Inspección de Trabajo ha iniciado cuatro procedimientos sancionadores contra Iqoxe. Según Comisiones Obreras, la acción se ha llevado a cabo por "un incumplimiento grave" de la normativa laboral. En concreto, el sindicato denuncia aspectos como la vulneración del derecho de huelga, la libertad sindical o el incumplimiento de los planes de igualdad y prevención de riesgos laborales. Sin dejar la reivindicación, CCOO recoge que la dirección de la empresa mostró una "actitud antisindical".
A través de un comunicado, el sindicato describe que la Inspección de Trabajo ha visibilizado cómo se ha censurado el derecho de huelga de la plantilla "con unos servicios mínimos abusivos y con unas condiciones por debajo de las previstas legalmente o por convenio". El mismo texto afirma que en el segundo caso la Inspección de Trabajo considera que se vulneró la Ley orgánica de libertad sindical, así como el convenio del sector, debido a que la dirección habría impedido el derecho de acción sindical a un trabajador al no permitirle asistir a las reuniones del comité de seguridad y salud.
A principios de abril, la Generalitat, a través del departamento de Empresa y Treball, propuso una sanción de 2,1 millones de euros a IQOXE. El expediente se inició durante enero de 2020, tras una explosión en las instalaciones de la empresa en La Canonja (Tarragona). Dos personas murieron en la planta y una tercera en su casa al recibir el impacto de una pieza proyectada por la ola expansiva. La administración interpreta que IQOXE modificó la receta de fabricación de un producto, "sin respetar las instrucciones del fabricante y sin realizar ninguna prueba ni ensayo previo".
En el mismo sentido, el comunicado de la Generalitat también apuntaba cómo la empresa "silenció las alarmas sonoras del sistema de seguridad en la sala de control" y, a la vez, tampoco "proporcionó formación específica de su puesto de trabajo a los trabajadores". El asunto está judicializado en fase de instrucción. Ante el titular del juzgado de instrucción número 1 de Tarragona, la fiscalía y los abogados de las partes implicadas, los responsables de IQOXE defendieron que no primaron los beneficios por encima de la seguridad y el mantenimiento de las instalaciones.