria se encuentra en situación administrativa regular y cerca del 17% en situación irregular"
Todos los gobiernos catalanes, desde Jordi Pujol hasta Salvador Illa, han dedicado esfuerzos importantes a la acogida, a la integración y a los servicios públicos. Pero ninguno ha construido un relato nacional compartido sobre qué significa inmigrar a Catalunya ni ha definido un modelo catalán de gobernanza migratoria. Al principio por miedo a abrir un melón muy complejo, después por miedo a ser tildados de xenófobos y poco acogedores.
La paradoja es que Catalunya ya había intuido parte de la solución. La Ley 10/2010 de acogida de las personas inmigradas y retornadas fue una norma avanzada para su tiempo. Regulaba el Servei de Primera Acollida, establecía itinerarios formativos, reforzaba el aprendizaje del catalán y planteaba una política pública de integración mucho más estructurada que la de muchas comunidades autónomas. Pero contenía una idea todavía más interesante: la posibilidad de crear una Agencia de las Migraciones de Catalunya capaz de coordinar esta política. Quince años después, aquella agencia continúa sin existir.
Es difícil encontrar una metáfora mejor del funcionamiento de las políticas públicas catalanas y es que demasiado a menudo no desplegamos los instrumentos que nosotros mismos consideramos imprescindibles. Uno de los errores más frecuentes es pensar que la inmigración define el modelo económico. Es justo al revés. Es el modelo económico quien acaba determinando la inmigración que necesita un país.
El Informe Fénix, tan criticado, apuntaba precisamente esta cuestión de fondo: Catalunya no puede aspirar simultáneamente a una economía de alto valor añadido y mantener una estructura productiva basada en salarios bajos y actividades intensivas en mano de obra poco cualificada. El tipo de inmigración que un país necesita es, en gran medida, consecuencia del modelo productivo que decide impulsar.
Si la economía catalana apuesta por la investigación, la industria avanzada, la salud, la inteligencia artificial, la biotecnología o las tecnologías verdes, la política migratoria deberá priorizar perfiles cualificados y sistemas eficientes de captación internacional de talento. Si, en cambio, sigue dependiendo de sectores con poco valor añadido y escasa productividad, necesitará un volumen mucho mayor de mano de obra poco cualificada.
La política migratoria no puede diseñarse al margen de la política industrial, de la política educativa o de la estrategia económica. Forman parte del mismo sistema. Por eso Catalunya necesita un instrumento que hoy no existe: un Índice Catalán de Capacidad de Integración (ICCI).
El debate actual gira siempre alrededor del número de inmigrantes que entran en el país. Es un debate pobre. La pregunta correcta no es cuántos inmigrantes queremos, sino cuántos nuevos residentes podemos integrar adecuadamente cada año sin deteriorar la cohesión social ni la calidad de los servicios públicos. El ICCI debería convertirse en la herramienta central de la política migratoria catalana. Cada año, un organismo independiente con participación del Govern, de los ayuntamientos, de los agentes económicos y sociales, de las universidades y de los centros de estudios demográficos debería evaluar la capacidad real del país a partir de indicadores objetivos:
A partir de este índice, el Govern podría aprobar anualmente un Catálogo Catalán de Profesiones Estratégicas, identificando los perfiles que el país necesita y orientando toda la política migratoria hacia estos objetivos.
Este es el modelo que, con adaptaciones diferentes, utilizan los países que mejor gestionan la inmigración. No improvisan. Planifican. La OCDE destaca precisamente esta tendencia: vincular la inmigración a los objetivos demográficos y económicos, acelerar la incorporación al mercado laboral y reconocer cualificaciones en los sectores con mayor déficit de profesionales. Si sabemos qué necesitamos, el siguiente paso es igualmente evidente. La inmigración económica debería organizarse principalmente en origen.
Catalunya debería establecer acuerdos estables con países emisores, impulsar escuelas de formación vinculadas a las necesidades de las empresas catalanas, seleccionar a los candidatos antes de su desplazamiento e iniciar ya en los países de origen el aprendizaje del catalán, el conocimiento de nuestra sociedad, de los derechos y deberes y del funcionamiento del mercado laboral. Cuando la persona llegara a Catalunya no empezaría de cero. Llegaría con una profesión, con una oferta laboral o un itinerario claro, con conocimientos básicos de la lengua y con un proceso de integración ya iniciado que complementaría su Plan de Acogida.
"Catalunya necesita recuperar una idea que parece haber desaparecido del debate público: la reciprocidad. Un país tiene la obligación de ofrecer oportunidades, pero también tiene derecho a pedir compromiso"
Este modelo beneficia a todos: las empresas reducen los costes de adaptación, los inmigrantes aumentan sus posibilidades de éxito, los servicios públicos pueden planificar mejor los recursos y la ciudadanía percibe que existe orden y previsión. No hace falta decir que Alemania, Italia, Francia y otros países europeos hace décadas que ya lo hacen a través de asociaciones empresariales y grandes empresas tractoras. Este modelo, sin embargo, solo será posible si Catalunya dispone de más capacidad ejecutiva. No estamos hablando de controlar fronteras ni de gestionar el asilo o la nacionalidad. Estas son competencias estatales, lo que se necesita es una delegación funcional de competencias, perfectamente compatible con el artículo 150.2 de la Constitución.
Catalunya debería poder gestionar los permisos de trabajo vinculados a su mercado laboral, participar en la contratación en origen, coordinar los procesos de acogida, emitir informes vinculantes de integración, agilizar la homologación profesional, gestionar la documentación administrativa vinculada a los permisos, participar en el control documental en los principales puntos de entrada y coordinar territorialmente los flujos migratorios. El Estado conservaría las competencias nucleares —fronteras, política exterior, nacionalidad, asilo y expulsiones— mientras Catalunya asumiría la gestión de aquello que conoce mejor: su mercado laboral, sus municipios, sus empresas y sus necesidades demográficas. Es una cuestión de eficiencia. También sería necesario dejar de considerar la inmigración una simple política social. Es una política demográfica, económica, territorial y de cohesión. No es normal que uno de los ítems sociales destacados en las encuestas de opinión pública esté bajo una dirección general.
Catalunya debería crear una consejería de Demografía, Talento, Inmigración y Cohesión, dependiente directamente de Presidencia, no solo para gestionar la inmigración, sino también la natalidad, el retorno del talento catalán, la captación internacional de profesionales, la política lingüística de integración y el Observatorio Demográfico. De esta consejería debería depender una Agencia Catalana de Gobernanza Migratoria, recuperando y ampliando el espíritu de la ley de 2010, así como un Consejo Catalán de Gobernanza Migratoria, con participación del Govern, los ayuntamientos, las empresas, los sindicatos, las universidades y el tercer sector.
Finalmente, Catalunya necesita recuperar una idea que parece haber desaparecido del debate público: la reciprocidad. Un país tiene la obligación de ofrecer oportunidades, pero también tiene derecho a pedir compromiso. Quien decide construir su futuro entre nosotros debe encontrar una sociedad abierta, pero también una sociedad que espera respeto por sus leyes, voluntad de aprender la lengua, participación en la vida cívica y aceptación de los valores democráticos que sostienen la convivencia.
Este no es un discurso contra nadie. Es un discurso a favor de un país que sabe adónde quiere ir. Durante demasiado tiempo Catalunya ha discutido si estaba a favor o en contra de la inmigración y este debate es estéril. Lo que hay que definir es cómo queremos gobernar la inmigración. Porque los países que prosperarán durante las próximas décadas no serán los que cierren las puertas ni los que las dejen abiertas sin criterio. Serán aquellos que sean capaces de combinar prosperidad, cohesión y confianza institucional. Y eso solo se consigue cuando la inmigración deja de ser un problema que se administra y se convierte en una política de país que se gobierna.
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