Los payeses afectados por los cierres del riego de los canales de Urgell y Segarra-Garrigues la pasada temporada se han plantado. En una asamblea con más de 200 asistentes, han instado a las comunidades de regantes a que se responsabilicen de los agravios económicos producidos, dado que, a su juicio, no lucharon lo suficiente ante las administraciones. Fueron estas comunidades quienes pactaron las ayudas económicas en la Mesa Agrària, pero ninguna de las decisiones ha permitido que los perjudicados puedan recuperar sus pérdidas.
En concreto, la pasada campaña los agricultores de la zona que riega ambos canales perdieron la cosecha a causa de un cierre de agua que se notificó sin prácticamente ninguna antelación. Tampoco pudieron plantar cereales de verano como el maíz. El objetivo era reservar agua para salvar la temporada de los frutales, pero se produjo un desequilibrio que ha derivado en una grave crisis. Desde el punto de vista de las plataformas Manifest del Gran Urgell, Pagesos o Conills i de la Segarra, en las medidas que se pactaron para paliar esta crisis "se excluyen, en una gran mayoría de casos, los cultivos de herbáceos que durante el pasado año no pudieron regar". Además, todas ellas están fijadas a condiciones muy concretas, como la tenencia de un agroseguro y otras condiciones que no todos los afectados cumplen. Y, de hecho, algunos que sí las reúnen también han denunciado "retrasos" en los pagos.
Unas ayudas insuficientes
En general, la plataforma Manifest del Gran Urgell considera que las comunidades de regantes no han sido suficientemente contundentes a la hora de luchar por unas mejores ayudas económicas, y consideran que una vez tuvieron la priorización de riegos decidida para salvar a los frutales, ya dieron por terminado el trabajo. Por su parte, el Ministerio de Agricultura se mantuvo en el posicionamiento de no pagar ayudas. Por eso, ahora desde la plataforma consideran que sólo con las ayudas del Departament d'Acció Climàtica no se puede compensar el sacrificio de los agricultores que dejaron de regar para afrontar la sequía y el cierre de los canales.
El Ministerio de Agricultura se ha negado a pagar ayudas, Acció Climàtica no ha prestado la suficiente y las comunidades de regantes no han luchado tanto como los campesinos quisieran
Ahora, la asamblea celebrada en Miralcamp ha servido para que la plataforma anime a los campesinos a presentar una reclamación patrimonial contra las comunidades de regantes. La fecha límite fijada es el 25 de abril, cuando se cumplirá un año del corte del riego, aunque se ha recomendado a los afectados que soliciten la ayuda antes del 18 de marzo en el Departament d'Acció Climàtica. En cualquier caso, si no se presentara una demanda colectiva antes del primer aniversario, el caso prescribiría y también las opciones de recibir una compensación económica más acorde a sus protestas.