La participación de los abajo firmantes en la comisión de seguimiento del pacto por la educación y contra la segregación escolar, por segunda vez y por encargo de la Sindicatura de Greuges, con otros representantes del sector educativo, inspira este texto, sin configurar ningún tipo de resumen.
El informe detecta la brecha entre el coste teórico, los estándares deseados y la realidad de la financiación pública; un clásico entre lo que se querría y lo que se puede lograr, particularmente en el contexto de políticas públicas sufragadas con financiación conjunta. Es bien cierto que lo que se querría tiene un componente ideológico nada despreciable y unos condicionantes de financiación autonómica bastante limitadores.
No se puede aspirar a ratios de gasto educativo sobre PIB si la financiación pública de este gasto no tiene que ver con el PIB, ya que no se basa en la generación de recursos propios de la comunidad, sino que, en el mejor de los casos, con una transferencia sobre gasto medio estatal.
Domina en el sector, además, que no es solo una cuestión de suficiencia, sino de justicia en la distribución de los recursos. Pero la idea de equidad en la educación tiene para algunos alcances diferentes. Esta se cumpliría con la igualdad de acceso, ya teórica (derechos) o ya efectiva (a la vista de las dificultades de lograrla en la práctica), mientras que otros querrían la igualdad de resultados, básicos para unos y mínimos para otros, con políticas compensatorias de diferente límite e, incluso al coste de interferir, si procede, en las decisiones personales o familiares.
Sea cual sea la función objetiva, en el caso que nos ocupa, como en muchos otros campos de los servicios públicos (sanidad, servicios sociales y de dependencia), los recursos a aplicar son limitados. Cabe decir que nos referimos a la financiación pública, nunca a la realidad de la financiación total, ya porque así se quiere -que se acompañe el apoyo de los contribuyentes al esfuerzo de los usuarios-, ya porque sea inviable neutralizar completamente la aplicación práctica de los recursos particulares.
Entre lo que debería ser y lo que es, existe de entrada una brecha que solo se puede reducir pausadamente. Primero, por posibilidades de tesorería; segundo, porque se necesita un monitoreo escalonado de los cierres de toda infrafinanciación de cara a asegurar que se corrigen los déficits en las orientaciones previstas y su aplicación práctica.
"Entre lo que debería ser y lo que es, existe de entrada una brecha que solo se puede reducir pausadamente"
Las limitaciones de los análisis son obvias. Aunque alguien pueda reconocer que el problema no se resolverá hasta que, pongamos por caso, las desigualdades en renta no desaparezcan (por ejemplo, en la sanidad, a la luz de lo que se sabe de cómo condicionan las clases sociales, la educación o el código postal, los resultados de salud de los ciudadanos, o en la educación en cuanto a la pobreza infantil), lo cierto es que en la política pública debe regir también el mientras tanto.
Los condicionamientos estructurales no deben ignorarse, pero nunca pueden tampoco ser una excusa para remitir la política pública a la política, negligiendo la gestión, renunciando a la posibilidad de mejorar constantemente/escalonadamente. Las diferentes esferas de actuación deben ser coherentes, pero se trata de escalados con diferentes responsabilidades que deben evitar la inacción embargada por el debate político, la ideología o el interés económico.
Artículo firmado por Guillem López Casasnovas y Eugeni Garcia Alegre, UPF y CRES
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