Empresas y vulnerabilidad: el relato que debemos corregir

En los últimos años se ha ido consolidando en el debate público un relato sutil, pero persistente: el que contrapone la protección de las personas vulnerables con la defensa de la actividad empresarial, como si fueran dos realidades opuestas, como si reforzar una implicara cuestionar la otra. Este planteamiento es, en mi opinión, un error de base que puede tener consecuencias estructurales si no lo corregimos a tiempo.

Cuando se habla de empresarios, a menudo se hace con una imagen que no corresponde a la realidad económica del país. Según los últimos datos del Directorio Central de Empresas (DIRCE) del Instituto Nacional de Estadística (INE), el 99,8% de las empresas en España son pequeñas y medianas empresas. En Catalunya, el porcentaje es prácticamente idéntico. Dentro de este 99,8%, aproximadamente el 94% son microempresas con menos de diez trabajadores, muchas de ellas autónomos o empresas familiares.

Si quieres saber más

 

   

Neus Lloveras (FEGP): "El futuro del Penedès no se puede decidir desde un despacho de Barcelona"

Estas empresas generan cerca del 60-65% del empleo del sector privado y aportan alrededor del 60% del valor añadido bruto empresarial. Es decir, no estamos hablando de un actor marginal ni de una élite concentrada, estamos hablando del grueso de nuestro sistema productivo: comercios, talleres, pequeñas industrias, empresas de servicios, profesionales liberales y proyectos familiares, que sostienen la economía real del territorio. Si este es nuestro tejido, conviene preguntarnos qué mensaje estamos enviando cuando el discurso público tiende a asociar empresa con privilegio o con sospecha.

El estado del bienestar no se financia con buenas intenciones, se financia con actividad económica: con cotizaciones sociales, IRPF, impuesto de sociedades e IVA. Si erosionamos la legitimidad social de la actividad empresarial, si generamos un entorno normativo cada vez más complejo o un clima de desconfianza permanente, el riesgo no es ideológico: es estructural. Un país con menos dinamismo productivo es un país con menos capacidad recaudatoria y, por lo tanto, con más dificultades para sostener sanidad, educación, dependencia y pensiones. La cuestión no es si debemos proteger a las personas vulnerables, eso es indiscutible, la cuestión es cómo garantizamos de manera sostenible los recursos para hacerlo.

"Un país con menos dinamismo productivo es un país con menos capacidad recaudatoria y, por lo tanto, con más dificultades para sostener sanidad, educación, dependencia y pensiones"

Hay otro elemento que a menudo queda fuera del relato dominante: no todas las vulnerabilidades son visibles ni mediáticas. Hablamos, con razón, de las personas que han quedado fuera del sistema laboral. Pero hablamos poco de trabajadores y trabajadoras que han cotizado toda la vida y llegan a la jubilación con pensiones muy ajustadas; de mujeres viudas que, al perder la pareja, han visto reducidos significativamente sus ingresos; de personas mayores que no protestan, que no ocupan titulares, pero que viven con dificultades reales. Estas realidades existen y también forman parte del debate social. Si simplificamos la conversación pública en un esquema binario, empresas versus vulnerables, invisibilizamos estas situaciones y empobrecemos el análisis.

Ninguna sociedad avanzada puede renunciar a políticas sociales sólidas, pero tampoco puede ignorar la necesidad de un tejido productivo fuerte, competitivo y respetado. Si el modelo evoluciona hacia una economía cada vez más dependiente del sector público, con un peso creciente del gasto estructural y unas políticas sociales orientadas principalmente al subsidio en lugar de la reintegración laboral, la sostenibilidad a largo plazo puede verse comprometida. La protección social debe ir acompañada de políticas activas que faciliten la incorporación al mercado de trabajo, la formación continua y la adaptación a los nuevos sectores productivos. El trabajo no es solo un mecanismo de renta, es motor de inclusión y cohesión.

"Ninguna sociedad avanzada puede renunciar a políticas sociales sólidas, pero tampoco puede ignorar la necesidad de un tejido productivo fuerte, competitivo y respetado"

En un país donde el 99,8% de las empresas son pequeñas y medianas, el debate no puede presentar el mundo empresarial como un actor ajeno al interés general. Empresarios y trabajadores no son bloques antagónicos, forman parte de un mismo ecosistema económico y social. Sin empresa no hay empleo, sin empleo no hay recaudación, sin recaudación no hay estado del bienestar.

La defensa de la actividad empresarial no es incompatible con la protección de los más vulnerables, al contrario: es condición necesaria para que esta protección sea real y sostenible. Quizás ha llegado el momento de corregir el relato, no para reducir derechos sociales, sino para garantizar que los podamos mantener.